Nueva normalidad

Empezamos a aprender a convivir con limitaciones. Las autoridades procuran combatir a la covid-19 con recomendaciones de autoprotección que, realmente, son llamadas a la desconfianza sanitaria recíproca. Si los clásicos definían la desconfianza con la fórmula homo homini lupus (el hombre es un lobo para el hombre, o sea, cualquiera puede atacarme), ahora podríamos parafrasear a los clásicos: homo homini virus, cualquiera puede contagiarme. Pero como la ciudadanía no siempre acepta de buen grado recomendaciones de autolimitación, ha sido necesario, además, dictar disposiciones normativas limitadoras de derechos, que son incompatibles con la normalidad normal de antes de la pandemia. Para evitar los posibles contagios es obligatorio llevar mascarilla, se suprime el público en el fútbol, se prohíben las corridas de toros, se limita el número de asistentes en bodas y entierros, se cierran los locales de ocio nocturno, los prostíbulos, y, además, se prohíbe fumar. Estas medidas generan, lógicamente, malestar a empresarios y usuarios de esas actividades que eran la manifestación práctica cotidiana de la normalidad normal.

Ya estamos inevitablemente inmersos en lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad. La llaman nueva para distinguirla del modo de convivencia que existía antes de la llegada de la covid-19. Nuestra convivencia hasta entonces no era, precisamente, un desiderátum, pero ahora añoramos aquel modo de convivencia, de relaciones interpersonales, de trabajo y de ocio. La pandemia está siendo un cataclismo interminable con decenas de miles de muertos y una ruina económica insoportable. El confinamiento dejó heridas gravísimas en nuestro tejido laboral, empresarial, social que tardarán mucho en cicatrizar. Sobre este erial empezamos a construir la llamada nueva normalidad.

A las autoridades les corresponde dictar recomendaciones y prohibiciones cuando las estimen imprescindibles para proteger la salud pública, aunque con ello limiten derechos de las personas, incluso derechos fundamentales. Pero no está asegurado que esas autoridades acierten siempre en sus decisiones, o que, en ocasiones, no se excedan en el ejercicio de su autoridad. Por esa razón la ley establece un control judicial que corresponde a los tribunales de lo contencioso-administrativo. Estos deben autorizar o ratificar las medidas de las autoridades sanitarias que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, aplicando en su juicio criterios de necesidad y proporcionalidad. En distintas comunidades autónomas han proliferado resoluciones judiciales, unas autorizando o ratificando las decisiones de las autoridades sanitarias, y otras desautorizándolas. Y es normal, porque los casos juzgados eran distintos, aunque también porque los jueces son distintos y con distinto criterio de la necesidad y la proporcionalidad. Tardarán en ponerse de acuerdo entre todos ellos y en consolidar una doctrina homogénea.

Debemos reconocer que nuestro sistema de control judicial, ante este problema, no funciona con la prontitud, certeza y seguridad jurídica que serían deseables. Además, existe un debate interminable de políticos y juristas sobre si basta o no con el estado de alarma para dictar órdenes prohibitivas, si las leyes sanitarias vigentes son claras y suficientes, o si hacen falta otras leyes. Es razonable que la gente exprese su desconcierto e insatisfacción. No sabe, con seguridad, cuándo puede abrir su local, cómo funcionará el colegio de sus hijos, o dónde puede fumar.

El desconcierto deriva fácilmente hacia la desconfianza y la hostilidad frente a las prohibiciones, las normas y las instituciones. Los desconcertados, los perjudicados económicamente, los incomodados en su disfrute de la antigua normalidad, junto con los negacionistas de toda índole, son un caldo de cultivo óptimo en el que las ultraderechas rebañan sus huestes. En Berlín casi 30.000 y en Madrid escasamente 3.000 antidemócratas ejercieron su derecho de manifestación democráticamente, pero con un provocador menosprecio de las disposiciones sanitarias obligatorias.

El delegado del Gobierno en Madrid no podía prohibir esa manifestación anticipadamente y, cuando se hizo evidente el incumplimiento calculado y masivo de la legalidad sanitaria, no estimó conveniente disolverla con la Policía Nacional, con el argumento de que el uso masivo de la fuerza pública no habría sido proporcionado ni necesario. Argumento no alejado del que, recordemos, fue esgrimido por el mayor Trapero en Barcelona en el referéndum del 1-O. Además, existía el precedente del mismo delegado que no prohibió ni disolvió la manifestación feminista del 8-M, lo cual le colocó en situación de investigado en una causa penal. Los denunciantes dispusieron del apoyo de un extraño informe con intención incriminatoria, cargado de afirmaciones y suposiciones infundadas, distorsionando la realidad, impropio de un informe técnico de policía judicial, urdido por la Guardia Civil, dirigida por el coronel Diego Pérez de los Cobos. Ya tenía experiencia. Nihil novum sub sole.