A Coruña impulsa una ordenanza de pisos turísticos que ilegalizará la mitad de los existentes

A Coruña tramita una regulación de los pisos turísticos que obligará a echar el cierre a aproximadamente la mitad de los negocios ya existentes, según cálculos del gobierno local del PSOE. La ordenanza, que fue aprobada inicialmente este jueves por el pleno con los votos de los socialistas y del BNG y la abstención del PP, establece requisitos que se aplicarán con carácter retroactivo. Prohíbe, por ejemplo, los alojamientos turísticos en plantas que tengan debajo una vivienda residencial y exigirá una autorización de la comunidad de propietarios del inmueble donde estén ubicados.

Los empresarios hoteleros aplauden esta regulación y pronostican que no retraerá la llegada de turistas a A Coruña. Lo que hará, defienden, es poner las bases para un desarrollo sostenible del sector. “La fórmula de los hoteles es de crecimiento sostenible y los pisos turísticos, en cambio, convierten el turismo en algo incontrolado”, arguye Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco). Collazos recalca que los hoteleros no están en contra de la existencia de estos alojamientos pero sí reclaman que estén regulados. Y considera que la reducción de establecimientos “disminuirá el estrés de vivienda” que sufre A Coruña, no reducirá los visitantes porque no hay falta de plazas, y garantizará que el sector “quede en manos de profesionales”.

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ya ha anunciado que emprenderá una batalla judicial para intentar frenar esta nueva regulación que, a su juicio, abocará al cierre al 80% de estos alojamientos, más de los estimados por el Ayuntamiento. El colectivo sostiene que la ordenanza contiene “errores suficientes para que no prospere” y alerta de que provocará una “proliferación en A Coruña de licencias para la construcción o reconversión de edificios enteros en apartahoteles” que “no ofrecerán ni las mismas dimensiones ni las mismas calidades pero encarecerán el precio”.

Los alojamientos temporales solo podrán estar en A Coruña en edificios dedicados exclusivamente a esta actividad o en plantas bajas o primeras plantas, siempre y cuando no estén encima de una casa convencional. El Ayuntamiento estudiará también qué distritos superan los 0,5 pisos vacacionales por cada 100 habitantes y en ellos tampoco se permitirán más negocios de este tipo. Todos los propietarios de las viviendas turísticas ya existentes en la ciudad, unas 1.400 según el registro de la Xunta, deberán pedir ahora la habilitación municipal, que solo se les otorgará si cumplen los requisitos establecidos en la nueva ordenanza. Tendrán tres meses desde la entrada en vigor de la norma para legalizar su situación administrativa. Si no lo consiguen, deberán cerrar.

Fuentes del gobierno local calculan que aproximadamente la mitad de los negocios actuales se verán obligados a cesar su actividad. La ordenanza municipal se someterá ahora a exposición pública y luego a su aprobación definitiva. Su entrada en vigor no se producirá hasta abril, explican desde el consistorio. El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Dinís Díaz Gallego (PSdeG-PSOE), la considera “imprescindible” para regular un sector en expansión que provoca problemas a los habitantes de la ciudad. La propia norma cita entre estos efectos indeseados la falta y encarecimiento del alquiler, los conflictos en la convivencia entre vecinos y personas de paso en los edificios y la gentrificación de los barrios, que acaban acogiendo solo servicios para satisfacer a los turistas. “No es la solución única al problema de la vivienda en la ciudad pero sí es una pieza más”, defiende Díaz Gallego, que celebra la disminución de estos alojamientos que provocarán los nuevos requisitos.

El BNG también ve “necesaria” esta regulación aunque cree que debería “haber llegado antes”. La edil nacionalista Avia Veira abogó durante el pleno por un modelo de turismo que “no desnaturalice” los barrios. “Hay que adelantarse a los problemas y no llegar a situación extremas de otras ciudades”, reclamó. “Está al orden del día la sustitución de los vecinos por los turistas en nuestros barrios”. Desde el PP, Gonzalo Mora do Campo criticó “el fondo y también la forma” de la normativa impulsada por el gobierno socialista y advierte de que no resolverá los altos precios de la vivienda en la ciudad. Asegura que convertirá “en un problema lo que debería ser un polo de tracción económica” y, por sus exigencias, supone un llamamiento a las “grandes fortunas” para que metan su dinero en pisos turísticos en detrimento de los “medianos y pequeños inversores”.

Los populares coruñeses creen que la regulación de las viviendas vacacionales debe realizarse a través de una modificación del plan de urbanismo, como han hecho Madrid, Bilbao, Sevilla y Toledo. El edil de Urbanismo, sin embargo, defiende el uso de una ordenanza, “no por ser más rápido” sino por su eficacia: “La ordenanza cumple con el plan general y estamos en una situación diferente a otras ciudades”. Los que piden un cambio en el plan general, añade el socialista, lo que pretenden es demorar la regulación de estos negocios. Ha incidido en que el alcalde de Málaga, del PP, negaba hasta hace poco que los pisos turísticos fueran un problema. “No tardó ni un mes en iniciar las trámites para regularlas”, señala Díaz Gallego. En A Coruña, afirma, la intención es no alcanzar el “punto de no retorno” al que ha llegado la capital de la Costa del Sol.

Los propietarios de pisos turísticos auguran que la normativa impedirá el turismo familiar y desviará a los visitantes a otros destinos limítrofes. “Favorece los intereses de grandes promotoras y grandes empresas de capital no gallego que se harán con edificios completos”, sostiene Aviturga, que prefiere modelos de regulación menos restrictivos como los de Toledo, Málaga, Bilbao o San Sebastián. Además de amparar las reclamaciones individuales de los afectados, la asociación presentará un recurso contra la norma coruñesa. Ha avanzado que emulará las argumentaciones jurídicas de los dueños de estos negocios en Avilés y a los que la justicia les ha dado la razón. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de dictaminar que las viviendas vacacionales deben regularse a través del plan general de urbanismo y no con un decreto municipal.