El COE intensifica los contactos con Aragón para blindar un acuerdo

Carrera contrarreloj para garantizar un acuerdo técnico de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. El Comité Olímpico Español (COE) ha intensificado este fin de semana los contactos con el gobierno de Aragón para concretar definitivamente el reparto de las disciplinas deportivas. Las comunicaciones llegan tras el rechazo del presidente de Aragón, Javier Lambán, a la última propuesta técnica de la candidatura. El COE y la Generalitat de Cataluña daban por cerrado el acuerdo el viernes, pero Aragón se desmarcó oficialmente. El objetivo del COE es anunciar un acuerdo definitivo este lunes.

Los contactos entre el COE y Aragón se intensificaron el mismo viernes por la noche, tras el anuncio de Lambán, y durante este fin de semana se han mantenido las conversaciones entre los altos cargos de las instituciones. La Generalitat no ha intervenido esta vez porque entiende que el comité defiende el plan que considera cerrado desde el martes. El objetivo del COE es recuperar la confianza del gobierno de Aragón, que el viernes aseguró tener una “desconfianza total” en sus interlocutores (Gobierno central, COE y Generalitat). Entre todos los organismos existe una sensación de extrañeza por los recientes movimientos del gobierno aragonés.

La última reunión de la comisión técnica de la candidatura acabó el martes entre los representantes del COE, la Generalitat y el Gobierno con una sensación de acuerdo colectivo en el reparto de las pruebas. No fue así con los aragoneses. El plan del COE es celebrar las pruebas de esquí alpino, snowboard y freestyle en el Pirineo catalán; y las de fondo, en el aragonés. Las pruebas de hielo se repartirían entre Barcelona (hockey), Zaragoza (velocidad y artístico) y Jaca (cúrling). Diferentes fuentes consultadas por este diario admiten que rehacer este reparto dificultaría cumplir los plazos de la candidatura, que acumula meses de desencuentros entre Cataluña y Aragón.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunció el sábado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, firmará esta semana el decreto de convocatoria de la consulta sobre la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, pero no especificó en qué comarcas se llevará a cabo la consulta y si se ampliará al Berguedà, Solsonès y Ripollès. Plaja confirmó públicamente el “acuerdo técnico” al que habían llegado el viernes con Aragón para la candidatura. Para el Govern, se trata de “una buena propuesta” que “confirma que las pruebas reinas se harán en el Pirineo catalán” y el hockey hielo en Barcelona. La portavoz del ejecutivo señaló entonces que ambos gobiernos autonómicos trabajan “conjuntamente” y no quiso entrar a valorar las discrepancias con Aragón.

Lambán, por su parte, afirmó el mismo sábado a través de un mensaje en Twitter que la candidatura avanza gracias al “buen trabajo del presidente del COE”. El presidente de Aragón defendió que su gobierno no va a precipitarse: “Ha de estar todo muy claro antes de que demos nuestro visto bueno”, concluyó.

Este último desencuentro se suma a la desconfianza mostrada a lo largo de los últimos meses, a un año de que el COI decida la sede. Una voz autorizada del COE señala los “dos tsunamis” que han amenazado el proyecto. El primero, los continuos desacuerdos de Cataluña y Aragón: Lambán había reivindicado una candidatura “al 50%”, mientras que Aragonès había ofrecido “colaboraciones”. El presidente del COE, Alejandro Blanco, aseguró el pasado viernes que se habían “vencido las dificultades” y que “esta candidatura será imparable”. Horas después, las resistencias volvían con el duro comunicado de Aragón. El segundo gran peligro, señalan desde el COE, es la permanente desconfianza entre Esquerra y Junts, socios en la Generalitat. Los dos partidos trabajan en un referéndum popular que respalde el proyecto, pero siguen sin ponerse de acuerdo en qué territorios podrán votar ni en la pregunta.

El COI ya ha transmitido su incomodidad ante una consulta porque teme que un resultado negativo dañe su imagen internacional. Los grupos contrarios a la cita olímpica denuncian el impacto medioambiental de los Juegos y su coste económico, que según los organizadores alcanzaría los 1.400 millones de euros. Las últimas ediciones costaron entre 2.000 y 4.000 millones.