Equipo Económico recurre el informe de Hacienda y acusa al juez del ‘caso Montoro’ de “pasividad” por alargarlo ocho años

El despacho Equipo Económico, que está inmerso en la investigación por el caso Montoro junto al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, ha recurrido el último informe de la Agencia Tributaria, incorporado a la causa, que alerta de pagos por un total de 35,5 millones de euros recibidos de distintos clientes entre 2008 y 2013. El despacho acusa a Hacienda de extralimitarse al analizar el histórico de todos sus ingresos y al juez instructor de Tarragona Rubén Rus, que mantiene imputadas a 28 personas por una supuesta trama de tráfico de influencias, de “extrema pasividad” por alargar la causa ocho años sin ni siquiera llamar a declarar a los investigados.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, el letrado de Equipo Económico describe la instrucción como un “juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario” es una “indagación prospectiva”. A su juicio estos ocho años de investigación (siete de ellos bajo secreto) se han basado en un “peloteo continuo” entre Mossoss d’Esquadra y la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía sin que los acusados, entre los que se encuentran ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy así como los socios del despacho fiscal, hayan podido explicarse.

Las pesquisas se centran en una supuesta trama de corrupción en el seno del Ministerio de Hacienda que ocupaba Montoro consistente en que empresas, principalmente del sector gasístico, acudían al despacho (en cuyo nacimiento participó Montoro durante el periodo que dejó de ser ministro entre 2004 y 2011) para requerir consultorías que, en realidad, camuflarían pagos por la capacidad de influencia en el legislativo Rajoy. Así conseguían, supuestamente, leyes a medida. La Fiscalía Anticorrupción aprecia presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. A lo largo de la investigación, Montoro ha defendido que salió de Equipo Económico antes de dar el salto al Ejecutivo, desvinculándose por completo de las presuntas irregularidades.

El dosier tributario incorporado este 2 de febrero al sumario apunta, en cambio, a que Equipo Económico consolidó una arquitectura financiera con “mezcolanza de fondos” y diseminación de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias con el objetivo de camuflar pagos recibidos de empresas de gas y de otros pagadores. Para seguir indagando en estos últimos, la Agencia Tributaria propone identificar algunos de ellos con nuevas peticiones de información al extranjero o más solicitudes de cuentas bancarias como las del propio Montoro. Entre ellas, Hacienda pide al juez que reclame la colaboración de las autoridades de Alemania y Estados Unidos para ahondar en cuentas que estarían vinculadas a Ricardo Martínez Rico, socio de Equipo Económico. Y pedía también indagar en las salidas de divisas a Luxemburgo por parte de Manuel de Vicente Tutor, otro socio del despacho.

Para la defensa de Equipo Económico este nuevo informe sin conclusiones claras y con una nueva batería de peticiones es “un viaje emprendido a ninguna parte”. Indican que el juez reclamó el pasado 12 de junio el análisis de las cuentas que ya figuraban en las diligencias y que siete meses después la Agencia Tributaria, lejos de cerrar este extremo, ha incluido en su estudio a personas que no tienen la condición de investigados y ha pedido a las entidades bancarias un lapso temporal de más de una década, de 2008 a 2019. “No es que resulte desproporcionado una solicitud comprensiva de doce años completos de información bancaria -que lo es-; no es que sea una manifestación más de lo irracional que supone remontarse a hace dieciocho años, que también, lo más grave es que se remonta a periodos muy anteriores a la supuesta comisión de los delitos”, indican. El marco temporal de la investigación instala el presunto tráfico de influencias por el que se modificaron leyes para el mundo de las gasísticas entre 2013 y 2014.

El recurso habla de petición insólita, impertinente y absolutamente innecesaria para esclarecer los hechos y pide al juez que no acceda a las solicitudes de información bancaria al extranjero. Fuentes del despacho explican que las cifras que se reflejan —que elevan, por ejemplo, los pagos de las gasísticas entre 2011 y 2020 hasta los 991.613,76 euros— son “sesgadas” y confeccionadas con “datos gruesos”. Indican que el vocabulario que salpica del documento oficial como “fondos contaminados”, cuentas bancarias “contagiadas” o “desagües” de fondos es “impropio” de un trabajo objetivo y reiteran que se está tratando de conseguir un delito sin que todavía se haya encontrado irregularidad alguna.

También subrayan que todos los conceptos y las cifras de que se habla en el informe, redactado por un funcionario de la Agencia Tributaria, integran las cuentas anuales del despacho, depositadas en el Registro Mercantil, y que fueron incluidas en sus declaraciones tributarias.

Desde que se alzó el secreto de sumario en julio de 2025, la firma de Ricardo Martínez Rico ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha presentado distintos recursos ante la Audiencia Provincial de Tarragona: para impugnar el secreto alargado durante siete años sin que tuvieran capacidad de acceder a las actuaciones; para modificar la competencia del juez catalán y llevar la causa a Madrid donde reside la asesoría fiscal; y para disparar al corazón de las pesquisas y declarar nulo el “hallazgo casual” de un correo en la empresa Messer Ibérica Gasses que dio pie al inicio de la investigación. Sobre esto, las fuentes consultadas en el despacho también cargan contra el magistrado al señalarlo por inacción, puesto que aún no ha dado trámite a ninguna de las alegaciones.

La versión de la Fiscalía Anticorrupción es opuesta. A finales de enero remitió un escrito en el que demandaba una nueva prórroga de las pesquisas y más documentación como nuevos emails y documentos notariales del registro mercantil. La fiscal Carmen García Cerdá, que lleva la batuta, ha venido defendiendo de forma contundente la actuación del magistrado, negando que la investigación tenga un cariz político. Se indagan “actuaciones graves de corrupción, realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna”, repuso en uno de sus escritos. El juez cree que Equipo Económico utilizó su “poder” con Montoro para “ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”.