Ximo Puig y Teresa Ribera mantienen en público sus discrepancias sobre el trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra y vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, agudizan sus discrepancias en público en torno al trasvase Tajo-Segura, tras la manifestación del pasado miércoles de los regantes y políticos valencianos, murcianos y andaluces contra la decisión del Gobierno de fijar una caudal ecológico que significaría una merma notable en el trasferencia de agua al sureste peninsular. Ambos políticos socialistas se reafirman en sus posiciones, una semana antes de que el Consejo de Estado emita su informe preceptivo (pero no vinculante) sobre el decreto ley del ministerio que deberá aprobar el Gobierno.

El decreto incluye el documento acordado en el Consejo Nacional de Agua, celebrado el pasado 29 de noviembre, motivo de discusión. Ximo Puig defendió este jueves que el Gobierno central cambió el acuerdo alcanzado en esa reunión respecto al Plan del Tajo, un hecho que calificó de “incontrovertible”. Explicó que Transición Ecológica acordó un documento con el que la Generalitat estaba “claramente de acuerdo”. La propuesta señalaba que el caudal se actualizaría en 2025 “en función de cómo esté el río en ese momento”. El plan definitivo del ministerio contempla que el caudal ecológico del río a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.

“Nadie está más interesado que nosotros en que el río Tajo esté en las mejores condiciones. Por eso nos parece muy bien todo el plan de inversiones que va a hacer el Ministerio y que va a afectar directamente a la parte alta del Tajo. Que en 2025 se actualice en función de cómo esté el estado del agua es una cuestión de una racionalidad bastante difícil de discutir”, añadió.

Sin embargo, lamentó que, posteriormente, haya habido un cambio en ese documento que el Gobierno remitió al Consejo de Estado, órgano al que la Generalitat y otras autonomías han presentado alegaciones, algunas de la cuales inciden, precisamente, en ese cambio unilateral. En el texto remitido al Consejo de Estado no se incluye la disposición adicional novena pactada en el Consejo del Agua que contempla ese mecanismo de revisión según las masas de agua. “Tiene su derecho a cambiar, pero nosotros también tenemos nuestro derecho a discrepar”, aseveró el presidente valenciano, en declaraciones a periodistas en Orihuela (Alicante), una de las localidades alicantinas más afectadas por el recorte del trasvase Tajo-Segura. El representante de la Generalitat no votó en contra, sino que se abstuvo en la votación por el acuerdo de incluir esa disposición.

Por último, Puig pidió un punto “de encuentro” para buscar soluciones y garantizar “el agua para siempre”. “Tenemos la razón de nuestra parte, porque el agua trasvasada ha generado riqueza y somos conscientes de sumar otras fuentes, pero de manera acomodada, desde la racionalidad y sin intentar guerras de agua”, concluyó.

La consejera de Agricultura, Isaura Navarro, asegura que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le reconoció en una reunión que mantuvo el pasado miércoles con él, tras la manifestación, que se había modificado el documento pactado. Fuentes presentes en la reunión apuntan a que el ministerio se plegó a las presiones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Respaldo mayoritario

No obstante, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostuvo este jueves que la propuesta de Real Decreto de planificación hidrológica 2022-2027 que el Gobierno remitió al Consejo de Estado para su valoración por el alto órgano consultivo es “el que fue respaldado mayoritariamente” por el Consejo Nacional del Agua y recordó que tanto las comunidades autónomas como los sectores han dispuesto de un periodo de tres años para aportar sus ideas.

La ministra valoró que Castilla-La Mancha sí aceptó unos caudales que “no podían ser” ni su pretensión cuantitativa, social y económica, pero que eran necesarios para poder garantizar a las cuencas receptoras del trasvase Tajo-Segura un volumen de agua adicional suficiente que debía aplicarse de manera progresiva para que las inversiones previstas para obtener más agua desalada, interconexión de desaladoras, más agua reciclada, más eficiencia, “dieran su fruto y no hubiera ningún tipo de tensión y de preocupación para con los regantes”.

Por ello, reiteró que el documento que salió del Consejo Nacional del Agua fue un texto que recogía el consenso de fijar el caudal creciente durante cuatro años, con seguimiento tanto del volumen como de la calidad del agua del Tajo. Y señaló que la propuesta de “último minuto” de algunas comunidades de regantes y comunidades autónomas fue rechazada por la inmensa mayoría por lo que esta propuesta no se incluyó, de modo que se recuperó el consenso previo.

Ribera aseguró que los criterios para fijar el caudal ecológico del río Tajo son “exactamente los mismos” que se han utilizado para fijar el del resto de las demarcaciones hidrográficas de España y que es preciso respetar la legislación y las sentencias.