Los gerentes del Servicio Andaluz de Salud reconocen ante el juez que eludieron la orden de derogar los contratos de emergencia

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, han reconocido este martes ante el juez del caso de los contratos de emergencia, José Antonio Gómez, que eludieron la orden de la Consejería de Hacienda emitida en 2021 para frenar los contratos de emergencia una vez que la pandemia se había atenuado.

Los tres responsables, que han declarado como investigados ante el magistrado, han alegado que consideraban que la orden del entonces consejero Juan Bravo, hoy vicesecretario general del PP nacional, “no les concernía” debido a la urgencia que requerían las medidas sanitarias contra la pandemia, según han explicado fuentes presentes en el interrogatorio. Es decir, a pesar de que la Dirección General de Contratación de Hacienda y el Gobierno central habían aclarado que la excusa legal para contratar por emergencia ―el Real Decreto 7/2020― estaba derogada, los gerentes del SAS consideraron que ellos no debían acatar la orden para instaurar de nuevo la concurrencia competitiva y dejar de otorgar a dedo la mayoría de los contratos con la sanidad privada.

García, Guzmán y Vargas han declarado como imputados en esta investigación que disecciona la legalidad de contratos por 242 millones firmados por el SAS con las clínicas privadas entre 2020 y 2024. Los tres han evitado responder a las acusaciones y se han limitado a contestar al juez, los dos fiscales Anticorrupción y su abogado. “Ellos han defendido que debían defender los deberes públicos por el problema de salud pública extremo que supuso la pandemia y han arropado sus decisiones en los informes que les llegaban de sus servicios, pero ninguno ha aclarado la pregunta del millón de por qué no acataron la instrucción y por qué no eliminaron la contratación de emergencia”, han resumido fuentes del caso.

Los cargos investigados siguieron arrastrando los contratos de emergencia porque lo consideraron “necesario” por “las circunstancias” tan graves que implicaron la pandemia. “El fiscal preguntó a Diego Vargas si al ver los informes de control financiero permanente de la Intervención en 2020 y 2021, no se planteó abrir la concurrencia pública y contrataciones ordinarias, pero solo ha alegado la tensión del sistema y que no había más remedio que seguir con la contratación de emergencia”, añaden dichas fuentes. Ni el juez ni los fiscales les han preguntado por qué se mantuvieron los contratos de emergencia mientras en muchos otros casos las licitaciones admitían la concurrencia pública.

Los gerentes, que han declarado unos 40 minutos cada uno, han alegado que actuaron impelidos por la urgencia y la incertidumbre y la necesidad asistencial, que solo les dejaba la opción de mantener los contratos a dedo con las clínicas privadas. Vargas incluso apeló al trance que le generó estar al frente de la sanidad andaluza en plena pandemia: “Todavía tengo pesadillas con las cifras de los muertos, con las que me desayunaba cada día en aquel tiempo”, ha explicado durante su declaración.

La semana pasada el PSOE acusó a García de firmar unas adendas ilegales el año pasado en el contrato de 2020 con la clínica onubense Cedico para justificar a posteriori dos facturas, la gerente ha echado balones fuera. García ha dicho que no hizo nuevas contrataciones, sino que las adendas de 2024 las firmó porque correspondían a atenciones sanitarias “efectivamente prestadas a pacientes” durante el periodo hábil del contrato. La gerente descartó que se excediera del ámbito legal de la contratación con Cedico.

La semana pasada la viceconsejera de Economía y Hacienda, Amelia Martínez, explicó como testigo que el cambio de fiscalización de los contratos del SAS aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta andaluza en 2020 se basó solo en una petición verbal que le hizo la viceconsejera de Salud, Catalina García, al de Hacienda, Roberto Ochoa, en el llamado Consejillo. Este martes Guzmán ha desmentido la versión de Martínez y ha afirmado que la propuesta para pasar de la fiscalización previa al control financiero permanente ―con fiscalización del gasto a posteriori― no procedió del ámbito del SAS. Guzmán ha matizado que creía que la ex interventora general habló de las presiones que recibió entonces de los interventores, pero que la idea del cambio de fiscalización en ningún caso procedió del Servicio Andaluz de Salud.