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La lucha de un guardia civil en silla de ruedas: “Puedo ser docente, hacer labores administrativas, ¿por qué tengo que vivir de una pensión?”

Un agente, tras un accidente en bici, rechaza su retiro obligado, denuncia “discriminación por discapacidad” en el cuerpo y pide una reforma legal para adaptar los puestos de trabajo

El guardia civil Jacobo Barchín, en la playa de Gandía el pasado mes de mayo, en una foto cedida.
El guardia civil Jacobo Barchín, en la playa de Gandía el pasado mes de mayo, en una foto cedida.
Cristina Vázquez

A Jacobo Barchín (San Clemente, Cuenca, 34 años) un accidente de bicicleta en diciembre de 2020 le giró la vida. Este guardia civil pasó de patrullar las calles del municipio alicantino de El Campello, su último destino profesional, a pelear a brazo partido contra una lesión medular que lo ha dejado en silla de ruedas. Después de años de rehabilitación —pasados cuatro años de la terrible caída, sigue dedicando a mejorar su estado físico dos horas diarias—, Barquín ha sido retirado por un tribunal médico militar después de muchas alegaciones en las que ha reclamado, sin éxito hasta ahora, que le adaptasen el puesto de trabajo. “Tengo 34 años, soy una persona joven y amo mi profesión, ¿por qué me tengo que resignar a vivir de una pensión? Quiero trabajar, lógicamente sé que no puedo salir de patrulla pero hay mil puestos dentro de la institución [Guardia Civil] que puedo ejercer perfectamente”, recalca Barchín, que se siente discriminado por su situación de discapacidad.

No había precedentes en su familia pero este joven conquense quiso convertirse en guardia civil y lo consiguió en 2016 tras un curso en la academia de Baeza. Hizo sus primeras prácticas en su pueblo natal, San Clemente, y su primer destino fue la localidad castellonense de Albocàsser para recalar después, en febrero de 2020, en el puesto principal del instituto armado en El Campello, en Alicante.

Llevaba cuatro años de servicio, cuando este aficionado al ciclismo se encontró en el arcén de la carretera una arqueta abierta de par en par sin señalizar ni alcantarillar. Cayó dentro y los médicos le diagnosticaron una lesión medular a nivel dorsal 12 completa. “Me operaron esa misma tarde de urgencia y al día siguiente uno de los doctores me dijo que me había quedado parapléjico y no me podría poner en pie”, rememora el agente. Pasó un año ingresado en el hospital Vithas Aguas Vivas de Carcaixent. “Gracias a la labor de los profesionales y el esfuerzo por superarme, mi lesión no es como me la diagnosticaron al principio”, explica ahora. Padece una lesión medular parcial, llamada paraparesia, con una disminución de fuerza y de sensibilidad de cintura para abajo, aunque con la ayuda de una órtesis y un andador se puede poner en pie y caminar un poco. “En el primer diagnóstico me desahuciaron y cuatro años después se ha demostrado que mi lesión es parcial y puedo caminar un poquito. Lo he vivido como una película con final feliz en lo que se refiere a mi salud”, reconoce.

Después de un año y medio de baja, un tribunal médico militar lo examinó y le trasladó que “iban a hacer los posible para adaptarme el puesto”, subraya Barquín, pero, antes, le dijeron que era necesario que le reconociesen su grado de discapacidad. La Consejería de Bienestar Social de Cuenca le reconoció un 70% de discapacidad física y cuando compareció de nuevo ante el tribunal médico le comunicaron que, debido a ese grado, no podía volver a vestir el uniforme. Ni estuvo conforme con el resultado ni se rindió porque creía firmemente que lo estaban discriminando por tener una discapacidad física, por ir en silla de ruedas. Y en julio de 2023 presentó alegaciones a ese dictamen, asesorado por los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante.

Raquel y Jacobo en los lagos de Covadonga (Asturias), antes del accidente, en octubre de 2020, en una imagen cedida por ambos.
Raquel y Jacobo en los lagos de Covadonga (Asturias), antes del accidente, en octubre de 2020, en una imagen cedida por ambos.

Se estimaron sus alegaciones y lo derivaron a principios de este año a la Junta Médico-Pericial Superior, en el hospital Gómez Ulla de Madrid. Allí le valoran dos especialistas “y con buenas palabras me dicen que soy válido y, verbalmente”, asegura Jacobo, “le trasladan que le van a proponer para un apto con limitaciones en grado 4″. Su mujer, Raquel —que ha sido su apoyo y su voz en los momentos más duros—, y él salieron del hospital con una alegría inmensa. Pero cuando le notifican el resultado, el pasado mes de mayo, le reconocen la incapacidad permanente y lo retiran del servicio. Volvieron a recurrir alegando discriminación por discapacidad, pero no se lo tuvieron en cuenta y el 8 de octubre pasado el Ministerio de Defensa le notificó su pase a retiro, con lo que quedaba agotada la vía administrativa. Ahora dispone de dos meses para recurrir la resolución con la vía del contencioso-administrativo y Barchín anuncia que será su siguiente paso.

Jacobo y Raquel no se amilanaron y han hecho su caso público. Esta semana han acudido al Congreso de los Diputados y al Senado a entrevistarse con los grupos políticos. “Vimos que había voluntad política de cambiar esto”, asegura Jacobo tras reunirse, acompañado del secretario general de la AUGC, Juan Fernández, con PSOE, PP y Sumar.

Labores burocráticas y administrativas

Barquín insiste en que le adapten el puesto asignándole labores burocráticas, administrativas. No conocen casos parecidos ni él ni la AUGC en la Guardia Civil pero sí hay una soldado, usuaria de silla de ruedas, que está en la Academia de Infantería en Toledo; y un policía nacional que se accidentó, lleva una pierna biónica y ha conseguido el reingreso gracias a una sentencia por lo contencioso. “Al final, los muros están para derribarlos”, confiesa el agente, que apela a ley general de las personas con discapacidad, a la normativa comunitaria e incluso a la convención internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad para cargarse de más razón, si cabe.

“Creemos que ellos han basado su decisión en mi grado de discapacidad, en que soy un usuario en silla de ruedas, y se están centrando en lo que no puedo hacer, no en lo que sí. Me mandan a retiro por inutilidad para el servicio cuando puedo aportar mucho a esta institución y a la sociedad. Mi lesión me afecta de cintura para abajo y no es completa sino parcial pero mi control del tronco, mis miembros superiores, mis facultades cognitivas, todo eso está intacto. Hay cientos de puestos de trabajo en la Guardia Civil que sí puedo desarrollar: labores burocráticas, administrativas, de apoyo al mando, docentes... ¿Por qué en el Ejército sí y en la Guardia Civil, no? Es lo mismo”, considera.

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Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.
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