El Ayuntamiento de Barcelona aprueba un pacto para aislar a Vox y vetará al partido en las comisiones

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición en la que los partidos firmantes pactan un “cordón sanitario” contra la extrema derecha, representada en el consistorio por Vox, que tiene dos de 41 concejales. La propuesta, del grupo municipal de los comunes en la comisión de Presidencia, ha sido apoyada por todos los partidos salvo Vox y el PP. La idea del partido de la ex alcaldesa Ada Colau fue aceptada en septiembre, pero hasta ahora no se había detallado su alcance. Los comunes aseguran que es el primer cordón sanitario que se acuerda en un gran Ayuntamiento español.

El acuerdo fija que el consistorio sea una institución “libre de discursos de odio donde no tengan lugar ni el racismo ni las discriminaciones de ningún tipo”. Y concreta impedir la presencia de los partidos de extrema derecha en las presidencias de los plenos de distrito, en las comisiones de plenario, o en futuras comisiones de estudio o investigación. El acuerdo también prevé “no normalizar ni legitimar la acción política de las formaciones de extrema derecha”, lo que se traduce en no suscribir ninguna iniciativa en la parte de impulso y control de los plenos, y evitar que prosperen sus iniciativas.

La concejal de Barcelona en comú, Jessica González, ha defendido el texto y ha lamentado que “el PP tristemente no se haya querido sumar”. Ha defendido un acuerdo que “tiene como objetivo impedir que los discursos de odio, que discriminan a los migrantes, al colectivo LGTBI, no tengan altavoz en las instituciones: ni presidencias, ni portavoces, ni ningún cargo institucional desde donde puedan ampliar su odio hacia la ciudadanía”. Por parte de Vox, el concejal Gonzalo de Oro ha afirmado que iniciativas como la votada les señalan: “Estamos aquí para trabajar para los barceloneses y no para señalar a nadie, cualquier día nos van apegar un tiro y es por culpa de estas conductas irresponsables”.

Desde el Gobierno, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay ha asegurado que “el discurso de odio es una amenaza para los valores democráticos”. Y el PP ha argumentado su oposición al pacto en la voz del concejal Juan Milián: “La pregunta clave para entender nuestra oposición a esta forma de hacer política es: ¿quién decide qué es extrema derecha para excluirla de la vida política?”.

El texto incluye también un cambio de reglas aprobado en noviembre que permite que las declaraciones institucionales, que hasta ahora necesitaban unanimidad, --y Vox las había vetado fuera el que fuera su contenido-- necesiten solo el respaldo de una minoría calificada. Los firmantes se comprometen a no convocar a las formaciones de extrema derecha en los encuentros de trabajo con entidades de la ciudad. El veto a Vox ya se produjo en la presentación y foto de un acuerdo para cubrir la Ronda de Dalt: los dos concejales no fueron invitados pero acabaron sumándose al acto.

Por último, el acuerdo prevé aplicar el Código Ético y de conducta del Ayuntamiento de Barcelona, el Reglamento Orgánico Municipal y las Normas Reguladores de los Distritos, “con el objetivo de blindar el Ayuntamiento, los Distritos y el conjunto de la actividad municipal de discursos de odio y discriminaciones”.

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