Ayuso choca con Vox por el caso de las menores prostituidas en Madrid: “Quieren retorcer el dolor”

La política lo envenena todo en la Asamblea de Madrid. Ni siquiera la tragedia de que al menos tres menores tuteladas por la Comunidad hayan sido explotadas sexualmente por una red de proxenetas escapa a la lucha partidista en el pleno de este jueves, el primero del año. Con el punto de partida común de la condena a lo ocurrido, los partidos se lanzan a interpretar el terror en clave política. Podemos reclama que la nueva ley de infancia se haga por consenso y cuanto antes. Vox, que el Ejecutivo impulse una comisión de estudio sobre los centros de menores. Y por encima de todos se eleva, o se hunde, según se mire, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, que da un máster de echar balones fuera y se apunta al y tú más.

Esta es su argumentación: no hay caso, porque todo ocurre fuera de las instalaciones públicas; si lo hubiera, peores son las redes detectadas en otras regiones gobernadas por la izquierda (Comunidad Valenciana e Islas Baleares); y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se interesa por esto, insinúa, porque es del PSOE.

“Es triste que venga a tirarnos a la cabeza los casos de otras comunidades, porque eso no le soluciona nada a las niñas”, lamenta Mónica García, la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición. “Sabe mejor que nadie que su consejera [Concepción Dancausa] no ha estado a la altura, y por eso va a ser reprobada”, sigue. “Debe elegir si va a proteger a la consejera o a las niñas. ¿De verdad usted se cree que los madrileños somos tontos?”.

La reprobación no existe como tal en el reglamento de la Asamblea de Madrid. Para que esa votación de castigo se celebre, Más Madrid la ha incluido dentro de una proposición no de ley, que llegará al pleno de la próxima semana. La argucia no solo es una muestra más de cómo el caso de las menores ha cobrado vida política, convertido ya en un argumento más para el choque diario y rutinario entre los diputados de los distintos partidos. También es la piqueta con la que puede empezar a abrirse una nueva brecha entre el PP y Vox, los dos aliados de derechas, que se necesitan pero no se quieren, y han encontrado en esta polémica un nuevo punto de fricción.

—Les pido que abran una comisión de estudio, que la lideren, no dejen a la izquierda coger esta bandera—, le dice Rocío Monasterio, la portavoz de la extrema derecha, a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

—Lamento que Vox no pierda la oportunidad de sumarse a comisiones para retorcer el dolor en la Asamblea, una más—, le contesta Ayuso.

Una más, dice la presidenta, invocando un pasado que no existe, igual que Pedro avisaba de que venía el lobo cuando nunca venía. Porque al principio de la legislatura, Vox anunció que apoyaría a la izquierda para que se pudiera seguir investigando lo ocurrido en las residencias regionales durante la primera ola de la pandemia, cuando murieron unas 5.000 personas y los protocolos de triaje impidieron el traslado de los enfermos de más edad que vivían en estos centros a los hospitales. Y Ayuso montó en cólera. Y Monasterio rectificó. No hubo comisión.

En consecuencia, hay que remontarse a la anterior legislatura para encontrar ese “una más” en que Vox permitiera investigar el caso Avalmadrid, para esclarecer cómo era posible que una empresa participada por el padre de la presidenta hubiera obtenido un aval de 400.000 euros, y no lo hubiera devuelto en su totalidad. La conclusión fue que ese organismo semipúblico le había dado un trato “preferente” e “irregular”.

“Están creando un caso donde no lo hay y están tapando los casos donde sí suceden”, acusa Ayuso, diluyendo lo que ha ocurrido en Madrid y subrayando lo que ha pasado en otras comunidades. “La demagogia es fácil”, añade, tildando de “circo” una posible investigación. “No está ocurriendo en los propios centros, ni a manos de sus profesionales. Lo que ocurre fuera es mucho más difícil de perseguir”, afirma en su intento de diluir la responsabilidad gubernamental. Y dispara contra los gobiernos de izquierdas de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares: “Los casos conocidos conmocionan a todos. La diferencia entre unos y otros está en cómo se actúa cuando estos casos suceden. Esta protección no ha faltado en nuestros centros, quiero reivindicar el trabajo de nuestros profesionales. En caso de conductas irregulares por parte de los mismos, no tardaríamos ni un solo minuto en actuar, algo que no ha sucedido siempre en otras comunidades con casos mucho mayores en el seno de los mismos centros”.

Antes y después, la oposición lamenta lo ocurrido. “Lo sucedido con las niñas tuteladas es un drama, un horror, que demuestra que estamos muy lejos de erradicar cualquier violencia machista, y que las instituciones públicas le han fallado a estas niñas”, dice, por ejemplo, Carolina Alonso, la portavoz de Podemos. “Necesitamos solucionarlo. Dejar al lado los intereses partidistas y proteger la infancia de la región. Usted se ha comprometido a elaborar una ley de infancia, pero debe hacerse escuchando a la gente, a los profesionales, a las víctimas”.

Ayuso escucha, pero no entra en el fondo del caso cuando responde. Eso queda para una comparecencia posterior de la consejera Dancausa. Lo que también es política. Como la Comunidad de Madrid desmintió que hubiera menores tuteladas por la Administración implicadas en el caso, cuando sí las había, y luego Ayuso protagonizó una comparecencia en la que dejó más dudas que certezas, el Ejecutivo ha activado el modo de control de daños. Y todo el desgaste le toca sufrirlo a la consejera, cuyo futuro y continuidad en el Ejecutivo quedará marcado por la polémica.

Cuando llega el turno de Dancausa, se nota lo que está en juego. Allí donde la oposición espera explicaciones, propuestas y propósito de enmienda, se encuentra con rayos y truenos. La consejera coge el argumentario de Díaz Ayuso sobre las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, y lo multiplica por dos. Incluso responsabiliza a la delegación del Gobierno de la seguridad de los menores tutelados fuera de los centros de protección, por ser suyas las competencias policiales, y carga contra la delegada, Mercedes González (PSOE). Los portavoces de la izquierda se quedan en fuera de juego, primero; y muestran su asombro, después.

“Han tenido falta de empatía”, les lanza Dancausa. “Su reacción [al caso] ha sido inadmisible”, sigue en su primera intervención pública sobre el asunto, un mes después de que se conociera. “Han perdido la cabeza y el corazón, nunca les van a perdonar su falta de escrúpulos y de mentiras”, asegura tras llegar a la Cámara habiendo anunciado una auditoría del sistema de acogida. “Si algo ocurre en el bando socialista, ni se investiga ni se asumen responsabilidades”, lanza sobre los casos de otras Comunidades. “Pretenden tapas los escándalos de Valencia y Baleares y equipararlos a la investigación policial de Madrid. Aquí no hay caso”.

Sus contrapartes de la izquierda tienen que rehacer sus planes propositivos para entrar en el cuerpo a cuerpo, pese a la sorpresa que les causa la agresividad del tono de la representante del gobierno, y los aplausos de la bancada del PP.

“Nos están mintiendo (...) Se merecen un chaparrón de querellas”, le espeta Emilio Delgado, diputado de Más Madrid. “Deje de mentir, no hemos puesto en duda la capacidad de los profesionales, sino la suya”.

“La responsable de las niñas, cuando estaban dentro y fuera, es usted, exclusivamente usted”, le recuerda Lorena Morales, del PSOE, deshaciendo el corazón de la tesis de la defensa del PP. “Miente. Trabajemos juntos. Dejen su espectáculo”.

“Su actuación ha dado asco. Ha sido tremebundo. Le da igual todo, las vidas de las personas”, remata Paloma García Villa, de Unidas Podemos.

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