Antifraude de Cataluña critica la falta de control en la declaración del patrimonio de los altos cargos

La publicación del patrimonio de los consejeros de la Generalitat, hace tres semanas, volvió a agitar el debate sobre el alcance de esa medida. Más allá del cotilleo propio a esos datos, expertos en gobierno abierto, el capítulo español de Transparencia Internacional (TI) y la propia Oficina Antifrau de Catalunya advierten de la importancia de esta herramienta. Y también de sus falencias. A diferencia de otros países, nadie corrobora la información que dan los servidores públicos. Y la ley no obliga a publicitar de la misma manera las declaraciones cuando cesan, lo que impide la fiscalización ciudadana.

En la web de transparencia del Govern no solo se publica la relación del patrimonio de los altos cargos cuando toman posesión (propiedades, participaciones en sociedades mercantiles y acciones). También está disponible un documento que recoge las variaciones durante el mandato, como herencias o firmas de hipotecas. Tras el cese, por ley, se tiene que hacer una declaración similar que muestre las variaciones. De los exconsejeros solo aparecen ahora Chakir El Homrani, Alba Vergès, Josep Bargalló y Damià Calvet.

Las políticas de transparencia dependen de Acción Exterior, pero el trabajo técnico de recoger y publicar los datos depende de Función Pública (Presidencia). En este último no aclaran si el resto de consejeros no están porque no han hecho la declaración o porque no ha existido ninguna variación. Ambas, eso sí, creen que la medida es positiva. Bargalló es, según la lista, el titular que más ha visto crecer su patrimonio durante su cargo: 72.000 de más de lo que declaró en 2018, cuando tomó posesión. Al otro lado está Calvet, que sólo informa de un incrementó en 5.000 tras su paso por Territorio.

¿Qué significa ese crecimiento? “No nos engañemos, nadie muy inteligente pondrá por escrito su crimen”, ironiza Òscar Roca, director de prevención de Antifrau. “Uno habrá ahorrado más que otro, según su trayectoria vital”, explica. La retribución anual de un consejero es de 115.000 euros. La mayoría llega con patrimonio previo. Pero los expertos creen que es fundamental ver más allá y ponen el foco en los eventuales conflictos de intereses con la vida privada. “Tan importante como el patrimonio son los de datos de otros intereses, como las participaciones, inversiones y relaciones con otros servidores públicos”, defiende Roca.

Acciones y votaciones

“La clave para que este mecanismo realmente lleve a más transparencia es qué datos específicamente pedimos al cargo”, agrega Manuel Villoria, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. No vale con saber si tiene una hipoteca o no, sino también, por ejemplo, el tipo de interés. El experto recuerda cómo Eduardo Zaplana (PP) consiguió un préstamo de la CAM para adquirir un piso en Madrid con unas condicione beneficiosas cuando era ministro de José María Aznar.

Roca llama la atención sobre el hecho de que, si bien los servidores públicos suministran los datos bajo los principios de “sinceridad y completud”, eso no garantiza su veracidad. Hay declaraciones públicas de altos cargos con mensajes poco tranquilizadores. En una entrevista a Vilaweb, se le preguntó a la republicana Teresa Jordá como era posible que nada más declarara tener 1.800 euros en su cuenta. La consejera de Agricultura, con una diltada carrera política, aseguró: “claro que tengo más (...) una inversioncita, eso que hacen los bancos”. La web de la Generalitat recoge un fondo de pensiones.

Esa falta de control sobre lo que se declara fue precisamente uno de los fallos que Transparencia Internacional encontró en el Congreso y el Senado dentro de su programa Integrity Watch, de alcance europeo. La gran parte de las críticas aplicarían al diseño catalán, que no ha sido aún objeto de evaluación. “La falta de comprobación, mediante la declaración de la renta, o la falta de sanción si hay omisiones o mentiras no permiten satisfacer el objetivo”, recuerda Daiana Bouzo, responsable de Integridad y Transparencia en Sector Público del capítulo español de TI.

En Francia existe la Alta Autoridad para la Transparencia de la vida Pública. En Cataluña, solo la ética es la que retiene, por ejemplo, a un consejero con acciones en banca o empresas de suministros el inhibirse de votaciones o adjudicaciones que en el papel le beneficiarían económicamente. Tanto el titular de Economía, Jordi Giró, como la de Feminismos, Tània Verge, tienen acciones en entidades financieras.

Villoria reconoce que la ley catalana de transparencia es una de las más avanzadas del Estado (aunque la Generalitat ha incumplido en los dos últimos mandatos los plazos de publicación fijados) pero cree que hay margen de mejora. “Tan importante como los datos es el formato como se publican, permitiendo que observatorios o redes ciudadanas contra la corrupción puedan cruzar los datos. Un pdf lo hace imposible, por ejemplo”, dice el profesor. Las del Ejecutivo catalán están disponibles en Excel, un formato amigable para una de las características que IT señala como básicas: la interoperabilidad (hacer cruces de información). En la web del Parlament ni tan siquiera es descargable.