Más de 44 años de prisión en total para la primera asociación cannábica de Cataluña

La Audiencia de Barcelona ha castigado con duras penas de prisión a los promotores del primer club cannábico de Cataluña. El tribunal considera probado que la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo, pionera en la región, se dedicó entre 2010 y 2017 al “cultivo intenso y masivo” de marihuana “para su venta a terceros a través de la asociación”. Y condena a penas de entre seis y cuatro años y medio de prisión a nueve personas (en total 44 años y medio), según el fallo al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre los sentenciados se encuentra un exasesor municipal de Urbanismo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Luis Ignacio R. El líder del club cannábico, Vojislav Djordjevic, se encuentra huido de la justicia.

La Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) nació en la calle del Mar de la Barceloneta, en la capital catalana, en 2010 y fue pionera en un sector que desde hace años se mueve en la alegalidad. No son pocas las asociaciones cannábicas que se han visto envueltas en procesos judiciales. La Audiencia de Barcelona considera que, en este caso, los nueve condenados formaron parte o ayudaron al entramado que se dedicó a alquilar naves donde cultivaban marihuana con la que después traficaban. El club fue además el que se postuló para cultivar marihuana a gran escala en Rasquera (Tarragona), un proyecto promocionado por el Ayuntamiento que finalmente no salió adelante por decisión judicial.

La sentencia afirma que la asociación sirvió de “pantalla para dar apariencia de legalidad al cultivo y distribución de marihuana en grandes cantidades” usando de excusa los socios que se inscribían “con un simple trámite”. Se les expedía un carné y pagaban una cuota sin que hubiese “control alguno” sobre el número de socios, “potencialmente ilimitado”. Al día, un centenar de personas “accedían al local, compraban la sustancia y lo abandonaban”, según la sentencia. En el momento del registro del club, en 2017, la asociación sumaba 860 socios.

Para el cultivo contaban con seis naves industriales. El tribunal concluye que los responsables de su localización, acondicionamiento, negociación de alquileres, de suministros y formalización de contratos eran los integrantes de la asociación Zarco T., Ivan R. y el exasesor de ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Luis Ignacio R. Para enmascarar esa actividad delictiva, los condenados utilizaban empresas pantallas, según el tribunal.

El club, insiste la sentencia, no encaja con los “principios básicos de las asociaciones cannábicas creadas bajo los parámetros del autoconsumo sin ánimo de lucro”. Uno de los documentos intervenidos en la sede de la asociación rezaba: “Cómo vamos a hacer negocio y los beneficios que podemos obtener”. La Audiencia también cita la sentencia del tribunal Supremo, que establece los criterios que debe tener una asociación de este tipo para que no se considere tráfico de drogas: un número reducido de socios, un círculo cerrado de personas que se conocen, un cultivo y consumo compartidos, la ausencia de cualquier vestigio de espíritu comercial y la espontaneidad y voluntad libre de quienes se agrupan. La ABCDA no cumplía ninguno de esos criterios, según el fallo, por lo que la Audiencia ordena su disolución.