Iqoxe planea reactivar en abril la fábrica que explotó en Tarragona

Se cumple un año de la explosión química que sufrió una planta de la empresa Iqoxe en Tarragona y muchos interrogantes siguen abiertos. Pese a ello, la empresa, que desde hace meses ha vuelto a fabricar el óxido de etileno que estaba en la mezcla que estalló, mueve ficha para recuperar el 100% de su capacidad operativa antes de tres meses. El departamento de Empresa indica que, si los informes de seguridad industrial son correctos, no se puede alargar la suspensión de la actividad.

Dos informes técnicos distintos y una investigación judicial en curso no han aclarado, todavía, qué hizo volar por los aires a un reactor relleno de óxido de etileno de la química Iqoxe. La empresa está operando a medio gas desde hace ocho meses, se ha centrado en producir precisamente óxido de etileno, y plantea tener luz verde para reactivar el 100% de sus instalaciones en abril. Si no antes. El departamento de Empresa de la Generalitat admite que, al menos una de las unidades de la fábrica que explotó podrá volver a funcionar “en breve” porque la tramitación de la autorización está “muy avanzada”.

La tarde del 14 de enero del 2020 una bola de fuego emergió sobre el polígono sur del complejo petroquímico de Tarragona. La violenta deflagración mató a tres personas. Justo un año después del suceso, las incertidumbres perviven. Las fábricas químicas están integradas en los barrios de Torreforta, Camp Clar y, sobretodo, Bonavista, cuya asociación de vecinos dispondrá de 150.000 euros donados por Iqoxe. La empresa, a través de su seguro, ha asumido el coste de arreglar las grietas y los estropicios en las viviendas causados por el estallido. Más lenta va la rehabilitación del bloque donde vivía Sergio Millán, el frutero de 59 años que murió sepultado en su casa por una chapa metálica despedida por el reactor.

La frase “ha pasado un año y nada ha cambiado” no se escucha solo en el vecindario de Sergio sino que es común en toda el área residencial que rodea la petroquímica, una franja que se alarga hasta Port Aventura, Salou y Reus y que abarca a 360.000 personas.

El “nada ha cambiado” sirve al colectivo ecologista Gepec para denunciar una “deficiencia de los controles realizados por parte de las administraciones” y, también, se sobreentiende en las declaraciones del alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, cuando critica duramente la falta de inversión de la Generalitat para desplegar la prometida red de sensores de seguridad entorno a la petroquímica. “No es fácil encontrar los recursos para hacerlo, el Gobierno tiene un orden de preferencias”, alegó recientemente el consejero de Interior Miquel Sàmper. “Es incomprensible”, le respondió Ricomà, avisando que Tarragona y el territorio que rodea la ciudad “está muy sensibilizado, sobre todo a raíz del accidente de Iqoxe”.

La compañía informa que está trabajando por debajo del 40% de su capacidad y razona que, pese a las dudas que pesan sobre el accidente, “no tendría que haber problemas” en recuperar la actividad en toda la fábrica en un plazo de tres meses porque “la tecnología no tiene nada que ver con la que se usaba en el reactor que explotó”. El complejo Iqoxe está distribuido en varias plantas. La de óxido de etileno y otros cuatro reactores para producir derivados químicos. El departamento de Empresa manifiesta que la puesta en marcha de uno de esos reactores puede ser “inminente” y avanza que si la compañía cumple con la tramitación de los informes y dictámenes de seguridad no habrá motivos para no levantar la suspensión que pesa sobre el resto de la instalación.