Examen a las finanzas de la Barcelona de Colau: gasto récord gracias a impuestos y endeudamiento

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha beneficiado en los últimos ocho años de una tónica general: la recuperación de la caída de impuestos sufrida con la Gran Recesión a partir de 2008. Es lo que explica el crecimiento a lo largo de los últimos ocho años de la disposición de gasto del Gobierno central, de las comunidades autónomas y del conjunto de los municipios, incluida la capital catalana. A esa situación el Ayuntamiento le ha dado una vuelta de tuerca, apostando por más tasas e impuestos y un incremento del endeudamiento, básicamente destinado a la promoción de vivienda pública. La capital catalana está dentro del saco de municipios a los que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) dio un tirón de orejas (incluida la antagónica Madrid) por un aumento sin precedentes del gasto público desde 2019, al considerar el ente fiscalizador que puede dejar secuelas estructurales al no contar con una financiación suficiente.

Efectivamente, el Consistorio cerró 2022 con gastos récord. Fueron 3.444 millones de euros, un 27% más (742 millones más) que el ejercicio en el que Xavier Trias se despidió de la Alcaldía, en 2014. Esa ha sido la base del aumento de las partidas sociales de las que se complace Barcelona en Comú, además de los fondos Next Generation llegados de la Unión Europea en el último año o de las ayudas anticovid. Y otra a tener en cuenta: en los últimos años el Ayuntamiento de Barcelona ha dejado de ser una muleta financiera de la Generalitat: la Administración autonómica ha elevado las transferencias del contrato programa que tiene con Barcelona en más de 100 millones en 2022 respecto a 2014.

Pero la cifra final no hubiera sido tan alta si el gobierno municipal no hubiera apostado por subir las tasas un 1,5% o si no hubiera creado en el último mandato otras nuevas. Habilitó en 2020 la nueva tasa de recogida de residuos y un año después puso en marcha el recargo municipal del impuesto turístico, que solo el año pasado representó unos ingresos adicionales de 30 millones de euros. El resultado: desde 2010 las tasas han pasado de suponer 328 millones a 403 millones, un 23% más. A esas cifras se suma la afloración de fraude de empresas que tienen que liquidar ante el Ayuntamiento, desde comercializadoras de electricidad a empresas del juego. La liquidación de impuestos (sumados tributos directos indirectos y tasas municipales) superó los 1.650 millones, 250 millones más que ocho antes. El Ayuntamiento solo se ha tomado una licencia impositiva a las puertas de las elecciones, en los Presupuestos de 2023, cuando decidió congelar tasas.

La otra palanca de la que se ha servido el Gobierno municipal, ha sido un notable incremento de la deuda, según afloran los datos del Banco de España. Cuando en 2010 el PSC dejó el Gobierno este se elevaba a 1.200 millones (era el momento más fuerte de la crisis), Trias hizo grandes esfuerzos para rebajar esa cifra hasta los 978 millones de euros y Colau despide su segundo mandato con 1.117 millones a deber. Fuentes municipales explican que ese incremento se explica no tanto por la mochila del Ayuntamiento de Barcelona (847 millones respecto a los 971 millones de ocho años antes), sino porque en los datos del último año se ha consolidado la deuda del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación (IMHAB por sus siglas en catalán). Este, encargado del grueso de la inversión en la promoción de pisos de protección del Ayuntamiento, ha pasado de cargar con una losa de 165 millones en tiempos de Trias a casi 268 millones con Colau.

Amortización de deuda

La amortización de deuda no ha sido, ni mucho menos, una prioridad de los últimos años, con recursos destinados muy inferiores a los que dedicaba CiU (129 millones en 2014), si bien el Gobierno municipal siempre han defendido que, excluido el IMHAB, la deuda nunca ha superado el 30% de los ingresos, con el argumento de que es prioritario el gasto social o las inversiones. El actual Gobierno se gastó el pasado ejercicio 83 millones.

Pese a las limitaciones que la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, conocida como Ley Montoro, fijaba sobre la gestión presupuestaria municipal, Colau ha logrado cerrar los tres últimos ejercicios con un déficit acumulado de 330 millones de euros. Trias se fue con un excedente de 22 millones (nunca acabó en negativo) y el último ejercicio de Jordi Hereu como alcalde se cerró con 300 millones de euros en negativo, que todavía fue peor el ejercicio siguiente (398 millones). Si hace doce años era la política anticrisis la que llamaba a endeudarse, el motivo de 2022 es otro en parte ajeno al Gobierno municipal. Una gran parte de los 216 millones de números rojos son por los anticipos que realizó el Gobierno para hacer frente a la covid (158 millones), que a causa de la fórmula de contabilización se apuntaron como devueltos hace un año pese a que ese reembolso se realizaría en diversos años.

El aumento impositivo y el déficit, financiado con deuda, son los dos elementos clave que han permitido a Colau elevar todas las partidas de gasto, gracias también a que ha tenido mayor flexibilidad de gasto que el que tuvo su predecesor, que a partir de 2012 vio muy limitado su margen de maniobra por la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda. Sea como sea, las partidas sociales han tenido estos últimos cuatro años más recursos. Seguridad Ciudadana ha pasado de 285 millones a 381 millones, en parte por la contratación de un millar de guardias municipales. El transporte público consume 183 millones. La vivienda acumula un gasto corriente de 183 millones y otros 132 millones de inversión. Y, sobre todo, el programa de servicios sociales es el que más crece y pasa de tercera posición en gasto a la primera: de 228 millones a 398 millones, un 74% más.

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