Condenados el exalcalde y un exconcejal de CDC en Torredembarra
El juez considera un fraude la adjudicación de los chiringuitos entre 2011 y 2014
![>El exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, en 2014.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/DYQQHXPALT5YVJCXBEPUGMQTUE.jpg?auth=388bfe9141901a2fa1235ae05381d593ec2c71c246d40dc9c14870e8811f12c4&width=414)
![El País](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0b9a52b8-006a-4382-938a-05e3d58f07cf.png?auth=d7a4bd5f610bf92a4f1d3b8bd39266a940bc685b735267a60e73646c6f66a05c&width=100&height=100&smart=true)
El Juzgado Penal 2 de Tarragona ha condenado al exalcalde de CDC en Torredembarra (Tarragona) Daniel Masagué y al exconcejal por la misma formación, Pere Font, por la adjudicación fraudulenta de los chiringuitos de la ciudad entre 2011 y 2014 al empresario y miembro del partido Gerard Montserrat, también condenado en la causa.
La sentencia, consultada por Europa Press, condena a Masagué a dos años de prisión por fraude y prevaricación, además de 17 años de inhabilitación; por los mismos delitos, la sentencia fija un año y medio de cárcel y 15 años de inhabilitación para Font; y a Montserrat le inhabilita seis años para ejercer un cargo público y tres años para recibir subvenciones y ayudas públicas.
Además, entre los tres deberán pagar al Ayuntamiento de Torredembarra los 30.212,49 euros que el juez considera probado que estafaron con la adjudicación de los chiringuitos entre 2011 y 2014.
La sentencia relata que Masagué, Font y Montserrat “se concertaron” para beneficiar al empresario, desde 2013 presidente de CDC en el municipio, con la adjudicación del alquiler y compra de los chiringuitos.
“Adjudicación que se llevaría a cabo con desprecio total de las normativas administrativas y legales de contratación pública, evitando así la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros ajenos a ese concierto previo”, explica el juez en la sentencia.
El texto recoge los expedientes para la contratación que firmaron "tratando de dar una apariencia de legalidad a la adjudicación", que aprobaron tramitar en un procedimiento negociado y sin publicidad: se presentaron tres empresas, incluyendo la de Montserrat, y las otras dos se retiraron del concurso.
El abogado de la defensa, Pau Simarro, expresó en declaraciones a los periodistas su “absoluta disconformidad” con el fallo, y avisó de que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Tarragona. “El juez ha aceptado todo el relato del Ministerio Público y la acusación particular” que ejerce el Ayuntamiento,reprochó Simarro.
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