El Tribunal de Orden Público, en La Modelo de Barcelona

El relato dominante sobre la transición “ejemplar” de España ha dibujado un acuerdo entre elites políticas y económicas que graciosamente alumbró la democracia. Sin embargo, la conquista de las libertades fue un parto con dolor y muertos. Por eso conviene recordar que, si bien Franco murió en la cama, obreros, estudiantes y movimientos ciudadanos de todo tipo trataron de enterrar al franquismo en las calles, a través de huelgas y manifestaciones, con un notable coste humano. Para acabar con ciertos reduccionismos interesados, dos jóvenes profesores de enseñanza secundaria –Carlota Vidal Sánchez y Gerard Rodríguez Arellano– han comisariado la exposición Generacions TOP, que recorre la trayectoria represiva del Tribunal de Orden Público desde su fundación en 1963 hasta su disolución en 1977. La exposición, asesorada por los historiadores Manel Risques y Javier Tébar, sitúa a la izquierda de una de las galerías de la cárcel Modelo de Barcelona a los movimientos opositores y a la derecha al poder represor de la dictadura. Se inauguró nada menos que el 20-N y permanecerá abierta hasta finales de enero.

El TOP vino a sustituir a la jurisdicción militar en lo referente a los denominados delitos políticos. El franquismo necesitaba remozar su fachada ante la creciente protesta generada por los cambios económicos y los nuevos movimientos de masas. La represión no disminuyó, pero cambió de cara. En los 13 años en que el TOP estuvo operativo, un 21% de los casos ­–que afectaron en toda España a 50.714 personas– se dieron en Cataluña. La mayoría obreros y jóvenes. Los comisarios de la muestra –organizada por la Asociación Catalana de Personas Ex Presas Políticas del Franquismo– repasan todos los movimientos de contestación: desde los ya citados a los eclesiales, pasando por los movimientos vecinal, feminista o gay, que contaban con el respaldo de las organizaciones clandestinas de la izquierda, donde el PSUC era hegemónico.

La de La Modelo es una iniciativa más entre otras habidas en los últimos años, en que incluso las instituciones oficiales en letargo prudente se han desperezado para rescatar al antifranquismo y situarlo como un valor democrático. La serie de RTVE Las abogadas, emitida recientemente y disponible en RTVE-Play, aborda esa porción de historia a través del bufete de un grupo de mujeres –Manuela Carmena, Paquita Sauquillo, Cristina Almeida y Lola González– que tiene como colofón el asesinato por la extrema derecha de los abogados laboralistas, en enero de 1977. El modus operandi del franquismo también queda perfectamente ilustrado por otro asesinato: el del joven estudiante Enrique Ruano, que el 20 de enero de 1969 “cayó” por una ventana durante un registro policial. Distintos ministerios –como el de Gobernación de Camilo Alonso Vega o el de Información y Turismo de Manuel Fraga Iribarne– manipularon pruebas, destruyeron informes forenses y falsearon documentos, como el diario personal de Ruano. El diario ABC publicó el dietario “retocado” para mostrar al joven militante del Frente de Liberación Popular (FLP) como una persona inestable que se había suicidado. El caso se reabrió en democracia, pero fue archivado en 1992 por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que la responsabilidad penal había prescrito. El Tribunal Supremo volvió sobre el asunto, pero absolvió por falta de pruebas a tres agentes de policía, a pesar de que los magistrados encontraron dudas razonables en la versión oficial.

La democracia española –como las europeas– tiene muchas lagunas, pero quizás lo actuado por el Estado de Derecho y sus distintos administradores ha consistido durante muchos años en equiparar todas las memorias y eliminar así la responsabilidad política del antifranquismo como un valor constitutivo de cultura democrática, apunta el historiador Ricard Vinyes. La exposición Generacions TOP trata de poner las cosas donde corresponde.