El Gobierno se lanza a la ofensiva ideológica contra los barones del PP por privatizar la sanidad y la educación

España vive un choque ideológico de fondo, a veces silencioso, a veces tapado por el propio ruido político. El PSOE y Sumar, que apenas tienen poder autonómico, controlan el Ejecutivo central y quieren promover lo público mientras rechazan bajar impuestos y los suben a sectores privilegiados. Y el PP, que tiene casi todo el poder autonómico, presume de bajar impuestos a todos, también a los más ricos con la eliminación de donaciones y sucesiones, a la vez que promueve cada vez más la entrada del sector privado en la sanidad y en la educación, especialmente la universitaria (solo Andalucía ha aprobado cuatro nuevas en 10 meses). El Gobierno ha decidido que este choque deje de ser silencioso para entrar directamente al cuerpo a cuerpo con los presidentes autonómicos del PP, ignorando a Alberto Núñez Feijóo.

A la vuelta del verano, el Ejecutivo multiplica los movimientos para recuperar el control de la agenda política y sobre todo para bajar al contenido, a las políticas más que a la política, donde se mueve mucho más cómodo. Este martes ha sido un ejemplo de esta nueva estrategia del Gobierno con un despliegue de asuntos y de ministros para entrar al choque especialmente con Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno, los dos grandes barones del PP, que el Ejecutivo pone en contraste además con Salvador Illa, la gran baza del PSOE, que precisamente este mismo día anunciaba un nuevo despliegue de vivienda pública con 210.000 nuevos pisos para pasar del actual 3% de vivienda pública a un 15%.

El Gobierno ha entrado de lleno al choque con el PP con datos muy claros, que demuestran el efecto imparable que está teniendo en los ciudadanos y en la igualdad de oportunidades la privatización de sectores tan importantes como la educación universitaria. Un miembro del Gobierno resume el plan estratégico de esta segunda parte de la legislatura: “Estamos decididos a trasladar dos mensajes claros en los dos años que quedan de legislatura, que pensamos agotar. Por un lado, que vale la pena seguir gobernando para intentar cambiar la agenda regresiva y privatizadora del PP y Vox. Y por otro, que no es lo mismo que gobierne uno u otro, y explicarle a nuestros votantes que importa mucho su voto porque si gobierna la derecha, eso afecta a sus servicios básicos como educación y sanidad”.

Por eso la ministra de Universidades, Diana Morant, lanzó desde La Moncloa un discurso de claro contenido político de izquierda apelando a su propio origen para anunciar que intentará tomar el control a través de un decreto para frenar el crecimiento descontrolado de universidades privadas que está promoviendo el PP en sus autonomías. El Gobierno de Madrid anunció inmediatamente después que recurrirá el decreto porque cree que es “un ataque sin precedentes contra la iniciativa privada” con una “única finalidad ideológica”.

“Soy la primera universitaria de mi familia. Soy nieta de una persona que no sabía leer ni escribir. Mi acceso dependió de sistema público universal”, explicó Morant, ingeniera de telecomunicaciones, para argumentar que el sistema de igualdad de oportunidades que dan la escuela y la universidad públicas, unidas a la sanidad, “se está gripando”. Y culpó de ello al PP con nombres y apellidos. “Necesitamos recuperar ese ascensor social al que se llegó con gobiernos progresistas”, argumentó. “Esto es lo que Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno o la presidenta de Extremadura [María Guardiola] están socavando al aprobar tantas universidades privadas. Ellos dicen que hay demanda, pero esa demanda pasa por ir al banco a que te hagan un préstamo para que tu hijo pueda estudiar”. Morant defiende que su generación —nació en 1980— pudo estudiar sin que sus padres se endeudaran o sin depender de la acumulación de capital en la familia, mientras que la actual lo tiene mucho más difícil.

Este es justo el tipo de discurso que también ha reivindicado Yolanda Díaz, que ha dado un giro en los últimos meses para reforzar el perfil ideológico de la coalición. Sánchez y su equipo también están profundizando estas cuestiones, y cada semana entran a temas sociales de calado como vivienda, aborto, educación, sanidad. El Ejecutivo tiene programados varios anuncios y apertura de debates cada semana, pero también improvisa y se adapta a los errores del PP, como el del aborto, que le abren oportunidades.

Algo similar a lo que denuncia Morant en la educación universitaria sucede con la vivienda, ante el desplome de la vivienda pública, con la educación primaria y secundaria, donde también ha explotado la concertada, y con la sanidad, donde también aumentan de forma imparable los seguros privados.

El problema argumental del Gobierno es que lleva siete años en La Moncloa y no ha sido capaz de frenar estas tendencias impulsadas por las autonomías del PP, algo que ahora intenta corregir con decretos y combate político.

El Gobierno despliega así una ofensiva muy pensada para después del verano, una vez recuperado del momento crítico en el que estuvo a punto de caer con el caso Cerdán. “El PP apostó, se jugó todas las fichas en julio”, resume un ministro. “Pensaban que caía el Gobierno. Se nota que no tenían plan B para la vuelta del verano una vez fracasado el otro. Ahora se ve que nosotros tenemos mejor posición en todos los temas y ellos solo tienen el frente judicial. Si propones un menú de plato único y se pudre tienes un problema”, remata.

En La Moncloa se ha hablado mucho internamente de este regreso después del parón veraniego y ahora creen que está funcionando incluso mejor de lo esperado, entre otras cosas por errores del PP como sus dudas sobre Gaza o sus acercamientos a Vox con el aborto, donde se ha visto obligado a rectificar y este martes unió sus votos al PSOE y Sumar para tumbar una iniciativa de Vox que pedía derogar la ley de eutanasia y “el aborto libre”.

Morant cuestionó la estrategia del PP, que aprueba universidades privadas incluso con el informe contrario de Universidades −algo que el nuevo decreto aprobado este martes impedirá al hacer vinculantes esos informes−, y criticó también que la poca inversión de algunas autonomías en las universidades públicas la convierten en “elitista” porque solo pueden ir los mejores alumnos mientras “otros también excelentes se quedan fuera de Medicina y sus padres se tienen que endeudar para llevarlos a la privada”. “Debemos superar las herencias de clase”, remató en un discurso muy ideológico. Como las autonomías no amplían plazas pese a esa enorme demanda en Medicina, por ejemplo, el Gobierno aprobó este martes 27 millones de euros para financiar 1.783 plazas de Medicina que las autonomías no están pagando. En Madrid ya hay más matriculados en primero de Medicina y Psicología en la privada que en la pública por culpa de esta escasez de plazas, algo inédito.

En Sanidad el enfoque es similar. Y el objetivo político vuelve a ser el mismo. Por un lado, Isabel Díaz Ayuso, con quien el Gobierno ha decidido confrontar al máximo pero en cuestiones de contenido, donde creen que ella se mueve mucho más incómoda. Pero también Juanma Moreno, con las elecciones andaluzas ya en el horizonte. Mónica García entró al choque directo con Ayuso y Moreno por el aborto, ya que son precisamente las únicas dos grandes autonomías en las que prácticamente no hay aborto público, por debajo del 1%, en contraste de nuevo con Cataluña, donde la cifra es del 55%, pero también autonomías del PP como Galicia donde supera el 55%.

García remató la ofensiva ideológica contra el andaluz Moreno por su política de privatización sanitaria y el escándalo por la mala detección del cáncer de mama, que ha puesto en riesgo la salud -y en algunos casos la vida- de 2.000 mujeres. Mientras entrevistaban en TVE a una víctima que sobrevivió porque se fue a la privada después de que en la pública tardaran seis meses en darle el resultado de su mamografía y errar en el diagnóstico, García sentenció: “Esto no es un fallo puntual. Es un fallo estructural, de modelo, que es el que impone el PP en todas sus autonomías, el de la privatización y no dar prioridad a la sanidad pública. Y ahora querrán culpar al Gobierno, pero la responsabilidad es de Moreno y de su consejera”.

El Ejecutivo va a profundizar esa estrategia de enfrentamiento con Ayuso por el aborto, un asunto especialmente incómodo para el PP, y ella se lo ha facilitado al amenazar con no cumplir la ley que obliga a hacer una lista de objetores de conciencia para poder organizar las intervenciones en centros públicos como han hecho Cataluña y otras autonomías. “La ley se cumple. Punto. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición. La última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Gallardón, y tuvo que hacer las maletas”, sentenció retadora García, que además es líder de Más Madrid. Sentado a su lado, López, líder del PSOE madrileño, también se sumó a esta ofensiva contra Ayuso, su rival electoral, al recordar que no solo se declara en rebeldía con esta normativa del aborto, sino también con la ley de memoria histórica y sobre todo con la ley de vivienda.

Nada es, pues, fruto de la casualidad, sino de una estrategia muy pensada para recuperar la iniciativa política y, sobre todo, para contrastar modelos y reactivar a la izquierda con cuestiones de contenido real que afectan a todos, como educación, sanidad y vivienda. El Gobierno se mueve mucho más cómodo en este ámbito que en la compleja agenda judicial, que es donde quiere colocar todo el foco el PP para movilizar el antisanchismo: exactamente lo que hace Ayuso a diario.