La renuncia de Interior a defender a los ‘mossos’ heridos en la investidura fallida de Puigdemont obliga a suspender el juicio

El Govern ha consumado esta mañana su retirada: no acusará a los siete manifestantes independentistas juzgados por provocar incidentes durante la investidura fallida de Carles Puigdemont, en enero de 2018, y tampoco representará a los agentes de los Mossos d’Esquadra que resultaron heridos. El abogado de la Generalitat ha explicado ante los magistrados de la Audiencia de Barcelona que, “por órdenes del Departamento de Interior”, dejaba de representar a los agentes. La maniobra ha obligado a suspender el juicio, ya que los policías no han renunciado a ejercer sus derechos y deberán buscarse ahora procurador y abogado.

Tal como avanzó ayer EL PAÍS, los servicios jurídicos de la Generalitat han remitido en las últimas dos semanas escritos en los que anuncian su intención de retirarse del caso pese a que, inicialmente, pedían hasta dos años de cárcel para los manifestantes por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Una orden firmada por el secretario general de Interior, Oriol Amorós, el 10 de noviembre, provocó el cambio de criterio. El argumento jurídico de esa orden es que, en el caso de los incidentes junto al Parlament de enero de 2018, “no se ha podido individualizar los causantes de las lesiones que sufrieron” cinco mossos. Ese será el criterio que seguirá a partir de ahora Interior en casos similares.

Que no se haya podido identificar a quienes provocaron las lesiones está por ver, y es parte de lo que se dirime en el juicio. La Fiscalía, de hecho, considera a algunos de los siete manifestantes autores de un delito leve de lesiones -los agentes sufrieron contusiones y cervicalgias- por lo que, al menos desde su prisma, los autores sí están identificados. Antes de plantear la retirada, Interior acusaba solamente por desórdenes públicos y atentado a la autoridad, este último un delito en el que también figuran como perjudicados los policías pese a que no sufrieran lesiones.

Este jueves debía comenzar el juicio contra los siete manifestantes acusados de enfrentarse a la policía en el parque de la Ciutadella, al que accedieron tras romper las cadenas de protección en tres de los accesos. La Generalitat ha comunicado al inicio de la sesión que se retiraba como acusación y dejaba de representar a los agentes y ha pedido la suspensión del juicio. Tanto la fiscalía como el abogado que representa a uno de los mossos afectados, José Antonio Bitos, del sindicato USPAC, no se han opuesto.

Una decena de mossos, ya sin representación de Interior, han confirmado ante la sala que pretendían seguir ejerciendo la acusación. Tras un receso, los magistrados han decidido que se aplace la vista para que los agentes puedan designar abogado y procurador.

El Govern ya anunció que revisaría una treintena de causas contra manifestantes para dirimir si mantiene o no la acusación. Y avanzó que se retiraría de aquellas en las que no se hayan podido acreditar las lesiones a los Mossos -en el caso del Parlament, sí constan partes de asistencia- o en que no se haya podido identificar al autor de esas lesiones. El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, había avanzado que, tal como pactó ERC con la CUP para que prosperase la investidura del presidente Pere Aragonès, la Generalitat no se personaría en casos por desórdenes públicos.