Elche asegura que ha suspendido solo las licencias para nuevas plantas fotovoltaicas hasta aprobar otra regulación

El Ayuntamiento de Elche se ha visto obligado a salir esta mañana al paso del revuelo que ha generado una primera decisión que adoptó el pasado 8 de septiembre durante la celebración de una mesa de trabajo sobre la regulación de energías renovables en el medio rural de Elche. En el encuentro se acordó con los grupos de la corporación municipal, las asociaciones empresariales CEDELCO, APEME y ADR, además de la plataforma de afectados “suspender provisionalmente las nuevas licencias de plantas fotovoltaicas hasta aprobar una ordenanza municipal”, para lo que se dan el plazo máximo de un año.

Al menos eso fue lo que se trasladó a los medios de comunicación como consta en la página web del propio ayuntamiento de Elche. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Francisco Soler, ha decidido esta mañana comparecer para aclarar esta decisión después de que la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de Energías Renovables de la Comunidad Valenciana (Avaesen) alertase en un comunicado que Elche podría perder más de 100 millones de euros en inversión tras la suspensión de licencias acordada por el consistorio ilicitano para 25 campos solares.

Francisco Soler ha asegurado ahora que lo que se suspenden no son las licencias ya registradas, sino que se paraliza la posibilidad de que nuevas empresas puedan solicitar el permiso para instalar plantas solares. Soler ha indicado que antes de la mesa de trabajo ya se había autorizado la construcción de cuatro proyectos en las pedanías ilicitanas de Saladas y Perleta. Estas se encuentran ya con toda la tramitación para su implantación en los terrenos autorizados. Elche cuenta con 27 pedanías, extendidas en el campo en torno al núcleo urbano.

Sin embargo, desde la celebración de la mesa de trabajo (8 de septiembre) hasta la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (29 de septiembre) llegaron al ayuntamiento hasta 19 solicitudes de licencia para la instalación de nuevas plantas solares. Soler ha explicado que la medida adoptada no tiene carácter retroactivo por lo que a estas peticiones se les dará curso en el caso de que cumplan con todas los permisos para su construcción. En este sentido, ha indicado que algunas de ellas no han presentado toda la documentación, por lo que hasta que no registren todos los informes preceptivos no se les podrá dar curso. Respecto a la tramitación en la Generalitat de una treintena de plantas solares en Elche, Francisco Soler ha aclarado que al ayuntamiento no ha llegado la solicitud y que, por tanto, no podrán ser tramitadas hasta que se apruebe una nueva regulación municipal para la instalación de estas infraestructuras.

Soler ha querido hacer hincapié en que el nuevo gobierno de Partido Popular y Vox no está en contra de las energías renovables. En este sentido, ha indicado que el ejecutivo local ilicitano apuesta por las energías limpias siempre que se cumpla con la legalidad vigente. Y ha insistido en que no van a poner freno a las empresas que quieran invertir en Elche. Unas declaraciones que aluden a la denuncia de Avaesen en la que aseguran que “otras empresas e industrias podrían pensarse mucho invertir en municipios que no ofrecen garantías mínimas”. La patronal añade que la decisión que se anunció de paralizar nuevas licencias “dejaría de crear 500 puestos de trabajo directos”.

Soler ha insistido en que la decisión municipal nunca ha sido suspender peticiones para la implantación de plantas solares que ya se hubiesen registrado previamente a la publicación de la medida en el BOP, por lo que ha pedido a Avaesen que contacten con su concejalía para poder aclarar la polémica que se ha generado. Un acuerdo que desde la Asociació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR) celebraron como un punto de partida para empezar a tratar este tema con el objetivo de preservar el territorio y el paisaje en suelo no urbanizable y defender a los vecinos del Camp d’Elx, sobre todo a aquellos afectados directamente por macroproyectos fotovoltaicos, subestaciones eléctricas y tendidos de alta y muy alta tensión.

El grupo municipal socialista, a través del portavoz Héctor Díez, ha mostrado su preocupación por la decisión del gobierno ilicitano. Es “muy negativa” para los intereses económicos y de desarrollo del municipio porque consideran que “van a dejar perder inversiones millonarias y la consiguiente creación de puestos de empleo”. Díez considera que la decisión “genera una inseguridad jurídica de las empresas que tenían a Elche como un municipio donde invertir y generar riqueza”. La suspensión de las licencias urbanísticas corresponde, a juicio de Díez, de “un capricho político” ya que considera que va a dejar a Elche “en el furgón de la cola de las energías limpias”.