Los productores exigen un plan “real” para el audiovisual en 2021

A la cuarta debería ir a la vencida. El sector audiovisual catalán, capitaneado por Raimon Masllorens, presidente de PROA, la federación de productores, había lanzado hace unos días el informe SOS de l’audiovisual català, en el que reclamaban, por cuarta vez desde 2013, un plan de reactivación de esta industria, que ha pasado de representar a cerca del 45% de la producción audiovisual en España en 2010, a no llegar al 20% actualmente. Este jueves PROA ha reunido a representantes de todos los partidos del Parlament para pedir actuaciones urgentes. Tras más de una ora y media de exposición de la situación y de debate, los políticos han reconocido no haber estado a la altura, han pedido perdón, han propuesto soluciones… pero Masllorens se ha quedado con “una sensación agridulce”: “Me sigue faltando concreción en las medidas”, ha resumido al final del debate. “Las medidas que sea, por favor, no las apliquen más allá de 2021, porque más tarde no nos encontrarán, habremos tenido que irnos fuera de Cataluña”.

Las exigencias, históricas, ya, de los productores se basan en tres puntos: reformar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para que vuelva a ser el motor de la industria en Cataluña en el nuevo entorno digital con un plan a medio plazo y con el cambio n o solo de los nombres de los actuales gestores, sino de todo el modelo, de manera de acabar con el “control excesivo” de los partidos dentro de la Corporación. Según los productores, hay que reducir la inversión en estructura y aumentarla en contenidos. La segunda reclamación es un programa de ayudas e incentivos para la atraer inversiones, ya que consideran que actualmente hay una falta de inversiones públicas y privadas y de ayudas e incentivos. En tercer lugar, preocupa la poca presencia de delegaciones de nuevas plataformas en Cataluña y la constante disminución en la emisión por cadenas privadas de producciones hechas en Cataluña.

David Mejía (Ciudadanos), Francesc Ten (Junts per Catalunya), Raquel Sans (ERC), Rafel Bruguera (PSC), Mar García (En Comú Podem), Natàlia Sànchez (CUP) i Juan Milian (PPC) han coincidido en los aspectos principales, (“es curioso ver tantas coincidencias entre partidos tan diferentes”, ha comentado el productor de Minoria Absoluta Paco Escribano), empezando por hacer autocrítica. Mejía reclama políticas conjuntas; Ten exige que el Estado ayude en la obtención de incentivos fiscales y un equilibrio territorial en las televisiones privadas; Sans insiste en que hace falta un proyecto concreto para la Corporació; Bruguera habla de problemas propios del sector (TV3 ha dejado de ser motor del audiovisual) y genéricos (infrafinanciación…); Mar García cree necesarios cambios estructurales en la Corporació; Sànchez pide un pacto “real” por el sector; y Milián, transparencia. Todos están de acuerdo en alcanzar el 2% del presupuesto para Cultura (lo que significaría 900 millones de euros, el triple de lo que tenemos ahora mismo, ha recordado Bruguera). Masllorens insiste: “Creemos que los principales responsables sois los políticos, no los técnicos”.

A instancias de Isona Passola, presidenta de la Acadèmia Catalana del Cinema, la cuestión del catalán ha sido el punto discordante entre los políticos, dejando a parte las acusaciones de “culpabilidad” que han recibido los partidos de Gobierno. PROA ha pedido que las producciones en las “lenguas cooficiales” del Estado no representen nunca menos del 10% del presupuesto. “Es nuestra línea roja en las negociaciones”, ha añadido Masllorens. Mientras la mayoría de los diputados presentes han considerado que ese mínimo es vital para la supervivencia del audiovisual en catalán, los representantes de Ciudadanos y PPC han quitado importancia a este tema dejando en manos de los empresarios la decisión lingüística.

La industria audiovisual, que el periodista cultural Òscar López, moderador del encuentro (al que han asistido, ya de forma virtual, profesionales del sector), ha recordado que factura 6.700 millones de euros en Cataluña, sigue luchando por recuperar un terreno perdido, acuciado ahora por la situación de emergencia sanitaria, y exige a los políticos “hechos y no solo palabras”.