Los bomberos voluntarios llevan a la Generalitat a los tribunales para que se les reconozca una relación laboral
El Govern se escuda en la Ley 5/1994 que regula esta figura y los demandantes creen que “está desnaturalizada”


Casi 200 bomberos voluntarios de Lleida y Tarragona han presentado una demanda contra la Generalitat para defender que, a pesar de su denominación, la relación con la Administración ha trascendido los límites del voluntariado “para convertirse en una relación laboral encubierta, constitutiva de fraude de ley”. Está previsto que a estos se sumen voluntarios de Girona y de Barcelona. En total, calculan que demandarán unos 500 profesionales -el 36% del total de 1.443 bomberos voluntarios- en 12 juzgados sociales. Desde la Generalitat aseguran que la Ley/1994 de 4 de mayo de regulación de los servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos de Cataluña deja claro que no pueden ser considerados funcionarios. Sin embargo, para la portavoz del equipo jurídico de los demandantes, Andrea Mena, “la figura del voluntario se ha desnaturalizado y se está usando para cubrir necesidades estructurales continuadas”.
Es la primera vez que una administración pública es demandada por “uberizar” un servicio esencial para la seguridad, es decir, “usar una figura legal, el voluntario, para desnaturalizarla y cubrirla de necesidades estructurales de un servicio público esencial de manera precaria y a bajo coste”, indica Mena. El objetivo de la demanda es el reconocimiento judicial de la existencia de una relación laboral común, indefinida y fija con el Govern y la equiparación de sus derechos laborares y salariales –tienen una compensación de 10 euros la hora- con los de los bomberos funcionarios, y el abono de las diferencias salariales del último año.
Cataluña miró a Francia e ideó un cuerpo de bomberos mixto formado por funcionarios -en la actualidad, 2.914- y voluntarios -1.443- divididos. La directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Tamara García, defiende el modelo de voluntariado de Cataluña como un “tesoro” a mantener por ser un colectivo que “lo da todo cuando se produce algún tipo de emergencia”. Sin embargo, también apunta que algunos parques, según la zona, no hacen ni diez salidas al año. “Cuando acceden a este cuerpo ya saben que son voluntarios, tienen otros trabajos –carniceros, mecánicos, profesores, policías-, y si no están de acuerdo, pueden no entrar”, añade. No cree que las demandas prosperen “porque la Ley y otros decretos regulan claramente esta figura” y sospecha que “la pretensión es entrar por la puerta de atrás, porque la oposición de los funcionarios, es durísima”.
También destaca que se les ha dotado de mejoras desde 2022, desde una defensa jurídica, a una mutua sanitaria –bastante deficiente, según los voluntarios- y desde 2024 una modificación a la ley para poder pagarles en caso de incapacidad temporal 60 euros al día, sin límite, entre otras.
La Ley 5/1994 de 4 de mayo referente a los Bomberos Voluntarios explicita que “prestan sus servicios de forma altruista” y que “no tienen consideración de personal funcionario, ni laboral”.
Para Mena, “bajo la apariencia de fomentar una actividad altruista, el Govern ha implementado un sistema que les impone controles y obligaciones propios de una relación laboral”. Y lo ejemplifica en la formación profesionalizada, procesos de selección equivalentes a oposiciones, cumplimiento de horarios mínimos controlados con una aplicación y sujeción a régimen disciplinario. “Pero sin reconocerles los derechos laborales fundamentales que se derivan de ello, un salario equiparable al de los funcionarios, cotización en la Seguridad Social y protección en riesgos laborales, entre otras”, señala.
“La ley está cada vez está más desnaturalizada y la usan para su beneficio, alterándola”, asegura la abogada. Y añade: “Es verdad, reconoce, que cuando accedieron a este cuerpo hace años la mayoría tenía claro que eran voluntarios, sin embargo, a partir de 2019 cada vez les exigen más y si no acuden a tres de las cuatro reuniones previstas, a siete de las nueve prácticas y hacen mínimo 650 horas anuales, les abren un expediente para revocarles el voluntariado”. Mena, que cree que se aprovechan de la vocación de los voluntarios, asegura que “debe prevaler la realidad material ante la realidad formal” y advierte que sin los voluntarios el actual cuerpo de bomberos no sería viable.
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