La regularización de inmigrantes alcanza a quienes solicitaron asilo y a los hijos menores

El decreto para la regularización de inmigrantes, que beneficiará a cerca de medio millón de personas sin documentos legales, alcanzará también a todos aquellos que hayan solicitado protección internacional, es decir, quienes llegan huyendo de países en guerra y otras situaciones de violencia o discriminación que comprometen su vida. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que además es la titular de la cartera de Inclusión y Migraciones. La medida no es individual, ha dicho, puesto que también los hijos menores de quienes ahora regularizarán su situación en España podrán acogerse a los derechos propios de ciudadanía, en este caso por cinco años, ha señalado Saiz.

En términos laborales, la ministra ha destacado que la simple solicitud de esta regularización “permitirá que los migrantes puedan incorporarse a un trabajo en cualquier sector y parte de España desde ese mismo día. Gana el trabajador y ganan las empresas en seguridad jurídica”, ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Los extranjeros que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre del año pasado tendrán autorización de residencia legal por un año si al cursar su solicitud pueden demostrar que llevan más de cinco meses viviendo en el país y no tienen antecedentes penales.

Los plazos para presentar estas solicitudes de regularización se inician en abril y se extenderán hasta el 30 de junio. El Gobierno se ha comprometido a que la burocracia prevista no se alargue más allá de tres meses. “Se habilitarán espacios para que la tramitación sea un éxito, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, vía telemática y oficinas de Seguridad Social”, ha mencionado la ministra.

Un informe del centro de análisis Funcas recién publicado con datos de 2025 calcula que en España hay alrededor de 840.000 personas en situación irregular, sin papeles que les permitan acceder a servicios básicos, como la vivienda, pero que trabajan sin estar registrados en el sistema legal, con la espada de Damocles sobre sus cabezas ante posibles devoluciones a los países de origen. “Se busca una integración plena y progresiva en el sistema”, ha dicho la ministra, siguiendo el “espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que tuvo una amplia mayoría en el Congreso, pero que ha estado bloqueada demasiados meses”. Saiz ha asegurado que el procedimiento será sencillo para “romper las barreras burocráticas del pasado”, porque el procedimiento no es nuevo, las regularizaciones se ha llevado a cabo en diversos años en España por gobiernos de distintos signos, desde la primera, en 1986, que puso en marcha el socialista Felipe González.

Aunque se estima que medio millón de personas podrían acceder en esta ocasión a la regularización, los datos de Funcas indican que podrían ser muchos más.

La medida, que ha levantado una polvareda política con posturas a favor y en contra, llega en un momento en que la actualidad estaba detenida en el accidente de trenes de Adamuz, una situación incómoda para el Gobierno. El acuerdo lo ha peleado Podemos, que se ha adjudicado el éxito en la negociación con el PSOE, mientras que el PP y Vox están en la otra orilla. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado al Gobierno por tender una “cortina de humo” con esta medida para que no se hable del accidente. El PP no estaba por la labor de dar vía libre a la iniciativa popular que había recabado unas 700.000 firmas y venía secundada por un millar de asociaciones. La jerarquía católica, algunas de cuyas organizaciones solidarias trabajan con migrantes, también se había manifestado a favor de esa regularización, incluso se ofrecieron a ser mediadores para alcanzar acuerdos entre partidos. Finalmente, ha sido un decreto el que llega a desbloquear esa medida.

La ministra Saiz ha calificado el decreto de “histórico” y lo ha defendido como un compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas que viven y trabajan en España. Y no ha dudado en presentarlo como un “faro que guía a muchos países”, porque hay voces, ha dicho, “que explican el buen desempeño de la economía española en el aporte de estas personas”. “Espero que seamos semilla y germen contra el avance de la ola ultraderechista”. Saiz ha añadido que la medida es coherente con la política de migración socialista, “que pone los derechos humanos en el centro”. “España ha sido un país de migrantes, tiene memoria”, ha contestado a las preguntas de la prensa.

El ministerio de Saiz también lo es de Seguridad Social y en ese sentido, la portavoz del Gobierno ha hecho hincapié en el “impacto real positivo” de la inmigración con un dato: el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, con lo que destacaba el aporte de la migración a la economía del país. Con este decreto, que modifica la Ley de Extranjería, esos datos se incrementarán.

En una entrevista en La 1, la ministra ha recordado que el PP se mostró conforme en un principio con esta medida, que también apoya la Iglesia y el empresariado representado en la CEOE. Saiz ha acusado a los conservadores de situarse ahora en el lado de la ultraderecha de Vox, cuyas ideas contra los migrantes constituyen uno de los ejes clave de sus políticas. Esta regularización permite al PSOE insistir en una de las líneas políticas que usa contra el PP, su inclinación hacia la ultraderecha.