Expertos y sindicatos instan a difundir los protocolos para atajar el acoso sexista

Sindicatos y expertos en políticas de igualdad coinciden en la necesidad de hacer una mayor difusión de los protocolos para atajar los casos de acoso sexista en el trabajo. Una ley de 2007 obliga a las empresas a disponer de ese instrumento pero en la mayoría de ocasiones no se realiza un trabajo previo de concienciación y de difusión para que las trabajadoras denuncien con garantías. La Generalitat ha gestionado solo 25 casos en cinco años y solo Esquerra y la CUP, los partidos que han sufrido sendos escándalos de acoso en sus filas, disponen de un protocolo.

En ocho días el alcalde de Argentona, Eudald Calvo, de la CUP, tuvo que dimitir de su cargo tras ser acusado por una mujer en Twitter de abusos sexuale s y este lunes Alfred Bosch, consejero de Acción Exterior, renunció al cargo por proteger e intentar “recolocar” a su exjefe de gabinete, acusado por ocho mujeres del Departamento. Este último caso lo desencadenó una información del diario Ara. Irónicamente la CUP y ERC, las únicas formaciones que gozan de protocolos propios, son las que se han visto salpicadas.

La pregunta de fondo en el caso de Acción Exterior es por qué ocho trabajadoras optaron por vehicular su situación por otros canales y no mediante el protocolo establecido por la Generalitat en 2015. “El protocolo no falló”, defendió el pasado martes la portavoz del Govern, Meritxell Budó. En la dirección de Función Pública defienden que el protocolo y los mecanismos de denuncia están en la intranet de la Generalitat, pero con todo, las presuntamente acosadas por Carles Garcías optaron por otras vías.

Encarna Bodelón, profesora de Filosofía del Derecho de la Universitat Autònoma y directora del grupo Antígona, que investiga políticas de igualdad de género, sostiene que el caso de Exteriores es un reflejo de lo que sucede en muchas empresas. “La Ley de Igualdad de 2007 obliga a aplicar las empresas e instituciones a tener protocolos pero no nos lo hemos tomado en serio”, lamenta Bodelón, coautora, junto a Carolina Gala, profesora de derecho del trabajo de la misma universidad, de un informe sobre la teoría y práctica de los protocolos frente al acoso sexual. Bodelón sostiene que los protocolos no se divulgan suficientemente y se remiten a las empleadas, muchas como un mero trámite sin un proceso de sensibilización o formación. “Son desconocidos”, dice.

“Las acciones de comunicación y de formación sobre acoso también forman parte del protocolo. Eso también permite medir su eficacia”, añade Alba García, secretaria de mujeres y políticas LGTBI de CCOO. El miedo de las mujeres a denunciar sigue siendo el principal escollo para que este tipo de herramientas funcione, si bien también en muchas ocasiones hay una falta de interés por parte de las plantillas respecto a la formación sobre estos temas. “Cuando haces una charla sobre la recuperación de la paga extra de los funcionarios te vienen muchas personas. Cuando haces un taller sobre igualdad y abusos, solo asisten los convencidos”, lamenta Fèlix Santos, representante de UGT en los órganos de Función Pública que evalúan las políticas de igualdad.

La Generalitat informó que en los cinco años de su protocolo lo ha activado en 25 casos. Bodelón sostiene que esa cifra es ridícula si se compara con los datos recogidos en la Encuesta de violencia machista elaborada por el Departamento de Interior de la Generalitat de 2016. El sondeo mostró que el 1,2% de las encuestadas había sufrido acoso sexual en el trabajo. “La gente no se anima a denunciar sino ve que esos mecanismos funcionan o si hay garantias de que van a servir de algo”, dice. El Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con una plantilla de 12.000 empleados, dispone desde 2017 de un protocolo específico para atajar las violencias sexistas y aún no ha gestionado ni un caso. La única denuncia de la que se tiene constancia ocurrió en 2015 cuando un bombero colocó una cámara en un vestuario de mujeres. El expediente se reguló a través del manual de discriminación y acoso laboral general. El Consistorio está dedicando esfuerzos, afirman fuentes municipales, a los procesos de “formación, sensibilización y trabajo” entre los empleados.

La Diputación de Barcelona (con una plantilla de 4.000 personas) cuenta con un guía de actuación desde octubre de 2017 y se ha activado cuatro veces. En la Universitat Autònoma de Barcelona (con 40.000 personas entre estudiantes, profesores y otros empleados) se han gestionado cinco expedientes: dos se resolvieron con sanción; uno fue suspendido; otro se desestimó y uno está siendo investigado. La CUP, que dispone de un detalladísimo protocolo, ha tramitado 25 casos y dos de ellos con especial impacto mediático: el reciente caso del exalcalde de Argentona y el de la exdiputada Mireia Boya, que denunció haber sufrido acoso laboral por parte un exasesor del grupo parlamentario. El PSC y los comunes carecen de protocolo aunque dicen que lo están elaborando. Cs y el PDeCAT no disponen de ese instrumento y remiten a sus códigos éticos. “No nos constan casos y si sucedieran los pondríamos en manos de la justicia”, dicen fuentes del PP.

Para Vicent Borràs, profesor de sociología de la UAB e investigador sobre el acoso sexual en el mundo laboral, el hecho de que las afectadas de Acción Exterior optaran por comentar su situación con compañeras y no por las vías del protocolo demuestra cómo existe más confianza sobre otras estructuras, como el propio partido (que después sin embargo oculta el caso) y eso debería tenerse en cuenta a la hora de replantear los circuitos. “Las organizaciones tienen que crear un ambiente propicio para que las afectadas o afectados decidan dar el paso. Puede existir la sensación de que hay complicidad entre los hombres o competencia entre las propias mujeres y eso no ayuda”, puntualiza. “Es indispensable que las organizaciones den el mensaje de tolerancia cero con los abusos”, añade Gala, que ha diseñado varios protocolos contra abusos.

La Generalitat y la CUP se han negado a explicar, alegando la confidencialidad, la conducta de los agresores o de cuantificar el número de denuncias. “De esa forma se acaba protegiendo al agresor. Se tiene que explicar qué han hecho los agresores porque eso permite a las victimas identificar y decir: ‘Esto me está pasando a mí”, dice Bodelón. La jurista agrega que hay que partir de la premisa que el protocolo es un instrumento de prevención y de seguimiento y de “encauzar la denuncia” cuando son constitutivas de delito. El protocolo de la Generalitat solo tiene cinco años. Un lustro en el que explotó el movimiento MeToo, las manifestaciones masivas del 9-M... “En general hay más empoderamiento femenino. Es una oportunidad para revisar los protocolos”, dice Gala.