Esplugues y la Generalitat se enfrentan por quién debe albergar a las 38 familias desalojadas de un edificio en ruinas

José Soro tiene 60 años y “siempre” ha vivido en el edificio El Barco de Esplugues de Llobregat (Barcelona). La policía local se presentó el lunes en el inmueble y convocó de urgencia a los 112 vecinos en el espacio municipal Baronda. Un informe alertaba de que el inmueble se encontraba en “situación de amenaza de ruina” y acreditaba daños estructurales irreparables. El arquitecto que firma el documento destaca que el edificio “no reúne condiciones de seguridad suficientes para ser habitado, representando un riesgo cierto para las personas”. La alcaldesa Pilar Díaz (PSC) firmó un decreto de cese de habitabilidad y se procedió, acto seguido, a la evacuación de los vecinos. El domingo fue la última noche que Soro durmió en el 1º 1ª del número 28 de la calle la Riba. “He nacido aquí y quería morirme aquí pero no va a poder ser”, se lamentaba este miércoles.

El lunes guardó sus pertenencias en una maleta y durmió en una litera junto a otros cuatro vecinos, en el albergue del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). “A las 10.00 de la mañana nos echaron del albergue y otra vez fui de arriba abajo con mi maleta”, denunciaba. El martes consiguió que lo realojaran en un hotel Ibis de Cornellà. Tres días después del desalojo, ni Soro ni las otras 37 familias —112 personas— que vivían en El Barco saben qué les deparará el futuro. La angustia es tal que cuatro de esos vecinos se han atrincherado en tres pisos y los Mossos ya tienen la orden para desalojarlos. Mientras, el Ayuntamiento de Esplugues busca desesperadamente pisos para alquilar y realojar a los vecinos. El Consistorio, además, denuncia que la Generalitat no está asumiendo su parte en esta tragedia habitacional.

El Barco es un edificio construido en los años cincuenta. Hace un año el Ayuntamiento se vio obligado a expropiarlo ya que se encuentra en terrenos calificados como zona verde por el Plan General Metropolitano de 1976. Es un edificio peculiar que está totalmente apuntalado y que tiene seis alturas. Está construido en una loma por lo que tres alturas son por debajo de la entrada principal y tres hacia arriba. Otra de las características es que las 38 familias del inmueble viven de alquiler, muchos de renta antigua. “Aquí los vecinos de toda la vida veníamos de Andalucía, Extremadura, Galicia y hace unos años vinieron nuevos de Sudamérica, Marruecos…”, informa Soro. El vecino asegura que el edificio se llama El Barco porque, tirando de mucha imaginación, y mirándolo desde un lado “los pisos parecen los camarotes de un crucero”.

Si el lunes el problema era pasar la primera noche fuera de casa, este miércoles la angustia de los vecinos radicaba en asumir que no regresarán a El Barco e intentar solucionar su futuro. El primer teniente de alcalde, Eduard Sanz, ha hecho balance: el martes dos familias (tres personas) durmieron en el CUESB, una familia (otras cuatro personas) durmieron en un piso alquilado por el Consistorio y otras dos familias (ocho personas) entrarán a vivir este miércoles en otros dos pisos del municipio: “Estamos a la espera de que se restablezcan los suministros”, apunta Sanz. Hay una persona que está ingresada en un centro sociosanitario, 16 familias que han ido a casas de otros familiares, 14 que viven en apartahoteles u hoteles y tres familias que se han atrincherado.

Estas tres familias ocupan tres pisos pero son de la misma estirpe. Manoli en un piso, su hija Sarai en otro y su hijo Juan Manuel junto con su compañera en otro. EL PAÍS ha comprobado como mientras el resto de vecinos recoge sus pertenencias, estas tres familias permanecen dentro de sus domicilio. Saben que, como el resto, tendrán que irse pronto ya que el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona ha dado tres días para desalojar los pisos y ha instado a los Mossos a actuar si siguen atrincherados atendiendo al riesgo que representa vivir en El Barco.

Llamamiento a la Generalitat

El primer teniente de alcalde ha prometido, al menos, una docena de pisos más en las próximas semanas aunque ha admitido que el Ayuntamiento se siente solo y está buscando fuera del municipio y pagando alquileres a precio de mercado. “Le pedimos a la Generalitat viviendas para hacer frente a esta emergencia y nos contestó que no tenían nada. A estas alturas, la Generalitat no se ha puesto en contacto con nosotros. No quiero abrir un conflicto pero las administraciones ante estos casos tenemos que colaborar”, ha lanzado Sanz en una comparecencia.

Este mismo miércoles la Secretaría de Vivienda de la Generalitat ha contestado pidiendo por carta al Consitorio un segundo informe independiente sobre el estado de El Barco. La Generalitat ha enviado un comunicado poniéndose a disposición del Ayuntamiento para ayudar al realojo. Aún así, el Govern subraya que las competencias urbanísticas son municipales y que, al ser el edificio ruinoso propiedad del Ayuntamiento, “toda la responsabilidad es del Consistorio”. Además, critican que desde que el Ayuntamiento compró el edificio no ha actuado para solucionar la situación de vulnerabilidad de los vecinos. La Generalitat propone que los vecinos sean derivados a la Mesa de Emergencia como casos de vulnerabilidad a través de los servicios sociales municipales, quienes pueden acreditar la situación de las familias, para activar los programas de vivienda de emergencia pertinentes.

La alcaldesa, Pilar Díaz, no ha tardado en contestar: “Lamentamos la inexistente ayuda por parte de los diferentes departamentos de la Generalitat y en concreto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que recordamos son los competentes en proporcionar viviendas de emergencia a las familias”. Díaz ha acusado a la Generalitat de “dejadez de funciones”.

Mohamed Zaitouni vive desde 2013 junto a sus padres y otros tres hermanos en el 3º inferior segunda de El Barco. Han pasado por el CUESB y por un apartahotel. Tienen las pertenencias amontonadas entre un coche y la habitación del apartahotel y desde el lunes nadie de la familia ha podido ir a trabajar. “Estamos desprotegidos y no sabemos qué pasará con nosotros”, lamenta. La situación de su vecino Ahmed Chawi es peor. Fue a vivir junto con su esposa y sus cinco hijos a un piso en 2010. Chawi es pensionista y tiene un hijo de 12 años que necesita una silla de ruedas. “No podemos vivir en apartahoteles continuamente”, lamenta. De momento la precariedad habitacional se alargará hasta el 18 de abril y mientras tanto el Ayuntamiento busca más soluciones. Tamara tiene 43 años, nació en El Barco y ha vuelto hace unos años después de separarse. “Mi padre y su esposa se fueron el lunes a casa de mi tía pero yo me pagué un hotel. No puedo gastar cada día 70 euros, a mí también me tienen que ayudar”, lamenta. Por la tarde, más de 200 personas se han manifestado por el municipio protestando por el desalojo.

En la puerta de El Barco se acumulan maletas y utensilios de aquellos que saben que nunca volverán a su casa. En una de las ventanas sobrevive una pegatina enganchada hace décadas con un mensaje: Gracias por la visita. “La pegué yo hace varias décadas cuando trabajaba en una imprenta. La enganché porque un día fui a asomarme por esta ventana que es de uno de los rellanos y me di con el cristal”, revela José Soro.

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