La fiscalía cree que el tercer grado a los presos del ‘procés’ alienta la “impunidad”

La fiscalía continúa dando la batalla para que los líderes independentistas condenados hace un año por sedición y malversación en el juicio del procés no puedan disfrutar, al menos de momento, de un régimen de vida en prisión más flexible. El ministerio público ha recurrido ante el Tribunal Supremo la clasificación de los presos en tercer grado, que hasta hace poco les permitía acudir a la cárcel solo a dormir de lunes a jueves y pasar los fines de semana en sus casas. A finales de julio, la Fiscalía logró que la justicia suspendiera de forma cautelar el tercer grado y los presos volvieron a la cárcel; ahora intenta que el Supremo se pronuncie sobre el fondo y anule la concesión de ese régimen de semilibertad.

La concesión “prematura” del tercer grado a los presos del procés por parte del Gobierno catalán, opina la Fiscalía, “crea una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad”. El escrito llega después de que el juzgado de vigilancia penitenciaria que supervisa los asuntos de la cárcel de Lledoners (Barcelona) avalase la concesión del tercer grado. El juez, pese a todo, decretó que se suspendiera su disfrute a la espera de que el Supremo se pronuncie.

Los recursos atañen a los siete líderes independentistas que permanecen en Lledoners (todos los varones, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras) y se dirigen a la sala segunda del Supremo. Este es el tribunal que dictó sentencia y al que corresponde pronunciarse en última instancia sobre la clasificación penitenciaria de los condenados. A diferencia de los siete presos de Lledoners, tanto la expresidenta del Parlament Carme Forcadell como la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa siguen disfrutando del tercer grado porque, en su caso, los jueces de vigilancia no vieron necesario suspenderlo.

A finales de julio, el Supremo marcó el camino que puede seguir en este asunto al revocar los permisos de los que disfrutaba Forcadell en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Ese artículo, del que se beneficiaron todos los líderes independentistas, permite a los presos en segundo grado (el régimen ordinario) disfrutar de salidas diarias de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado. El Supremo tildó de “injustificable” ese régimen.

Rehabilitación fracasada

En términos muy duros, como es habitual en los escritos sobre los presos del procés, la fiscalía sostiene que, al concederles el tercer grado, el Govern ha pretendido “alterar la decisión condenatoria de la sentencia”. Antes de otorgar ese régimen, el interno debe haber “casi cumplido” todos los fines de la pena impuesta.

La fiscalía opina que la rehabilitación de los presos del procés “ha fracasado” porque mantienen “todos los déficits” que les llevaron a delinquir, incluida la “falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia”. Los escritos insisten en que los presos no han reconocido la comisión de un delito ni han superado un programa específico de tratamiento; y resaltan la gravedad de los hechos y de las penas impuestas: entre nueve y 13 años de prisión.