La CDR que fue detenida por terrorismo es juzgada solo por desórdenes
Tamara Carrasco afronta una petición de siete meses de cárcel por enviar un mensaje de voz alentando protestas en la calle
La hipótesis de la Guardia Civil no prosperó. Por eso Tamara Carrasco acudió ayer a un juzgado de Barcelona y no a la temible Audiencia Nacional. Detenida el 10 de abril de 2018 como presunta cabecilla de los sabotajes protagonizados en los días previos por los Comités de la Defensa de la República (CDR), Carrasco afrontaba inicialmente una causa por dos de los delitos más graves del Código Penal: terrorismo y rebelión.
Obligada por orden judicial a permanecer durante más de un año confinada en su ciudad, Viladecans —mucho antes de que el coronavirus convirtiera el confinamiento en algo cotidiano—, Carrasco ha visto cómo su proceso judicial se desinflaba... Hasta acabar acusada por un delito de incitación a cometer órdenes públicos. Afronta una petición de la fiscalía de siete meses de prisión.
En los juicios, los acusados no suelen hacer uso de la última palabra por miedo a estropearlo todo. Tamara, reivindicativa, sí lo hizo: se dijo víctima de una “operación de Estado”, denunció su “linchamiento público” y el “sufrimiento” de su familia, defendió a los CDR y pidió, en fin, su absolución. “Esto no es justicia, es escarmiento”, dijo al término de un juicio que giró en torno a un audio de Whatsapp.
Carrasco grabó un audio de casi seis minutos en el que anunciaba acciones de los CDR en protesta por el encarcelamiento de los líderes del procés. “Mañana habrá unos cortes que ahora os explico (...) El martes habrá una especie de sabotaje y esperaremos a tener noticias de Puigdemont”. Y otras frases del mismo estilo.
El mensaje y la acción
El mensaje circuló por redes sociales y llegó a oídos de la Guardia Civil, que abrió una investigación y llegó a descubrir su identidad. El principal investigador declaró ayer en el juicio. “Hay una correspondencia casi absoluta entre lo que anuncia y lo que ocurrió después”. Durante la Semana Santa de 2018, grupos de CDR cortaron carreteras en lo que el fiscal califica de intentos de “perturbar la convivencia”.
La activista negó haber dado “directrices” para cometer desórdenes públicos y alegó que se limitó a transmitir, en un grupo privado de Whatsapp, el contenido de una asamblea.
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