Los sectores más moderados del PP recelan del discurso duro con la inmigración

“Yo, si fuera Vox, también estaría preocupado”, ironizó este lunes desde la calle Génova la vicesecretaria de Coordinación sectorial y responsable del plan de inmigración del PP, Alma Ezcurra. La dirigente madrileña, una de las figuras al alza en la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, que en poco tiempo ha ganado mucha influencia en la dirección, se felicitó de que el PP haya apostado por presentar un plan de mano dura con la inmigración, porque, en su opinión, a Vox le preocupa que el PP entre a pelear en su terreno con propuestas más serias.

“Cuando un partido”, argumentó en referencia a Vox, “coge un tema y lo tritura para intentar ganar votos de una manera torticera, y viene otro partido [el PP] con una propuesta posible, de Estado, ordenada, legal y humana; es que es como para preocuparse”, razonó Ezcurra. Esa tesis, sin embargo, despierta dudas dentro del PP, aunque todos los barones hayan firmado la declaración de Murcia que consuma el giro sobre la inmigración. Los sectores más moderados del partido recelan del endurecimiento del discurso del PP porque creen que da foco precisamente a Vox, que ganará la partida porque siempre podrá ir más lejos que el PP.

El debate interno va ganándolo el ala dura, aunque los más moderados esperan que al menos el PP no persista en la estrategia de poner la inmigración en el centro de la actualidad. Los más centristas admiten que era necesario que el PP elaborara una propuesta detallada sobre un asunto que es una de las principales preocupaciones de los españoles según las encuestas, pero desconfían de que sea una buena estrategia entrar en el campo de Vox.

Estas fuentes ven además “excesivas” algunas medidas del plan, como la que plantea que solo puedan percibir el ingreso mínimo vital (IMV) los inmigrantes que estén “en búsqueda activa de empleo”, dice el texto de la declaración de Murcia. Feijóo rechazó en su discurso en Murcia que “cualquier inmigrante irregular se empadrone y pueda pedir el ingreso mínimo vital”, aunque en realidad para poder acceder al IMV es necesario tener residencia legal de forma continuada durante al menos el año anterior a la solicitud.

La estrategia de la dirección del PP consiste en situarse en un supuesto punto intermedio entre lo que sostiene que es la posición del PSOE y la de Vox. Pero el PP lleva un año ya endureciendo su propia posición política y acercándola más a la del partido de Santiago Abascal, con una propuesta basada en poner más trabas para las regularizaciones, primar a las “culturas” próximas, y dar más facilidades a la expulsión de extranjeros que delincan.

En paralelo, la propuesta del PP ha recrudecido su guerra con Vox, no tanto porque los populares cuestionen por completo el enfoque de los ultras sobre el fenómeno ―el PP ha comprado su tesis de vincular inmigración y delincuencia—, sino porque ha entrado a pelearle su bandera. “La solución no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar”, dijo el líder del PP el domingo caricaturizando la posición de los socialistas y de los ultras. Abascal le respondió airado que les “demonizaba con mentiras y manipulaciones”, y los principales dirigentes de Vox se han lanzado en las últimas horas a una guerrilla con los populares en la red social X.

Frente a los recelos de los sectores moderados del PP sobre poner el foco precisamente en Vox y entrar en su terreno de juego, Génova cree que la prueba de que su estrategia es acertada es que el Gobierno progresista no haya salido en tromba a cuestionarla, porque “saben que su electorado las respalda”, sostienen fuentes de la cúpula popular. “Ellos no las pueden impulsar porque perderían el apoyo de los partidos con los que comparte Consejo de Ministros o intereses parlamentarios. Pero saben que nuestra posición no solo coincide con la de los líderes europeos de todos los partidos, sino que además está respaldada por buena parte de los ciudadanos que hasta ahora venían votando a Pedro Sánchez”, argumentan en la dirección del PP.

El desafío para el PP, una vez ha puesto de acuerdo a sus barones en una declaración de máximos, es mantener un mismo discurso sobre la inmigración con las distintas sensibilidades internas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este lunes una retórica muy dura con los extranjeros, advirtiendo de que se ve por las calles a inmigrantes en “manada” que se dedican a atracar a personas mayores y a jóvenes. Ayuso sostuvo también que la inmigración hispanoamericana “no es inmigración” y promovió la asimilación cultural del resto de extranjeros. “Lo de solo trabajar no me vale. Quiero que [el inmigrante] sea uno más a todos los efectos. No puedes ser solo mano de obra”, razonó, o “de países que pueden tener una integración más complicada, donde se practica la ablación, los matrimonios infantiles no están permitidos”, o no hablan español.

La artífice del plan, la vicesecretaria Alma Ezcurra, detalló este lunes seis criterios para “objetivar” la idoneidad de los inmigrantes que quieran obtener una residencia legal en España. “Formación, experiencia, idioma, edad, capacidad de cubrir ocupaciones en escasez y los vínculos previos con el país”, explicó. Según Ezcurra, los marroquíes no tendrían especiales trabas con su sistema. “Salvo el idioma y quizá los vínculos previos, un marroquí lo puede cumplir igual que un colombiano, un chino, un filipino o un guineano. No veo el problema con Marruecos”, razonó. En todo caso, la vicesecretaria admitió que su modelo “está por construir” y, por tanto, “las cosas no están perfectamente definidas”.

Mientras, desde el Gobierno creen que el plan del PP es “inconstitucional”, en palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El Ejecutivo de coalición progresista es una excepción en Europa, porque ha optado por un discurso positivo sobre la inmigración. La semana pasada, en Nueva York, Pedro Sánchez trasladó en todos los foros, especialmente en entrevistas, que España es un ejemplo claro de que los discursos anti inmigración de Donald Trump y la derecha y ultraderecha europea no se basan en la realidad. Desde que está Sánchez en La Moncloa, han llegado dos millones de inmigrantes y el desempleo se ha reducido drásticamente, la economía ha crecido y los índices de delincuencia han permanecido estables y en algunos casos han bajado. En esa línea, Financial Times publicaba este fin de semana un editorial en el que señalaba que España es la economía más destacada de Europa, en especial gracias a la inmigración.

La ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, también rechazó de plano el plan del PP y dijo que “en algunas cuestiones está incluso por delante de Vox en lo relativo a ultraderecha”. Sáiz fue desgranando en La Sexta todas las medidas del PP, para tratar de demostrar que se basan en premisas falsas. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital no se cobra nada más llegar a España. “El 83% de los hogares que perciben el IMV son españoles, más de un 40% de los beneficiarios son niños y niñas. Para acceder al IMV hace falta haber residido más de un año de manera legal e ininterrumpida. Para el resto de las prestaciones de la Seguridad Social, haber cotizado al menos un año es un requisito. Se trata de alimentar el bulo de “aquí vienen a cobrar una paguita”, aseguró. Los visados por puntos “no tienen cabida en la normativa comunitaria ni en la española sobre visados. Van contra los valores constitucionales, son discriminatorios”, insiste la ministra.

El Gobierno está decidido así a mantener el discurso en positivo de la inmigración y tratar de desmontar toda la información tóxica que se va difundiendo, y confía así en poder hacerle frente a la ola antiinmigración que detectan los sondeos y que cree que favorece mucho a la ultraderecha, por eso le parece tan incomprensible que el PP se suba a ella.