Los olivareros denuncian a la Junta de Andalucía por los proyectos de megaplantas solares en la Campiña de Jaén

La plataforma Campiña norte contra las megaplantas solares ha presentado ante los juzgados una denuncia penal contra la Junta de Andalucía por los posibles delitos de prevaricación ambiental y contra la flora y la fauna por los siete proyectos que han empezado a tramitarse en esta comarca jiennense y que van a suponer la expropiación y la tala de más de 100.000 olivos. Muchos de los agricultores afectados por estos proyectos tienen sus explotaciones oleícolas en zonas que estaban llamadas a ser declaradas patrimonio mundial de la Unesco, una protección que se truncó en octubre pasado al retirarse definitivamente la candidatura de los Paisajes del Olivar Andaluz. Como si de un sarcasmo se tratara, parte de los agricultores que en su día se opusieron al Paisaje del Olivar, porque entendían que ponía en peligro el derecho de propiedad de sus explotaciones oleícolas, son ahora los que se han rebelado contra las megaplantas solares en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo.

La denuncia de la plataforma de afectados se ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Andújar (Jaén) y se dirige contra la Junta (de manera concreta contra las delegaciones territoriales de Economía y de Medio Ambiente en esta provincia), por ser la administración autonómica la que está concediendo los permisos pertinentes, y también contra las empresas promotoras de estas plantas, FRV Arroyadas y la compañía gallega Greenalia Solar Power. Esta última anunció recientemente que ya dispone de un crédito de hasta 150 millones de euros para financiar la construcción de estas plantas, que se prevé que estén operativas en 2026. Los siete proyectos que han empezado a ejecutarse tendrán una capacidad de 310 MW y permitirán generar 641 gwh al año.

La Junta de Andalucía ya ha declarado estos proyectos de utilidad pública y también ha desechado las alegaciones presentadas por otras empresas y particulares. Y el pasado mes de julio la administración autónoma notificó a decenas de agricultores el inicio del proceso de expropiación forzosa. La plataforma de afectados estima que ya se han arrancado más de 5.000 olivos, aunque temen que la cifra total de árboles que acabarán talándose (no todos por la vía de la expropiación forzosa) ascienda a más de 100.000.

“Basta de hipocresía, de excusas y falsas verdades; esto no se basa en cuidar el medio ambiente, mejorar la vida de los ciudadanos y de combatir la despoblación. Mentiras veladas que se escudan en un falso ecologismo, aquí de lo que se trata es de enriquecer y favorecer a empresas ‘amigas’, generando más deuda a los ciudadanos”, claman desde la Plataforma Campiña norte. Los agricultores denuncian que las empresas están llevando a cabo ensayos en la zona sin tener aún los permisos de los ayuntamientos correspondientes y que “campan a sus anchas por parcelas colindantes, que no entran dentro de estos proyectos, generando destrozos con maquinaria pesada”, daños que, aseguran, han sido denunciados ante la Guardia Civil.

Los olivareros advierten de que irán ampliando la denuncia penal contra los ayuntamientos que otorguen los permisos de obra a las empresas promotoras. De momento, valoran la actitud del Ayuntamiento de Lopera, el único que se ha mostrado contrario a dar luz verde a estos proyectos y que ha impulsado un Plan Especial Paisajístico que contempla denegar los permisos para estas instalaciones, ya sean campos de placas o líneas de evacuación. Estos proyectos han suscitado una crisis en el Ayuntamiento de Lopera, gobernado por el PSOE, con la salida del Gobierno municipal de los concejales de Izquierda Unida.

Un “mal menor” para la Junta

Desde la Junta de Andalucía, que fue quien en última instancia frenó la candidatura de los Paisajes del Olivar al no elevarla ante el Ministerio de Cultura, se defiende ante este tipo de proyectos. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, manifestó en días pasados que estas plantas son “un mal menor, añadiendo que puede ser compatible la producción oleícola con la “necesaria transición energética”. La consejera ha indicado que las instalaciones que están proyectadas hasta ahora en la comunidad suponen el 0,3% del total de la superficie de Andalucía, y el 0,6% de la cultivable. “Y en muchos lugares será compatible que el olivar permanezca junto a las placas”, precisó García, tras valorar la contribución del olivar andaluz como “un importante bosque a proteger por ser un sumidero de CO2”.

De otro lado, Vox ha denunciado ante la Comisión Europea los proyectos de plantas fotovoltaicas en Jaén. Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en Europa habla de un “drama” para los pueblos de esta comarca y denuncia que “aquellos que más cuidan del medio ambiente, nuestros ganaderos y agricultores, se están viendo obligados a abandonar la explotación agro ganadera de sus tierras para entregarlas a empresas energéticas de forma coactiva”. Además, Vox ha criticado el “abandono y la dejación de funciones” de la Junta de Andalucía en este tema. Según Buxadé, el impacto económico de esta expropiación forzosa supone “una condena al desempleo o al éxodo rural en una región de España que vive directa e indirectamente de esta industria”.

Muchos de los agricultores que se han levantado contra las plantas fotovoltaicas tienen sus olivos en la denominada zona 14 de la Campiña de Jaén, la misma que motivó, en noviembre, la paralización del expediente para la declaración del Paisaje del Olivar Andaluz como Patrimonio Mundial de la Unesco. A finales del pasado mes de abril, la Diputación de Jaén, donde se empezó hace una década a impulsar esta aspiración que engloba a fincas oleícolas de cinco provincias andaluzas, decidió aparcar el expediente bajo el argumento de las protestas de un grupo minoritario de agricultores que defendían el derecho de propiedad de sus olivos.

La Diputación de Jaén trasladó el expediente a la Junta de Andalucía, que es la competente para elevarlo al Ministerio de Cultura antes de que llegue a la Unesco. Pero el Gobierno andaluz ha seguido los pasos de la Diputación de Jaén y dejó congelado el expediente.