Defensa desestima el recurso de un guardia civil en silla de ruedas que pedía volver al servicio

Jacobo Barchín, de 34 años, guardia civil de profesión, sufrió en 2020 una lesión medular en un accidente en bicicleta que lo dejó en silla de ruedas. Después de cuatro años de rehabilitación, un tribunal médico militar resolvió que no era apto para el servicio y propuso su retiro. El agente agotó el pasado mes de octubre la vía administrativa al presentar un recurso potestativo de reposición al Ministerio de Defensa contra su retiro forzado, pero el pasado lunes, 20 de enero, le comunicaron que había sido desestimado. “Después de tres meses esperando la contestación al recurso, que ellos mismos sugirieron que presentara antes de recurrir a la vía judicial, me lo rechazan”, explica el joven, que durante todo este tiempo ha pedido una adaptación del puesto de trabajo en lugar del retiro. “Ahora dispongo de un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo”, añade Barchín, que está dispuesto a llegar hasta el final en su luchar por volver al servicio.

“Es un mazazo y lo considero frustrante”, confiesa sobre la contestación a su recurso. “Tengo 34 años, soy una persona joven y amo mi profesión, ¿por qué me tengo que resignar a vivir de una pensión? Quiero trabajar, lógicamente sé que no puedo salir de patrulla, pero hay mil puestos dentro de la institución [Guardia Civil] que puedo ejercer perfectamente”, explicaba Barchín el pasado 21 de octubre en una entrevista con EL PAÍS. Repite lo mismo este viernes, pero lo cierto, apunta, “es que me mandan a retiro por inutilidad para el servicio”.

El agente, natural de San Clemente (Cuenca), llevaba cuatro años de servicio cuando en una de sus salidas en bici se topó en el arcén de la carretera una arqueta abierta de par en par sin señalizar ni alcantarillar. Cayó dentro y los médicos le diagnosticaron una lesión medular a nivel dorsal 12 completa. Después de volcarse en su recuperación, un tribunal médico militar lo examinó y le trasladó que “iban a hacer lo posible para adaptarme el puesto”, recuerda Barchín, aunque antes le dijeron que era necesario que le reconociesen su grado de discapacidad y la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha le reconoció un 70% de discapacidad física y cuando compareció de nuevo ante el tribunal médico le comunicaron que, debido a ese grado, no podía volver a vestir el uniforme. No aceptó el resultado porque creía firmemente que lo estaban discriminando por tener una discapacidad física, por ir en silla de ruedas.

Su lucha por volver al servicio lo llevó incluso, de la mano de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al Congreso de los Diputados y al Senado, donde expuso su caso a varios grupos parlamentarios, que se solidarizaron con él. En el último recurso adjuntó además un sinfín de informes y argumentos. “El abogado [Barchín está asesorado por los servicios jurídicos de la AUGC] especificó toda la normativa, nacional e internacional, que me ampara, así como las funciones que podía desempeñar. También añadimos el proyecto de ley, pendiente de aprobar en el Congreso de los Diputados, para la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores [que permitirá eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora], y casos similares al mío en el Ejército de Tierra o en el Cuerpo Nacional de Policía...”, enumera mientras confiesa que continuará adelante con su lucha.

El secretario general de la AUGC, Juan Fernández, ha enviado una carta a la directoral general de la Guardia Civil, Mercedes González, para que se sensibilice con el caso de Barchín “porque es una acción política y porque hay una solución, que consiste en modificar la ley de personal y adaptar su puesto de trabajo. No entendemos por qué no lo están haciendo”.