Una defensora de personas con discapacidad ante la “selva urbana” de Valencia

Cuando habla de “la selva”, se refiere a ciudades de aceras estrechas, a centros de salud sin adaptar, a personas prisioneras de sus viviendas, a no poder sentarte en el cine o el teatro con tus amigas o tu marido, o a aviones a los que se accede “a la sillita de la reina”. Como persona con movilidad reducida, mujer, y madre de un hijo con discapacidad, Teresa Navarro conoce todos los recodos de la “selva” en la que puede convertirse el día a día para las personas como ella. Como defensora de las personas con discapacidad de la ciudad de Valencia, cargo que ocupa desde hace poco más de un año, ha asumido la tarea de compartir los trucos para moverse por la selva con quienes lo necesitan y, sobre todo, de trabajar para que la suya sea una ciudad completamente accesible.

“Lo que más se vulnera es la accesibilidad universal, y eso no solo implica quitar escalones para poner rampas, sino adoptar medidas para que cualquier persona pueda disponer de todo lo que ofrecen las ciudades”, destaca Navarro que, desde su puesto, atiende quejas y sugerencias en materia de discapacidad que, asegura, tienen que ver con problemas de accesibilidad.

Cuando su hijo, diagnosticado con una enfermedad genética que causa autismo, cumplió cuatro años, Teresa Navarro sufrió un accidente y desde entonces debe moverse en silla de ruedas. Por eso sabe de qué le hablan quienes la llaman a su puesto de defensora, que depende orgánicamente de la concejalía de Servicios Sociales. El único otro defensor de personas con discapacidad trabaja en la actualidad en León y, a nivel autonómico, la figura existió en la Comunidad Valenciana hasta 2016, cuando se suprimió para evitar duplicidades con la labor del Síndic de Greuges.

Con despacho en el Ayuntamiento, cuando está en el hemiciclo, Teresa Navarro debe situarse en medio de la zona de paso, frente a la bancada de la primera fila, en una posición similar a la que ocupa el diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique en el Congreso de los Diputados. A pesar de que no puede acceder a los bancos, reconoce que el Consistorio ha hecho un gran esfuerzo para adaptar sus instalaciones.

En la vida diaria de las personas con discapacidad, baños no adaptados, accesos con escalones o ascensores estropeados que tardan demasiado en repararse en estaciones de metro, colegios o universidades centran la mayoría de las quejas que recibe la defensora.

Pero hoy en día casi todo el mundo sabe que tiene que haber rampas, ascensores y baños adaptados. Lo que casi nadie sabe es que muchas mujeres con discapacidad no pueden ir al ginecólogo porque no hay sillas ni sistemas accesibles. Como la chica que llamó a Teresa Navarro: “No la quisieron atender por no disponer de un potro adaptado, le dijeron que no tenían a nadie para ayudarla a subir y que se marchara a casa”. Es un hecho tan frecuente que ha llevado a que las mujeres con discapacidad acudan, como mínimo, un 25% menos a las consultas de ginecología que las mujeres sin discapacidad. Es la “doble discriminación”, dice la defensora.

Lo que no discrimina por género es la imposibilidad de acceso a las radiografías y pruebas similares, como las urológicas o las mamografías. Las personas con problemas de movilidad no pueden ponerse por sí mismas en la posición en la que se realizan estos test, un motivo por el que Navarro ha pedido a todos los hospitales públicos de la ciudad que instalen grúas elevadoras para evitar “que alguien te levante mal y te haga daño”.

En todos los edificios de uso público, asegura, se han hecho muchos avances. Son las viviendas particulares las que, a veces, pueden convertirse en verdaderas prisiones para las personas con discapacidad por la inadaptación de los patios. “Un señor que me llamó había sufrido un ictus y llevaba tres meses sin poder bajar a la calle porque las obras para bajar el ascensor a cota cero se retrasaban”, recuerda. No es el único: alrededor de 100.000 personas con movilidad reducida en España no pueden salir de su casa, según datos de Cocemfe.

En ‘handbike’ por el carril bici

Para adaptar su casa, la persona con discapacidad tiene que hacer llegar el plano de su vivienda al Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que indica al usuario el equipamiento que tiene que instalar. Una vez hecha la obra, se pueden pedir ayudas estatales o autonómicas para pagar parte de su precio. “Ahora están dando más, pero adaptar mi casa en su momento me costó unos 30.000 euros y recibí ayudas por 600″, lamenta Teresa Navarro.

Un día normal, la defensora de las personas con discapacidad de Valencia sale de casa en su silla, a la que adosa una handbike, una rueda extra impulsada por las manos sobre un manillar, que se dirige de forma parecida a una bicicleta. Con la velocidad extra que le ofrece este mecanismo, su opción preferida para moverse por la ciudad es el carril bici. “Para mí, es vida: puedo moverme de forma autónoma, no me molestan y no molesto a la gente como cuando voy por la acera”, asegura. La ordenanza de Movilidad permite que estos vehículos, que pueden alcanzar unos 18 kilómetros por hora, circulen por este carril, pero no las sillas de ruedas eléctricas, algo que, afirma, “se está estudiando”.

Cuando lleva la silla sin la handbike, a veces opta por utilizar el servicio especial de autobuses de la EMT para personas con movilidad reducida, que da un servicio puerta a puerta. O puede coger los autobuses de líneas regulares, porque llevan una rampa que puede bajarse cuando lo reclama el usuario. Al menos en teoría. “Me contactó la madre de una chica que cogía el autobús para ir a un centro ocupacional y que utilizaba un andador por necesidad, por tener una discapacidad visual e intelectual, y a la que no permitían bajar la rampa por no llevar silla”, relata Navarro, que recuerda puede reclamar la rampa cualquiera que necesite un dispositivo por tener cualquier discapacidad, como las personas ciegas que utilizan bastón.

Teresa lo tiene algo más difícil para coger un taxi. Hay “muy pocos adaptados en comparación con los que se necesitan”, y la falta de incentivos para los propietarios de licencias que tengan taxis accesibles lleva a que cada vez haya menos. Además, se pregunta por qué “este servicio siempre acaba saliendo más caro”. Como anécdota, añade que de los cuatro autobuses turísticos de la ciudad de Valencia, solo uno está adaptado y solo lleva una plaza para personas con movilidad reducida.

La sillita de la reina

Para viajes largos, Navarro recomienda los autobuses y los trenes de media distancia, ni los de alta velocidad ni los aviones. Cada tren de alta velocidad solo lleva dos plazas para personas con movilidad reducida en lugares específicos. “Cuando haces la compra de la plaza, si vas con un acompañante y los sitios cercanos están ya comprados, le puede tocar en otro vagón”, denuncia, algo que es especialmente grave en casos de personas dependientes que necesiten asistencia en todo momento.

En los aviones “no depende tanto de la aerolínea sino del aeropuerto” y, en Valencia en particular, la subieron dos veces “a pulso, a la sillita de la reina, en una silla sube-escaleras que transportan dos personas”. Las sillas de ruedas se quedan en la bodega: “A veces se rompen maletas y nosotros viajamos con miedo a que durante el viaje se rompa la silla y nos deje sin poder movernos”.

El deporte también se complica. Teresa Navarro destaca por absurdos los problemas de accesibilidad de algunas piscinas donde incluso se hace rehabilitación para personas con problemas de movilidad pero en las que no hay vestuarios mixtos, de forma que a una mujer con discapacidad, como ella, no puede ayudarla a ponerse el bañador su propio marido.

Los obstáculos pueden reducir los planes de ocio. “Tres amigas en silla de ruedas no podemos ir al cine o al teatro juntas, porque en cada sala solo suele haber dos plazas”, explica Navarro. “A veces he tenido que cambiar de película para poder sentarme al lado de mi marido y mi hijo en un cine y a veces he visto películas sentada de medio lado porque han calculado mal el hueco para las sillas”, critica.

Tampoco es pequeña la tristeza de perderse un concierto de Alejandro Sanz, como casi le pasa a una chica que contactó con su oficina. “Había comprado una entrada normal para un concierto en 2020 que se canceló por la pandemia y que se movió a 2022, pero entretanto sufrió un ictus que la dejó en silla de ruedas”. La chica pidió que la pusieran en zona de movilidad reducida, pero “le decían que no había hueco, que no fuera”. La presión desde la oficina de Navarro consiguió que ella y un acompañante pudieran asistir ir al concierto, donde, al parecer, sí que había sitio para una más. “En cines, teatros, salas y comercios, sería más fácil que todo estuviera adaptado si se dieran incentivos a quien lo haga bien, o, al menos, un sello de calidad que certifique el esfuerzo en accesibilidad”, afirma.

“Las ciudades inteligentes son las que están completamente abiertas a todo el mundo”, considera Teresa Navarro, que añade que “los esfuerzos que se hacen en materia de accesibilidad universal no solo benefician a las personas con discapacidad, sino a todos”: “No somos un gueto: todos pensamos que no nos puede tocar, pero en cualquier momento una enfermedad o un accidente te puede provocar una discapacidad, y tenemos que preparar nuestras ciudades para ello”.