Ancianos sin covid, pero con llagas

Comienza el desfile de investigados y testigos del caso de las dos viviendas comunitarias para ancianos de A Fonsagrada (Lugo) clausuradas el pasado día 8 por la Xunta por un supuesto caso de maltrato a los residentes. La juez de Primera Instancia e Instrucción de este municipio de la montaña lucense ha citado como investigados a la responsable de los edificios donde se alojaban 29 ancianos, a otras dos personas relacionadas con la dirección y a cuatro trabajadoras. La juez les toma declaración después de que la Administración gallega acordase el cierre cautelar tras inspeccionar las instalaciones a raíz de una denuncia. Los trabajadores sociales del Ayuntamiento de A Fonsagrada alertaron en marzo a Política Social y remitieron un informe, según ha trascendido con fotos y vídeo, en el que denunciaban las condiciones del negocio privado. La revisión médica detectó posibles “descompensaciones en la medicación” y úlceras y llagas en ancianos enfermos.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la causa se sigue por un “posible maltrato habitual y continuado y, eventualmente, por un delito contra los derechos de los trabajadores”. La juez tomó la decisión de que las siete personas, tanto los tres directivos como las cuatro empleadas, prestasen declaración “con la calidad de investigadas para una mejor garantía de sus derechos”. También se tomó declaración a otros cuatro profesionales, no relacionados con el centro, como testigos".

Cuando se produjo la evacuación y cierre de las instalaciones, la Xunta informó de que se encontraron residentes atados a su cama y había alojados 29 ancianos, a pesar de que la capacidad era de 23 entre los dos inmuebles. “Se toma esta decisión después de que la inspección de servicios sociales recibiese ayer un informe de los servicios sociales de A Fonsagrada que alertaba de posibles irregularidades”, anunciaba un comunicado oficial de la consellería. “La inspección de servicios sociales de la Xunta de Galicia se desplazó de manera inmediata a estas viviendas comunitarias para corroborar los hechos y dio aviso a la Guardia Civil”. Tras el cierre cautelar, la fiscalía acordó remitir la denuncia a la juez al considerar que los presuntos hechos eran constitutivos de delito penal.

Los ancianos fueron trasladados la semana pasada al Hospital Lucus Augusti (Hula) para ser tratados y allí se les practicó la prueba del coronavirus. Todos dieron negativo, a pesar de las malas condiciones que supuestamente ofrecían las instalaciones, enclavadas en Pobra de Burón, dentro de uno de los pocos municipios que siguen libres de infectados en Galicia. A Fonsagrada (3.600 vecinos) es el ayuntamiento más extenso de la comunidad (443 kilómetros cuadrados), uno de los más montañosos (952 metros de media sobre el nivel del mar) y con mayor dispersión de su población (32 parroquias, 280 núcleos).

Después de este traslado al hospital de Lugo, a 60 kilómetros de A Fonsagrada, la Xunta aprobó el ingreso de 19 de ellos a la residencia pública de O Carballiño (a 160 kilómetros), el martes de esta semana, mientras otros siguen ingresados en el Hula. Una parte son mayores procedentes de la provincia de A Coruña, pero otros cinco, originarios de A Fonsagrada, están ahora pendientes de autorizaciones de Política Social para regresar a su pueblo, tal y como informa el alcalde, Carlos López (PSdeG). Las familias han pedido que sean derivados a la residencia Rois de la Peña, la pública (de la Diputación) que existe en el municipio lucense, con 18 usuarios y espacio para acogerlos.

Según el regidor, la condición que puso la Dirección Xeral de Maiores fue la de que cada uno de los ancianos “fuese recogido en O Carballiño por un familiar para su traslado”, algo que considera “un sinsentido”. “Las que lo están pagando son las personas mayores, que fueron transportadas a Ourense y ahora tienen que hacer otros 160 kilómetros de regreso con los riesgos que entraña en este momento andar moviéndolos”, lamenta el socialista, “además, en algún caso, se da la circunstancia de que el familiar que conduce y que debe desplazarse tiene más años que el propio residente, y entre los cinco hay dos en silla de ruedas”. Carlos López reclama que sean “trasladados todos en transporte adaptado”.