La oposición pone la diana en los contratos con la empresa del hermano de Ayuso

Es un ataque coordinado. Uno tras otro, los portavoces de la oposición en la Asamblea de Madrid recuerdan una polémica que se intentó silenciar en el pleno anterior: el presunto vínculo entre los gastos de varios hospitales y el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Pregunta al respecto la portavoz de Podemos, Carolina Alonso. Y recuerda “la censura” su homólogo del PSOE, Juan Lobato. Y remata la acción conjunta Mónica García, de Más Madrid, disparando con todo. “Hay que tener mucho valor para hacer negocios con amigos o familiares en plena pandemia”, espeta mientras la presidenta la mira a los ojos por primera vez en la legislatura. Si la oposición quedó noqueada por la pegada de Díaz Ayuso en las elecciones del 4-M, ahora es un boxeador que cree haber encontrado las sales con las que reaccionar en el hermano de la presidenta o en los contratos de la pandemia. Y por eso estalla una bronca de las que hacen época: el PP responde con todo.

“¿Les gustaría que arrastráramos el nombre de su marido y el de la empresa en la que trabaja con alguna acusación sin ninguna prueba?”, arranca en respuesta a García el portavoz del PP, Alfonso Serrano, que afirma que no se conoce prueba alguna de ninguna malversación o abuso de poder, y que invoca el listado de querellas contra la líder del Ejecutivo que ha rechazado la justicia. “¿Le gustaría que forzáramos su comparecencia? ¿Que lleváramos a su padre a la Fiscalía para hacernos un video de Tik Tok y que luego lo archiven?”, prosigue. “¿Es eso valiente? ¿Lo es acusar a este gobierno de llevarse mordidas y a la presidenta de robar? ¿Subir el nivel es imputar un delito sin pruebas y luego decir ‘algo me ha llegado?”, añade. Y entonces, entre los aplausos de los 65 diputados populares, puestos en pie para una ovación cerrada, grita, intentando hacerse oír, porque la bronca es total: “Nosotros nunca vamos a superar la línea roja de meter a la familia en la política. ¡Son incapaces de ganar en las urnas!”.

Díaz Ayuso aplaude como la que más. Es su primer momento de respiro en una mañana que arranca con negros vaticinios para sus intereses. Las horas previas a la celebración del pleno se llenan de conversaciones en voz baja. La oposición no perdona que en el pleno anterior se expulsara a la diputada Carmen López por mencionar al hermano de la presidenta, lo que provocó que Más Madrid, PSOE, Vox y Podemos abandonaran en bloque el hemiciclo. “Las cosas no van a quedar así”, es el mensaje. De llamada en llamada, y de corrillo en corrillo, los partidos de izquierdas pactan no dejar morir el tema. Y su estrategia coordinada se ramifica en dos vertientes.

Hay una factual: como adelantó EL PAÍS, el PSOE registra la solicitud de crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia en la pandemia en la que bien podrían fiscalizarse los firmados con la empresa en la que trabaja el hermano de Díaz Ayuso. Y hay otra declarativa: una y otra vez sale la espinosa cuestión en el pleno, desafiando a la presidenta, María Eugenia Carballedo, que la silenció la semana pasada.

―La semana pasada, una diputada de esta Cámara fue expulsada por la presidenta por plantear si su hermano se dedicaba a ir por los hospitales sugiriendo a qué empresas contratar―, arranca la sesión Alonso, la portavoz de Podemos, en su pregunta a Díaz Ayuso.

―Señora diputada, mal empezamos―, le interrumpe la presidenta de la Cámara.

―Disculpe, estoy planteando una cuestión que sucedió el pleno pasado―.

―A la cuestión, señoría―.

―Le pregunto: ¿le consta algo de esto? Piénselo bien, porque las respuestas de hoy pueden ser las imputaciones de mañana. (…) Solo la empresa de su hermano se ha llevado 10 contratos [desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020 contratos por valor de 70.503,41] y cero explicaciones. La contratación de emergencia está claro que es una puerta abierta a la corrupción―.

No es una intervención excepcional. Al contrario, uno tras otro mencionan el tema el resto de portavoces de la izquierda. Lobato, el del PSOE, recuerda “el pleno de la censura”. Y García, de Más Madrid, advierte: “No me voy a achantar porque las irregularidades vengan de cualquier amigo o cualquier familiar, aunque sea de usted”.

La oposición promete guerra, y a la guerra que va Díaz Ayuso, que una a una va respondiendo todas las preguntas sin apenas levantar el tono.

―Yo no he intervenido en mi vida en ni un solo contrato. No tengo ninguna relación laboral con mi familia―, dice. ―La Fiscalía del Supremo lo ha dicho muy claro, en la última intentona que ha tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado [a la que ha responsabilizado de querellas inadmitidas en su contra]―.

Esta vez, la presidenta de la Asamblea no dice nada. Da igual que Díaz Ayuso etiquete de “fracasada abogada” a la portavoz adjunta de Podemos, Alejandra Jacinto. O que Rocío Monasterio describa al marido de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, como “el presunto abusador de niñas”. No debe de seguir vigente el mismo reglamento que la semana anterior sirvió para expulsar a una diputada socialista por asegurar que el hermano de la presidenta “se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”. Porque no pasa nada. Y al mismo tiempo pasa de todo: Vox, que la semana pasada se unió a las protestas de la izquierda abandonando el pleno, ha anunciado que no permitirá que vea la luz la investigación sobre los contratos de emergencia firmados para combatir la pandemia.

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