Agentes sociales y Govern apuestan por volver al trabajo sin tests masivos

El protocolo para la vuelta al trabajo no incluirá la recomendación de realizar test diagnósticos masivos en las empresas, ya que el departamento de Salud desaconseja su uso a menos que sea estrictamente necesario, dada la baja precisión de los test disponibles. El Govern, los sindicatos y las patronales Foment del Treball y Pimec, integrantes del Consejo de Relaciones Laborales, ultiman un documento que se publicará a principios de esta semana y que recomendará hacer test solo a los empleados que presten servicios en entornos médicos, residenciales y penitenciarios.

El documento que el Consejo de Relaciones Laborales está terminando de redactar constará de una serie de recomendaciones para la vuelta al trabajo en cuanto el proceso de desescalada empiece a ser homogéneo en todas las regiones sanitarias. Govern, sindicatos y patronales han pactado dar prioridad al teletrabajo siempre que sea posible, ya que, según fuentes consultadas, “se ha demostrado como la mejor herramienta”.

En el caso de que se tenga que volver al centro de trabajo, el Consejo recomendará extremar las precauciones y respetar la distancia de seguridad, así como la obligación de utilizar equipos de protección individual como mascarillas, guantes y batas. El documento detallará en cada caso qué medidas de seguridad recomienda para los trabajadores de los distintos sectores y según la normativa vigente, que cambia en cada fase de la desescalada, en especial en el caso de la restauración y el comercio.

Es en el capítulo de las pruebas diagnósticas donde sindicatos, patronales y Govern no terminan de ponerse de acuerdo, lo que ha llevado a retrasar la publicación de las recomendaciones oficiales en Cataluña. El departamento de Salud ya desaconsejó realizar test masivos en las empresas en la vuelta al trabajo, y avisó que el Govern podrá vetar este uso masivo. El objetivo es que las empresas, que ya han empezado a comprar pruebas diagnósticas para sus empleados, no dejen a la administración sin disponibilidad de test.

El departamento también estableció que las empresas que quieran comprar test para sus trabajadores necesitarán una autorización de la Generalitat. Este permiso, en un inicio, preveía un periodo de hasta tres meses entre el momento en el que las empresas emiten la solicitud y que se autoriza. Ante la negativa de las patronales, que consideraron inviable este periodo de tiempo, se redujo a cuatro días. Según fuentes de las asociaciones empresariales, este periodo tampoco convence a todas las partes, motivo por el que se está retrasando la publicación de las recomendaciones.

Sindicatos y patronales sí han accedido a desaconsejar los test masivos, que solo se llevarán a cabo en aquellas personas que trabajen en centros sanitarios, residenciales o en las prisiones. En el resto de empresas, el uso de pruebas diagnósticas solo se recomendará en tres casos: para los trabajadores que se reincorporan después de una cuarentena tras haber estado en riesgo; para los que presentan síntomas; o para los que tienen que aislarse al haber estado en contacto con una persona de riesgo.

"El uso de test en los centros de trabajo no puede sustituir en ningún caso las medidas preventivas", explica Cristina Torre, secretaria de Acción Sindical de CC OO. Torre defiende que, en las actuales circunstancias, “no es recomendable realizar test masivos”, ya que por su disponibilidad no se pueden hacer cada día a todos los trabajadores, y destaca que todas las partes coinciden en priorizar las medidas de seguridad. Los sindicatos reclaman que, en paralelo al proceso de desescalada, se avance en una regulación clara sobre la nueva realidad en el trabajo, en especial en el que se realiza de forma telemática.

Con la inminente vuelta al trabajo presencial también de los trabajadores de la Generalitat —prevista en las próximas semanas aunque pendientes de la evolución de los indicadores sanitarios, según ha detallado el Govern—, los sindicatos reclaman que se convoque la Mesa General de la Función Pública.

Las relaciones entre los representantes de los trabajadores y el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, son tensas desde que el consejero decidió destinar los fondos adicionales (previstos para un incremento salarial de todos los funcionarios) a otorgar una paga extra a los trabajadores de los sectores más implicados en la respuesta a la pandemia. Además, unas declaraciones de Puigneró la semana pasada, en las que defendía el teletrabajo —se refirió a ello con frases como “lo de ir a calentar silla y a fichar se ha acabado” o “el teletrabajo equivale a un aumento de sueldo”—, acabó de encender los ánimos de los sindicatos. La reunión que reclaman serviría para fijar las condiciones de la desescalada pero también para retomar la negociación sobre los incrementos salariales.