El Govern se enreda con su obra pública

El Govern ha vuelto a modificar su criterio este viernes sobre si continuar o no con la obra pública que está bajo su responsabilidad. Se trata del tercer cambio de parecer en lo que va de semana. Y el cuarto desde que empezó la crisis del coronavirus. Al final: se detienen todos los tajos que dependan de la Administración, a no ser que se trate de obras esenciales, como las que se están realizando para reparar daños del temporal Gloria.

Las constructoras se han topado con esa nueva línea de trabajo en la rueda de prensa posterior a la reunión de Govern. El Ejecutivo catalán ha acordado adaptar la normativa para “suspender todas las obras públicas de la Generalitat, estén o no de acuerdo los contratistas”, ha explicado la portavoz, Meritxell Budó. Pocas horas antes, el jueves por la tarde, el principal adjudicador de obra pública autonómica, Infraestructures.cat, colgaba en su portal el formulario necesario para que los contratistas pudieran pedir la paralización de las obras en las que estaban inmersos. Ese documento ya no sirve, si bien se desconoce cuándo entrará en vigor la nueva decisión del Ejecutivo de Quim Torra de paralizar de forma automática la construcción de origen público.

En el comunicado remitido ayer por la Generalitat, sin embargo, se nota un cambio de estrategia desde el Govern. En su orden deja de referirse al decreto del estado de alarma y pasan a basarse en la ley de contratos públicos de la Administración, que dotaría al Ejecutivo autonómico de más margen de maniobra, señalan fuentes del sector, que dan por hecho que si se ha dado ese paso es porque el Govern cuenta con el beneplácito del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno central aún no ha tomado la decisión de paralizar sus obras, aunque empiezan a tener la presión del sector, sobre todo de la patronal de las grandes constructoras, Seopan. En Cataluña la medida era reclamada desde la Cámara de los Contratistas desde hace quince días. Los colegios técnicos catalanes, entre los que estaba el de Arquitectos, reclamaron hace unos días al Gobierno central “las medidas necesarias” para paralizar todas las obras de construcción que no se consideren esenciales en estos momentos.

El Govern cargará con los gastos derivados de las suspensiones de obras, que incluyen seguros, empleos y el alquiler de la maquinaria que quedará retenida en las obras. Budó ha asegurado que, antes del estado de alarma, había 37 obras en activo contratadas por la Generalitat, de las cuales 17 ya se han paralizado voluntariamente, mientras que el resto ha asegurado que se suspenderán si no son esenciales. Budó no ha explicado a cuánto podría ascender este gasto.

El Govern dictó inicialmente un decreto para frenar las obras de su competencia a partir del pasado miércoles, pero al cabo de poco dejó esa paralización en manos del contratista. Hasta la decisión que parece definitiva de este viernes para “la suspensión de la ejecución de contratos de obra que no sean básicas o estratégicas”, independientemente de que el contratista esté de acuerdo o no.

Frente a las críticas del Ayuntamiento de Barcelona por no paralizar las obras de inmediato, Budó ha recordado que el Govern en un primer momento ya decretó el cese de la actividad de la obra pública, pero que luego “el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos” dictaminó que tenían que pedirlo los contratistas, a lo que se adaptó la Generalitat. Ante esta circunstancia, lo que ha hecho finalmente el ejecutivo de Quim Torra este viernes es introducir una modificación para que el Govern “de oficio pueda suspender la ejecución de contratos de obra, tanto de la Generalitat como de su sector público, mientras dure estado de alarma”. Al ser una medida “de urgencia”, Budó ha señalado que no tienen cuantificado el coste que supondrá para las arcas públicas asumir los gastos de la paralización de las obras públicas.