La tinta del calamar

Para cualquiera que haya observado en los últimos años cómo tratan los medios de comunicación los temas penales, es evidente una enorme inflación de las noticias con relevancia jurídico-penal. Mucho más allá de la tradicional crónica de sucesos, también la información política alude constantemente a las posibles responsabilidades penales de los agentes políticos y obtiene una atención preferente de la ciudadanía.

La confusión entre responsabilidad política y responsabilidad penal que impera en España lleva a que el tratamiento mediático de los procesos penales en los que aparecen representantes políticos tenga máxima relevancia. Sean cuales sean las razones de esta evolución, a los agentes políticos, como es obvio, no se les escapa lo poderosa que es la imagen negativa que puede construirse de un adversario basándose en esa hipersensibilidad ciudadana frente a las noticias que unen política y delito.

Sin este contexto, nada en el proceso contra el fiscal general del Estado puede comprenderse. Al margen de las debilidades técnicas del caso contra él, muy notables, desde luego, y viendo el asunto con cierta distancia, llama la atención sobre todo lo exitosa que ha sido la estrategia de tinta de calamar que está en la base de esta causa.

Como hace el cefalópodo para escapar de sus depredadores, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha diseñado una estrategia para desviar la atención del calamar, esto es, para que el público mire a otro lado. En vez de fijarnos en que, una vez más, una persona del entorno de la presidenta se ha lucrado con dinero público a través de peculiares actividades de intermediación, y, en este caso, con el desparpajo añadido de intentar eludir burda, presunta y delictivamente el pago de los impuestos derivados de su pelotazo, hablamos de una supuesta filtración de esos hechos, del supuesto ataque a la intimidad de esa persona. Lo dicho: el autor del p’alante, haciendo uso de amenazas a periodistas y de mentiras capilarmente blancas, ha tenido éxito. Miramos hacia la nube de tinta.

Si a esta nube la sometemos a un análisis técnico-jurídico confirmamos rápidamente que es pura apariencia sin sustancia. Como han expuesto en estos meses muchos juristas desde diversas perspectivas, la causa no se sostiene, la instrucción ha cruzado holgadamente la raya de lo que puede razonablemente hacerse en Derecho.

Ello, básicamente, por dos razones. Por un lado, porque es más que dudoso que hubiera algo “secreto” o “reservado” (como exige el Código Penal para que haya delito) que filtrar una vez que el Sr. P’alante hubiera iniciado su campaña de fake news con información suministrada por el presunto delincuente fiscal. No es secreto lo que se divulga por el titular del secreto, aunque sea con distorsiones torticeras, como la de inventarse una persecución de la Fiscalía por ser quien es, ofreciéndole una conformidad retirada después por “órdenes de arriba”, dándole la vuelta a la realidad de los hechos. En segundo lugar, porque solo una caprichosa selección de los elementos fácticos hallados en la causa por parte del instructor y los magistrados que le han respaldado en el Tribunal Supremo podía llevar a concluir indiciariamente que solamente el fiscal general pudo ser quien llevó a cabo la filtración. Como indicó el magistrado del Tribunal Supremo que se opuso al procesamiento en un voto particular, no hay siquiera una “base indiciaria mínima” para llegar a esta conclusión.

El uso del Derecho penal desde el poder no es un fenómeno nuevo. Lo llamativo es que se logre disfrazar tanto los hechos. Para amplios sectores de la opinión pública, la existencia de una campaña mediático-judicial impulsada desde el gobierno de la Comunidad de Madrid para ocultar una actuación presuntamente delictiva de relevancia política se ha transformado en algo completamente distinto: en la persecución injusta de un ciudadano por sus vínculos personales. Respecto de muchas personas, la manipulación del relato ha sido exitosa. Y lo más llamativo es que esto se logre en un procedimiento seguido ante el más alto tribunal ordinario de España, llevando al fiscal general a un juicio oral que, a todas luces jurídicas, nunca debería haber tenido lugar.

Pero bueno: la nube de tinta no tiene por qué tener sustancia. Sirve para desviar el foco. Mission accomplished. Algo queda, desde luego: esa es la esencia de la pena de banquillo. Ahora veremos si la sangre llega al río, si la persecución anómala se convierte en pena.