Casi doscientos citados a declarar por el bloqueo de la frontera con Francia

Casi doscientas personas han sido citadas a declarar como investigados por desórdenes públicos y daños por el bloqueo de la frontera con Francia que tuvo lugar el pasado noviembre en el marco de las protestas contra la sentencia del procés convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic.

El auto del juzgado de instrucción número 4 de Figueres relata que los días 11 y 12 de aquel mes se produjo el corte de tráfico “no autorizado de la autopista AP-7, que interrumpía la libre circulación de personas y mercancías por vía terrestre con territorio francés y con el resto de Europa”.

La convocatoria y posterior coordinación del bloqueo se realizó a través de canales propios de comunicación de Tsunami Democràtic, entre los que se cita la aplicación de móvil creada al efecto, así como redes sociales o mensajería instantánea.

Los manifestantes levantaron barricadas e, incluso, montaron un escenario en el centro de la autopista con infraestructura que incluía altavoces e iluminación, y desde el que se realizaron "arengas a los presentes y conciertos durante toda la noche y madrugada".

La policía contabilizó a unas 1.200 personas al amanecer del 12 de noviembre y una treintena de tiendas de campaña y constató una organización logística que suministró comida y bebida e instaló lavabos portátiles. Además, se facilitó la comunicación con la puesta en marcha en aquel punto de un enrutador y de material diverso de telefonía móvil.

La policía, ante los altercados entre manifestantes y algunos transportistas y usuarios de la vía, tuvo que habilitar una alternativa de ruta por la carretera N-II para minimizar los efectos del corte, pero fue bloqueada también por los congregados.

Mossos d’Esquadra y Guardia Civil procedieron a las 07.30 horas del 12 de noviembre a desalojar la autopista de forma simultánea con las fuerzas policiales francesas, ante una “oposición violenta” de los que participaban en la acción, que se trasladaron más tarde a la localidad fronteriza de La Jonquera y, después, a Girona.

Ahora, se ha levantado el secreto de sumario y, una vez dejado atrás el estado de alarma, se retoma una causa donde el juzgado presume "la posible existencia de varias infracciones penales" por desórdenes públicos y daños.

El auto, que recoge una denuncia cruzada entre un mosso y un manifestante, cita también al representante de la empresa concesionaria de la autopista, Acesa, para que aporte acreditación de los daños sufridos. Igual sucede con la Confederación Española de Transporte de Mercancías y patronales del sector como Fenadismer y se requiere a la empresa contratada para el montaje del escenario para que aclare quién solicitó el servicio.