La oposición culpa a Colau de que los promotores del Hermitage pidan una indemnización millonaria

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento culparon este miércoles al gobierno de la alcaldesa Ada Colau de que su negativa al proyecto de instalar un Museo Hermitage en el Puerto haya terminado en la reclamación de los promotores de una indemnización de 141 millones de euros. Dentro del Gobierno municipal de coalición, los comunes defendieron su gestión, la legalidad de todas las actuaciones y negaron cualquier veto al proyecto. En cambio, en el PSC, señalaron que ya avisaron de que la negativa tendría consecuencias jurídicas y apostaron por dialogar con los promotores otro proyecto cultural para evitar afrontar el pago de la indemnización.

Tras esa votación sí hubo una crisis institucional. Ahora, a nueve meses de las elecciones municipales, las prioridades son otras y una ruptura de la coalición está descartada. Ello no quita que, pese la postura que mantienen en público, los dos partidos contemplaran la posibilidad de la reclamación patrimonial. Ambos saben que la resolución del conflicto se prolongará durante años en los juzgados. Y quién sabe quién ocupará el gobierno de la ciudad.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, respondió a publicación de la demanda que el consistorio “cumplió con la legalidad urbanística”. “Teníamos un plan especial que incorporaba una propuesta de convenio voluntario que no se dio, gracias a que se presentaron informes que determinaban que no era una propuesta positiva para la ciudad”, defendió. “El Ayuntamiento no tiene ningún acuerdo con el Hermitage, ni administrativo, ni de ningún tipo; quien lo tiene es el Puerto que avanzó sin tener el convenio, infringiendo la legalidad urbanística que fijaba que para poder avanzar era necesario un convenio con la ciudad de Barcelona”, apuntó.

En cambio, el socialista y también teniente de alcalde Jaume Collboni recordó que su partido “avisó de que la negativa al proyecto tendría consecuencias jurídicas”. Por ello el PSC se abstuvo en una votación crucial del gobierno municipal donde los comunes rechazaron tramitar el convenio que debía dar el visto bueno al museo. Collboni se mostró partidario de “dialogar” con los promotores para encontrar una solución “que permita desjudicializar el conflicto y hacer posible otro gran proyecto cultural con los mismos promotores”.

Desde la oposición hubo unanimidad en considerar que el ejecutivo tiene la culpa de la reclamación y en rechazar la posibilidad de que los ciudadanos acaben pagando la indemnización. Por parte de ERC, la concejal Gemma Sendra criticó a los socios de gobierno por “no querer ni saber gestionar el tema” aunque admitió que a los republicanos tampoco les convencía el proyecto. “La ciudad debe tener claro qué quiere y con el Hermitage no se hizo. El error de dar vía libre y abrir el debate a posteriori puede acabar en los tribunales y que sean los barceloneses quienes paguen la incompetencia del gobierno”, alertó.

Jordi Martí Galbis, portavoz del grupo municipal de Junts responsabilizó al gobierno de la reclamación por la “actuación errática y obstaculizadora”. Durante todo el mandato lo han advertido, recordó. “Estamos ante las consecuencias negativas de una forma de gobernar lamentable sectaria e irresponsable y de combatir de forma torpe lo que era una iniciativa cívica y empresarial que veíamos positiva por Barcelona”, dijo y añadió: “lo peor de todo es que Colau y Collboni ya no estarán cuando resuelvan los jueces una posible sentencia condenatoria y multimillonaria”.

En Ciutadans, el coordinador del grupo municipal, Josep Maria González Murt apuntó: “Colau y PSC no solo dejarán una ciudad degradada y en decadencia, también dejarán las arcas vacías y los próximos gobiernos municipales hipotecados por culpa de sus malas prácticas”. Por parte del PP, el concejal Oscar Ramírez recordó también que los populares advirtieron “del riesgo de las consecuencias que podía tener rechazar el Hermitage”. “La Barcelona del no tiene consecuencias, lo vemos cuando los promotores inician acciones para reclamar indemnización ante el veto, la decisión discrecional y arbitraria, que atenta contra la seguridad jurídica y nos va a costar 141 milones por los Caprichos de la señora Colau”. Eva Parera, desde Valents, destacó que “Colau y el PSC prefieren la casa okupada Can Vies al Hermitage en Barcelona. Demuestran que no pueden continuar ni un minuto más. Sus errores nos cuestan millones de euros que acabamos pagando todos los barceloneses”.

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