Vox niega la condición de españoles a 2,5 millones de compatriotas nacidos fuera de España

Vox provocó un escándalo mayúsculo en julio pasado al defender su dirigente Rocío de Meer la expulsión de España de ocho millones de inmigrantes y sus hijos. El partido ultra dijo entonces que sus palabras habían sido manipuladas o malinterpretadas. Sin embargo, la formación que preside Santiago Abascal sigue deslizándose hacia una concepción étnica de la nacionalidad española. Su portavoz adjunto, José María Figaredo, negó este jueves la condición de españoles a 2,5 millones de conciudadanos nacidos fuera de España.

Figaredo ha afirmado que en España hay “9,7 millones de extranjeros” y ha añadido que “el 19,6% de la población española es extranjera”, cuando hace menos de 30 años solo había un millón, ha añadido. Sin embargo, según los datos del INE a 1 de abril de este año, en España hay 6,9 millones de extranjeros, equivalentes al 14% de la población, casi seis puntos menos de los señalados por el secretario general del grupo parlamentario ultra. Los datos que ha manejado este se refieren en realidad a los residentes nacidos fuera de España: 9,4 millones (19,3% de la población) de los que 2,5 millones son españoles de pleno derecho.

No se ha tratado de un lapsus. Aunque este jueves no lo ha repetido su portavoz adjunto, Vox ha propuesto endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad española y revisar cientos de miles de nacionalizaciones concedidas en los últimos años por los sucesivos gobiernos, insinuando que se han dado indebidamente.

Figaredo ha hecho estas declaraciones en una sala del Congreso, durante la presentación del estudio La inmigración y su impacto económico negativo en el estado de bienestar de la fundación Disenso, que preside el propio Santiago Abascal. El objetivo del informe es demostrar que los inmigrantes no solo “no van a pagar las pensiones” de los españoles y resolver el problema demográfico, lo que Figaredo ha tachado de “mito”, sino que suponen una amenaza para los servicios públicos, que no resultan sostenibles con el actual modelo. “La estrategia migratoria va directamente a la quiebra del Estado del bienestar”, ha proclamado.

El autor del informe es Ricardo Ruiz de la Serna, licenciado en Derecho, directivo de Disenso, profesor de la Universidad CEU San Pablo —de la Asociación Católica de Propagandistas— y ex director general de Justicia de la Comunidad de Madrid con el PP.

Esta vez el partido ultra ha apartado el foco de la supuesta vinculación entre inmigrantes y delincuencia para dirigirlo a la relación coste-beneficio que tiene su presencia en España desde el punto de vista económico. No es la primera vez que Vox culpa a la inmigración de colapsar la sanidad pública o acaparar las ayudas sociales, pero sí que intenta presentar un balance de su aportación a la economía española, supuestamente científico y basado en datos oficiales.

El estudio evalúa los costes que suponen para el Estado las pensiones, la sanidad y la educación, las infraestructuras, la protección social, la seguridad y la justicia, de los que se benefician los inmigrantes; y los compara con lo que estos apartan en cotizaciones sociales e impuestos; entre los que incluye tanto el IRPF como el IVA y otros impuestos indirectos. Y llega a la conclusión de que “el coste general de la inmigración es mayor que su aportación [a las arcas públicas], lo que agrava los problemas fiscales del Estado de bienestar”. En realidad, si la lógica que aplica es la correcta, la conclusión del informe debería ser que los pobres no son rentables para el Estado, ya que pagan pocos impuestos y consumen muchos servicios públicos.

De hecho, Disenso reconoce que la contribución fiscal neta del inmigrante empieza a ser positiva cuando su salario medio, a lo largo de toda la vida laboral, es de al menos 45.150 euros; aunque admite que un inmigrante que empezara a trabajar con 18 años y cobrase 31.670 euros hasta la jubilación también pagaría más de lo que recibe del Estado. Todos los que están por debajo de este listón, que son la mayoría, suponen un lastre para las arcas públicas, sostiene. Frente a los estudios que aseguran que la aportación de los inmigrantes es fundamental para el crecimiento económico de España, la fundación de Vox replica que estos informes solo consideran su vida laboral activa, pero no tienen en cuenta la pensión que percibirán cuando se jubilen.

Lo que no explica el informe es por qué afirma que los inmigrantes que ganan menos de 45.150 euros al año no son rentables para el Estado y se olvida de aplicar ese rasero a los españoles que cobran lo mismo que ellos. Al término de la presentación, EL PAÍS preguntó a su autor por qué hablaba de inmigrantes y no de personas con bajos ingresos en general y Ruiz de la Serna alegó que el Estado incurre con los inmigrantes en gastos específicos que no son compartidos por los españoles; entre los que citó los centros de acogida para los menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, el informe no incluye esos gastos específicos en su balance, por lo que ese posible factor no influye en sus conclusiones.

Se da la circunstancia de que la ganancia medida anual por trabajador en España, tanto españoles como extranjeros, en 2023 (Disenso utiliza datos de 2022) fue de 28.049 euros, según el INE, 17.149 euros por debajo del umbral mínimo de rentabilidad para el Estado que fija Vox. En el caso de las mujeres, la brecha se amplía hasta los 19.559 euros, por lo que la mayoría de ellas serían un lastre para las arcas públicas, según el análisis de Disenso.

Sin embargo, Vox no propone aumentar los sueldos medios que se pagan en España para que los inmigrantes paguen más impuestos, ni tampoco elevar el salario mínimo interprofesional (SMI), que supone poco más de un tercio de ese mínimo de 45.150 euros. Tampoco explica quién realizaría las tareas mal retribuidas que hacen los inmigrantes en la agricultura, la construcción o la hostelería si se prescinde de esa mano de obra.

Lo que sí hace el estudio es prestar especial atención a los inmigrantes africanos, subrayando que su contribución neta a las arcas públicas es negativa en 158.044 euros a lo largo de su vida. Si el ciudadano de origen africano nace en España y estudia en un centro público, agrega, el déficit para el Estado asciende a 422.948 euros. Obvia que el hijo de un inmigrante africano nacido en España puede ser un español.