Activistas de redes vecinales denuncian que la policía les sanciona cuando llevan comida a vulnerables

Una veintena de redes vecinales del área metropolitana se han unido a raíz de la crisis social surgida por la pandemia de la covid19 y reparten alimentos a las familias más necesitadas. Estas improvisadas redes de ayuda denuncian que están haciendo funciones que deberían realizar las administraciones públicas y que –además-, en varias ocasiones han sido denunciados por las policías municipales cuando realizaban reparto de alimentos.

Sílvio Covolo, una de los portavoces del Sindicato de Barrio del Poble Sec, asegura que en todos los municipios “sindicatos de vivienda, colectivos antirracistas y redes vecinales” han tenido que “reinventarse en un tiempo récord” para responder a las necesidades de los vecinos más necesitados. En un comunicado conjunto, las “redes de apoyo mutuo” aseguran que desde que se decretó el estado de alarma hasta el 23 de abril se han entregado alimentos a más de 5.500 personas en el área metropolitana de Barcelona. “Día tras día la situación de las personas más vulnerables empeora sin que los responsables políticos se hagan cargo y las redes de apoyo mutuo estamos desbordadas, no llegamos a dar respuesta a la demanda que hay. Muchas de las personas y familias que ya vivían al día, antes de la crisis, ahora no tenemos ni para comprar alimentos u otros productos de primera necesidad”, lamenta Covolo.

Las redes vecinales consideran “insuficientes y casi ridículos los puntos que se han habilitado para repartir comidas diarias en ciudades como Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona o Santa Coloma de Gramenet”. Además de criticar la “militarización de lo social”, consideran que los servicios sociales “en lugar de dar soluciones, generan listas de espera y acaban derivando a las familias vulnerables a las redes de apoyo mutuo”, que admiten que tienen “capacidad limitada”.

Las entidades denuncian que están sufriendo “acoso policial y multas” de los agentes municipales cuando salen a hacer el reparto de alimentos. Consideran que los ayuntamientos son los responsables directos de esta “represión” y denuncian “su hipocresía, la falta de apoyo, protección y reconocimiento” a las labores de estos colectivos.

Los colectivos se distribuyen para recoger excedentes de lugares como Mercabarna y donaciones, pero consideran que las instituciones son las que deben abrir los bancos de alimentos, ayudar económicamente a la gente sin recursos y obligar a la suspensión de los alquileres en situaciones de vulnerabilidad, además del pago de los servicios de luz, agua, teléfono e internet. También creen que se debe prolongar la prohibición de los desahucios y desalojos. Las entidades también exigen la regularización de personas migradas.