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Condenadas a 22 y 17 años de cárcel dos personas por drogar y tirar al lago de Sanabria a un hombre para cobrar su pensión

El hallazgo de un paquete de tabaco en el cadáver en 2019 permitió resolver el caso y detener a los acusados

Juan Navarro

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un hombre y a una mujer portugueses a 22 y 17 años de cárcel por la muerte de un hombre de 70 en 2019, a quien drogaron para atarlo y tirarlo al lago de Sanabria (Zamora) a fin de hacerse con su pensión. El caso pasó varios años en suspense hasta que las investigaciones lograron seguir la pista de un paquete de tabaco que hallaron en el cadáver e identificar al fallecido y observar qué miembros de su entorno podrían estar vinculados con el crimen. El sujeto murió ahogado y, según informó la Guardia Civil, los implicados “lo hicieron desaparecer” para cobrar su pensión, de 35.000 euros. La hija del difunto denunció los hechos y recibirá 120.000 como indemnización.

La mujer ha sido penada a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y para facilitar la comisión de otro delito, mientras que su esbirro pasará otros 17 en la cárcel por un delito de asesinato con alevosía. A su vez, hay una tercera persona que fue detenida a finales de 2023 junto a estos dos individuos, pero que ha quedado exonerada de la complicidad de la que se le acusaba. Los hechos sucedieron el 27 de diciembre de 2019, cuando los dos condenados iban en coche junto a la víctima. El dúo trasladó al fallecido, de 70 años, y a quien anteriormente habían drogado para provocarle somnolencia y “anular sus posibilidades de defensa”, según la sentencia. Juntos lo llevaron al margen derecho del río Tera, en la desembocadura del Lago de Sanabria, en el paraje conocido como Pozo Muerto. “En ejecución del plan previamente concebido, ataron al cuerpo un saco de cal viva para uso agrícola e introdujeron la mitad inferior de su cuerpo, junto con el saco, en una bolsa. Le taparon con un trozo de cinta americana los ojos y la boca, y le desproveyeron de cualquier tipo de documentación para dificultar su identificación en caso de ser hallado”, recoge el edicto judicial, para a continuación tirarlo al río y causarle la muerte por “asfixia por sumersión”, esto es, ahogamiento.

La mujer “actuó movida por ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito e incorporarlo a su patrimonio, toda vez que con posterioridad a su muerte siguió percibiendo y haciendo suyas en su totalidad las cantidades procedentes de Portugal y Reino Unido que, en concepto de pensión, se abonaban en la cuenta bancaria” de la víctima, unos 35.000 euros según las pesquisas. La sospechosa lleva desde 2023 en prisión provisional mientras que el hombre ya se encontraba preso por otros motivos. Ambos deberán abonar conjuntamente 120.000 euros a una hija del difunto, residente en el Reino Unido, quien denunció la desaparición de su padre y propició la investigación. El cuerpo fue avistado por paseantes del lago de Sanabria a las pocas fechas del crimen y solo el hallazgo de una cajetilla de tabaco facilitó a la Guardia Civil aproximarse a quién era el sujeto y saber que tenía antecedentes en el Reino Unido por diversos delitos, aunque residía en Verín (Ourense).

Los agentes informaron a finales de 2023, cuando comunicaron la detención de los tres sospechosos, que el caso fue muy complejo por coincidir durante la pandemia y tratarse de un proceso con policía internacional, portuguesa en esta ocasión. Los agentes se centraron en una persona que atendía en Verín al fallecido y a su compañero de piso. Entonces averiguaron que la víctima tenía cuentas bancarias en Portugal con ese sospechoso y que podría estar implicada otra tercera persona, que supuestamente tenía una relación sentimental con la mujer detenida. Junto a los agentes lusos confirmaron un “móvil económico” del crimen: “Ha sido especialmente difícil por el tema administrativo hasta que se ha hilado todo, muy complicado al tratarse de un extranjero, porque requiere autorizaciones, órdenes internacionales y muchos viajes”. La sentencia no es firme y puede recurrirse al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.
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