Notificado el desalojo a más de 200 vecinos de un palacio okupado en Malasaña
El desahucio del edificio municipal, en precario estado de conservación, ha sido aplazado al tratarse de una primera instancia
El desalojo de los más de 200 vecinos -entre ellos varias decenas de niños- que desde hace años viven en el antiguo Palacio Infanta Carlota, de titularidad municipal y en precario estado de conservación, ha sido aplazado este martes en medio de la protestas de sus habitantes y de cerca de un centenar de activistas antidesahucios que les apoyaron desde la acera mientras los representantes del Ayuntamiento notificaban a los inquilinos los siguientes plazos del proceso hacia su desalojo. El desahucio en este inmueble de la calle Luna 32, en Malasaña, no se ha producido al tratarse de una primera instancia y no contar con orden judicial de lanzamiento.
Desde la calle, el palacio de la Infanta Carlota es otro caserón más del centro de Madrid. No presenta aparente mal estado. Dentro, llama la atención la escalera principal, totalmente apuntalada, pisos divididos en covachas y ventanas tapiadas. La famosa ornamentación, incluidos los frescos o los dos leones que flanqueaban el primer tramo de escaleras, han desaparecido en los últimos años. Detrás de esos muros hay más de dos siglos de historia desde que en 1775 lo ideara el arquitecto Juan de Villanueva, el mismo que participó en el Museo del Prado. En 2001 lo adquirió en una subasta el empresario iraní Teafi Alí, al que el Ayuntamiento abrió un proceso de expropiación en 2005 que concluyó en 2011 en medio de impagos y obras sin licencia. Es un inmueble protegido con el máximo nivel y el Consistorio dijo tener intención de rehabilitarlo. Nunca ocurrió.
El pasado de este martes, según fuentes del gobierno de Almeida, “ha consistido únicamente en avisar una a una a las familias residentes que deben abandonar el edificio antes de que se produzca el procedimiento judicial y la orden judicial de desahucio”. Pusieron en marcha este proceso de “desahucio administrativo” el 15 de noviembre del año pasado y, añaden, se han superado “los plazos previstos para que abandonaran el inmueble”. Además, señalan que “El edificio sufre graves daños, lo que obliga a los técnicos del Área de Desarrollo Urbano a intervenir para asegurarlo”.
Algunos vecinos, los menos, llevan más de una década allí aunque la inmensa mayoría llegó después de la expropiación. Ronald Otani, productor de vídeo y fotografía, cuenta que llegó hace cuatro años con un contrato de arrendamiento para una habitación, que pagó diligentemente durante años, solo para enterarse, después de que su casera desapareciera, que ella no era dueña del inmueble, y que él, su pareja y los otros compañeros de piso en la práctica eran ocupas. Ahora él y su pareja esperan un bebé. “Nos dieron la notificación de que nos teníamos que ir y yo entiendo su posición, pero cuando yo llegué acá no sabía cuál era la situación, y ahora no es el momento para hacernos esto. Lo único que nosotros estamos pidiendo es un plazo, porque en medio de una pandemia, y la gente sin trabajo, ¿a dónde nos vamos?”, señala.
Desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid añaden que “todos los ocupantes del edificio se encuentran allí de forma ilegal, pero tienen distintos perfiles de vulnerabilidad social”.
La incertidumbre sobre qué va a ocurrir y cuándo en el número 32 de la calle Luna coincide con la polémica en el seno del Gobierno de PSOE y Podemos en torno a los desahucios y la posibilidad de que amplíen su prohibición para personas vulnerables hasta mayo del año que viene. El presidente Sánchez trata de desactivar la enmienda presentada por la formación del vicepresidente Pablo Iglesias junto a Bildu y Esquerra. La presencia en la calle Luna de la portavoz regional de Podemos no es por tanto baladí.
Los plazos dados por el Ayuntamiento a “las familias ocupantes” han expirado, según la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. En todo caso, insistió, los Servicios Sociales tendrán en cuenta la situación de cada uno de ellos para ofrecer si fuera necesario algún tipo de ayuda, algo que pone en duda Más Madrid. Desde este partido entienden que el Consistorio “no ha abordado con la suficiente delicadeza y profesionalidad” el problema y “ha decidido desalojar sin ofrecer un realojo digno a las familias”. “A las familias solo les han ofrecido compartir habitaciones de forma temporal a familias completas”, señala esta formación en una nota.
Concejales de la oposición han visitado Luna,32 en los últimos días. Primero fueron las socialistas Maite Pacheco y Mercedes Gonzaléz. La semana pasada, el concejal Javier Barbero, de Más Madrid. Este martes ha acudido la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isabel Serra: “Aunque este caso en particular es competencia del Ayuntamiento de Madrid porque es patrimonio público y fue expropiado, el hecho de que se tome la decisión de desahuciar en medio de una pandemia a 250 personas es una absoluta vergüenza”.
Por el momento, el Ayuntamiento no ha anunciado a qué destinará el inmueble, que al ser de uso dotacional no puede pasar a manos privadas. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha apuntado a una residencia de ancianos, un centro de especialidades o un centro cultural. Todas las partes, gobierno y oposición, entienden en todo caso que vaciarlo de sus actuales inquilinos no será tarea sencilla.
