La fiscalía investiga a Rocío Monasterio por falsificar un visado de una obra

La fiscalía de Madrid ha abierto este lunes una investigación contra Rocío Monasterio por haber falsificado supuestamente un visado tras una denuncia presentada por Más Madrid. La política de Vox se presentó como arquitecta ante la prensa y sus clientes durante siete años, pero en realidad todavía no lo era. Monasterio utilizó un sello falsificado, según corroboró el Colegio de Aparejadores de Madrid y desveló EL PAÍS, en el trámite de un loft que compró el actor y presentador de televisión Arturo Valls. La dirigente presentó ese visado copiado y pegado en los trámites que hizo en el Ayuntamiento de Madrid en 2005, 2011 y 2016. Monasterio habría incurrido en un presunto delito de falsificación.

La fiscalía ha abierto contra Monasterio el procedimiento 8/2020. De acuerdo a lo publicado por este periódico, la política contrató en el estudio de arquitectura que lleva su nombre a una antigua compañera de universidad, una profesional adscrita al Colegio de Aparejadores. La aparejadora cumplió con el trabajo que se le pidió. Después de entregarlo no volvió a colaborar con Monasterio. Más tarde, según se puede comprobar en los trámites administrativos que presentó a las autoridades, la política, a la que le quedaban varios años para terminar la carrera y colegiarse, un trámite necesario para visar proyectos, utilizó esos sellos de la aparejadora para estamparlos en otros documentos, sin que ella lo supiera. Con ese sello replicado, la política se ahorraba tener que contratar a otros profesionales para visar planos y evitaba nuevos trámites. El Ayuntamiento, en 2016, detectó el engaño, pero no inició ningún procedimiento contra Monasterio ni su estudio. Sencillamente denegó la solicitud.

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) desestimó por segunda vez, la semana pasada, una denuncia por intrusismo contra Monasterio. Un órgano de siete arquitectos rechazó sancionar a Monasterio porque su posible responsabilidad por ejercer como arquitecta sin título se ha extinguido. Los hechos revelados el año pasado por una investigación de EL PAÍS transcurrieron entre 2002 y 2009 por lo que ya han prescrito, según los miembros del órgano, la Comisión de Recursos. Sin embargo, el viernes pasado, la decana de los arquitectos madrileños, Belén Hermida, criticó el comportamiento de la dirigente de Vox. Hermida comparó las prácticas de Monasterio con las de intrusos en otras profesiones que tienen una protección especial por afectar a derechos básicos.

La decana dijo que firmar un plano diciéndole a un cliente que es arquitecto es asimilable a "un médico que firma cuando no está titulado o no está colegiado, o cuando un abogado ejerce sin tener la correspondiente titulación”. Respondía a una pregunta de un periodista que le pidió que definiera el comportamiento de un arquitecto que se comporta de ese modo. “Es una irregularidad, claro, no es otra cosa. Por supuesto. Yo creo que eso no se ha puesto en duda en ningún momento”, añadió.

Las obras ejecutadas entre 2002 y 2009 por Rocío Monasterio como supuesta arquitecta, y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, como promotor inmobiliario, están salpicadas de irregularidades administrativas. Ya hay al menos 13 casos desvelados. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2019 que el Colegio de Aparejadores detectó, tras una información publicada, que los visados de una obra, en el número 7 de la calle Rodas, eran falsos, un copia y pega de un trámite anterior, el que había hecho con apego a la ley la compañera de universidad de Monasterio. El colegio cotejó los documentos, siete en total, y comprobó que no estaban registrados en sus archivos. Básicamente, no eran auténticos.

Fuentes de Más Madrid apuntan, según sus asesores jurídicos, que los delitos supuestamente cometidos podrían enmarcarse en los artículos 390 y siguientes del Código Penal. Las falsedades que enumera son “alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial”, “simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad” y “suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido”. Y el artículo 392.1 concluye: “El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas (...), será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”. Además, la formación señala que también podría haberse producido un delito de estafa, porque el trámite de Monasterio ante el Ayuntamiento buscaba la concesión de una licencia urbanística.

Monasterio, que no quiso hacer declaraciones antes de la publicación del artículo sobre sus irregularidades profesionales, reaccionó en Twitter. En su opinión, no ha cometido una irregularidad: “Aportar en Ayto. en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado. Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto. Todo esto os lo cuento con cariño..¡progres!”, escribió en la red social.