Sada trata de demostrar la “mala fe” de los Franco en su recurso contra el fallo que obliga a pagarles por Meirás

El mismo día en que el Gobierno ha presentado su recurso contra la sentencia sobre Meirás, el abogado del Ayuntamiento de Sada ha entregado el suyo en el Supremo. El gobierno local del municipio en el que se enclavan las torres alega que los Franco fueron poseedores de “mala fe” del inmueble para desmontar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que reconoce que la propiedad es del Estado pero obliga a indemnizar a la familia de dictador por sus gastos desde 1975.

Según informa el consistorio en un comunicado, el recurso, que integra un motivo de infracción procesal y tres de casación, considera que la sentencia de la Audiencia “no se ajusta a derecho respecto de la condición posesoria de buena fe que dicha sentencia le atribuye a los nietos” desde la muerte de Franco. “Partiendo de la prueba existente y la practicada en el proceso”, según el Ayuntamiento que gobierna Benito Portela (Sadamaioría) “se justifica que la conclusión jurídica de la Audiencia, la buena fe de Franco y de los Franco, es jurídicamente errónea”. “En primer lugar, Franco fue un poseedor de mala fe, plenamente consciente y conocedor de la nulidad radical de la escritura de 1941” por la que logró incribir a su nombre la propiedad en el registro. “La propia sentencia reconoce expresamente el ‘constante intento’ de Franco para crear un título simulado, una completa ficción [el acta de compraventa notarial de 1941] con el que hacer suyo el pazo”, argumenta el consistorio. Esto, la propia sentencia lo “califica como entramado engañoso”, recalca en su recurso el gobierno municipal, por lo que la conclusión debía haber sido “la declaración judicial de mala fe en la posesión de Franco”.

Contrariamente a lo indicado en el fallo de la Audiencia, el abogado municipal sostiene que “la mala fe es transmisible a sus herederos, dado que eran estos, y no el Estado, quien debía tener acreditado y probado una ignorancia y desconocimiento del vicio radical de su título posesorio”. El Ayuntamiento, que fue una de las primeras instituciones en anunciar que recurriría la polémica sentencia de la Audiencia (mientras el Estado y la Xunta no tomaban esa decisión), invoca a jurisprudencia del propio Supremo para defender que los herederos del dictador no deben ser indemnizados económicamente.

Además, el consistorio de Sada defiende que “no hay fundamento legal ninguno para aplicar retroactivamente una supuesta e hipotética condición de buena fe de los actuales herederos, para proyectarla retroactivamente a 1975, cuando consta acreditada y probada la presencia posesoria del Estado hasta 1990”. “Franco no fue poseedor de buena fe y los actuales herederos, tampoco”, recalca el recurso. De estimarse este recurso, avanza Sada en su comunicado, “el saldo neto de dicha liquidación seguramente supondrá que sean los Franco quienes deban compensar al Estado por una posesión detentada durante tantos años”.

El gobierno municipal expresa su satisfacción por el hecho de que haya ahora “una posición común” de todas las partes: Estado, Xunta, Diputación y Ayuntamientos de A Coruña y de Sada. “Va a ser la primera vez que el Supremo se pronuncie sobre los bienes detentados por los Franco y la sentencia proyectará efectos sobre otros bienes”, afirma Benito Portela.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destaca que tanto esta institución como Sada y A Coruña anunciasen que recurrirían la sentencia “desde el minuto uno”, frente al posicionamiento inicial de no hacerlo de Estado y Xunta. “Sabemos las dificultades a las que nos enfrentamos para que prospere este recurso, pero hay que aprovechar los mecanismos legales para expresar la voluntad popular y social”. “Pelear hasta el último suspiro para evitar conceder dinero público a una familia que no lo merece”, ha dicho Formoso que ha calificado de “reprochable” no solo la actitud del dictador sino también la de sus herederos.

El conselleiro de Cultura ve un “resquicio jurídico”

Mientras, a preguntas de los periodistas, después de que la Xunta presentase también recurso, en línea con lo decidido finalmente por el Estado, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, aseguró que la Administración autonómica estuvo “desde el primer momento alineada con la Abogacía del Estado”, del que ha dicho que era la parte “legitimada” para promover el citado recurso. La Xunta, ha dicho Rodríguez, ve “un pequeño resquicio” para el éxito de los recursos que tratan de evitar un nuevo pago a los Franco.