La Junta de Andalucía firma con el Gobierno un acuerdo para incorporar nuevos agentes a la Unidad de la Policía Adscrita

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmaron este jueves en el Ministerio de Interior un convenio para aumentar la plantilla de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), una demanda histórica de este territorio. Este compromiso permitirá que la plantilla cuente con 270 agentes nuevos en los próximos cuatro años. “Hoy se paga una deuda, no con la Junta ni con el Gobierno andaluz, sino con la sociedad y con la UPA, poniendo en el centro la labor que estos agentes realizan para conservar la seguridad en Andalucía”, afirmó Sanz.

Según indican fuentes de la Consejería de Presidencia a este diario, el contrato es prorrogable otros cuatros años más, lo que garantizará que se llegue a los 725 policías con los que debería estar dotado este cuerpo, según estima la Dirección General de la Policía. El acuerdo histórico al que han llegado ambas instituciones hace que se resuelva una deuda histórica con la comunidad autónoma andaluza, que actualmente solo cuenta con 362 agentes. El último convenio data de 2010 y en el 2013 se incorporaron las últimas unidades, destacan esas mismas fuentes.

En el pacto firmado se indica que este mismo año se cubrirán 120 plazas, de las que 70 son en comisión de servicio urgente. Cada año, el Ministerio sacará un concurso específico de méritos para 50 agentes, a los que se le sumarán la parte correspondiente de la tasa de reposición (jubilaciones, ascensos y traslados). “Por fin una reivindicación histórica de Andalucía, que desde hace años tenía muy mermada su plantilla, al 50% prácticamente”, declaró Sanz.

La Junta y el Ministerio se hacen cargo al 50% de las retribuciones de los funcionarios que trabajan en la UPA, donde se incluyen el salario base, pagas extras y complementos. Sin embargo, será la Administración andaluza quien asumirá los gastos operativos, las inversiones en instalaciones, el mantenimiento, los equipos y los medios técnicos.

Las competencias de la UPA son de carácter judicial y administrativo y están recogidas en Estatuto de Autonomía de Andalucía. Entre sus responsabilidades se encuentra el mantenimiento de la seguridad en las instituciones, instalaciones y edificios de titularidad autonómica, la colaboración y asistencia permanente a los servicios de protección al menor y la protección personal de las más altas instancias autonómicas, las víctimas de violencia de género o la fauna y flora.

Este acuerdo, en palabras de Sanz, ha sido posible “gracias al diálogo y la lealtad institucional” y asegura que desde la Junta están “encantados con ello, porque nuestra reivindicación no era política, sino justa”.