Ni proceso ni conflicto

De pronto aparecen en la actividad política conceptos que cobran su sentido al referirse a determinadas situaciones particulares. Sucedió con la palabra procés, que se convirtió en hallazgo periodísticamente feliz para sustantivar la deriva independentista de la protesta contra el recorte del Estatuto de Autonomía a partir de 2010-2012. Se le pone el artículo, unas comillas o se escribe en cursiva, y ya está. Bautizado. La fórmula tuvo gran fortuna, gracias a que resumía en una sola palabra, y además corta, ambigua y polisémica, lo que de otra forma era una engorrosa expresión en dos, tres o más. Aunque era más bien impropia porque en realidad no había proceso alguno, como no fuera el de descarrilar la propia protesta política y estrellarla contra el muro levantado por los gobiernos de Mariano Rajoy.

Más recientemente ha surgido otro comodín, otro concepto ambiguo y polisémico: el conflicto. Los que hablaban de estar, dirigir, vivir en un proceso, ahora hablan de resolver el conflicto. Abordar el conflicto entre Cataluña y el Estado español es, en términos políticos, la finalidad explícita dada por Esquerra Republicana a una de las dos mesas de negociación acordadas en 2019 con el PSOE en el pacto de legislatura que dio lugar a la vigente mayoría parlamentaria de Gobierno en España.

La parte catalana de la mesa de negociación deberá decidir si acepta o no cambiar conflicto por inversiones

El conflicto está de actualidad. Después de un largo impasse provocado por la pandemia, a la citada mesa de negociación del conflicto le toca reunirse el próximo día 13 sin que, a estas alturas, haya constancia pública de que exista un orden del día acordado para ella. Los dirigentes de ERC llevan meses adelantando que acudirán a esa cita para plantear una propuesta de referéndum de autodeterminación de Cataluña y la demanda de amnistía para los condenados y exiliados por la revuelta independentista de octubre de 2017. La respuesta de la otra parte anuncia una decepción para los independentistas. El presidente Pedro Sánchez la resumía en estos términos, en la entrevista publicada el domingo en EL PAÍS: “España no tiene ningún problema con Cataluña; quien tiene un problema es el propio independentismo con la concepción plural de la sociedad catalana”. Se entiende que si no hay problema, no hay conflicto. Pero algo debe haber, sin embargo, para que el propio Sánchez ofrezca al Gobierno catalán una “agenda de reencuentro” que incluye un conjunto de inversiones y de financiación de gran interés para la recuperación económica de Cataluña y de España.

Lo del conflicto catalán suena en boca de los independentistas a préstamo tomado de los abertzales vascos. Ellos llevan años hablando del suyo con el Estado español. La particularidad de la presente coyuntura es, no obstante, muy digna de ser tenida en cuenta por Sánchez, pues de ella depende la estabilidad de la mayoría parlamentaria que le sostiene en el Gobierno. La síntesis de la cuestión es simple: la parte catalana de la citada mesa de negociación del día 13 deberá decidir si acepta o no cambiar conflicto por inversiones y financiación. Y la otra parte deberá asumir que un eventual desacuerdo surgido de la negación de la existencia de un conflicto Cataluña-España puede reventar la estabilidad de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

El PP introdujo la duda de si los pactos con el progresismo español bastaban al catalanismo para garantizar sus objetivos

En cualquier caso, la derivada de esta situación es que ninguna de las dos partes dispone de alternativa. Para los independentistas y para el catalanismo en general, es una necesidad estratégica vital mantener a los progresistas en el Gobierno de España, porque la agenda de las derechas españolas es abiertamente partidaria de echar abajo los logros de la autonomía en Cataluña. En idéntica situación se halla el progresismo español, que necesita a las fuerzas regionalistas, nacionalistas e independentistas de la periferia ibérica para lograr la mayoría en las instituciones centrales del Estado.

Esta ecuación no es una novedad histórica. Ambas partes la han tenido casi siempre en cuenta. En la Segunda República, bajo la dictadura franquista, durante la Transición y después de ella. Los acuerdos de Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba con Pasqual Maragall y Artur Mas para el Estatuto de Autonomía de 2006 eran eso. Al echarlos abajo en 2010, Tribunal Constitucional mediante, el PP introdujo en Cataluña la duda de si los pactos con el progresismo español bastaban para garantizar los objetivos del catalanismo. Esa duda permanece, sobre todo en el ala derecha del independentismo. Y es una insidiosa cuña en la coalición catalana de gobierno. ¿Para qué pactar con el PSOE y Podemos, si a fin de cuentas quien controla las instituciones centrales españolas es el PP, esté en el gobierno o en la oposición? ¿Dilema diabólico o falso dilema? La próxima semana, nuevo capítulo.