Las Cortes de Castilla y León aprueban reconocer la categoría profesional de bombero forestal antes de 2026

Unas 3.000 personas, en gran parte bomberos de toda España, se concentraron este miércoles fuera de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, mientras dentro se votaba a favor de reconocer profesionalmente la categoría profesional de los brigadistas autonómicos antes de 2026. Los grupos han aceptado por unanimidad una propuesta socialista para definir a los bomberos como tal y no como “peones forestales” u otras nomenclaturas de sus convenios, que los arrastran a tener peores condiciones laborales, de jubilación o de enfermedades profesionales. El Parlamento autónomo, con la abstención del PP y Vox, validó también instar a la Junta (en manos del PP) a mejorar las condiciones del operativo. El movimiento llega entre protestas de los retenes tras un verano fatal de incendios en la comunidad y a seis meses escasos de las elecciones en la comunidad.

La medida, promovida por el PSOE, contó con el sí de los demás partidos mediante una proposición no de ley (PNL) para que antes de 2026 se otorgue este reconocimiento profesional a los retenes de la comunidad. El procurador socialista Pedro González ha defendido este planteamiento tras las más de 160.000 hectáreas abrasadas este verano en el territorio, con cinco muertos entre las llamas, y lo que tildó de “gestión nefasta” del departamento de Medio Ambiente, al tratarse de una competencia autonómica.

El socialista ha recordado que lo sucedido este año viene precedido por los fuegos de Ávila en 2021, con un récord en la comunidad 22.000 hectáreas quemadas, y los de la sierra de la Culebra (Zamora) en 2022, que las triplicó, con 60.000 hectáreas, y cuatro muertes en dos incendios.

González ha enumerado factores de precariedad del colectivo, marcado por contratos temporales, escasa formación y pobres recursos contra el fuego. El portavoz ha instado a que se incorporen las claves recogidas en el Estatuto del Bombero, marco legal aprobado en 2024 a escala estatal pero que debe implementarse por las comunidades. “No basta con una palmada en el hombro”, ha apuntado.

El PP, mediante su parlamentario José Alberto Castro, ha señalado que ese reconocimiento viene recogido en legislaciones estatales y que por ello su partido lo ha validado. La formación que lidera Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha insistido en las tesis mantenidas este verano: el dispositivo es apropiado, pero las condiciones meteorológicas hicieron incontenibles los focos, si bien Medio Ambiente contaba con informes previos alertando de la ola de calor y sus potenciales efectos sobre los montes. Castro ha acusado al PSOE de “utilizar el dolor” y de hacer “demagogia” mientras recordaba el aumento de la inversión de la Junta tras la crisis de 2022, aunque los colectivos de bomberos siguen viéndolo insuficiente y remiten a lo sucedido este agosto como prueba.

Esta PNL se ha ratificado por unanimidad mientras que también ha prosperado una propuesta socialista instando a la Junta a desarrollar el operativo contra incendios hacia un sistema público y activo todo el año, pues ahora se encuentra parcialmente privatizado y salvo algunas bases la mayoría solo se incorpora en épocas de riesgo alto. PP y Vox se han abstenido de esta iniciativa, de modo que ha salido adelante aunque sus efectos, como ha recordado el representante de la Unión del Pueblo Leonés Luis Mariano Santos, serán difícil de constatar porque las Cortes han aprobado mociones similares anteriormente que nunca llegaron a aplicarse.

El exvicepresidente Francisco Igea, ahora independiente tras ser expulsado de Ciudadanos, ha llamado al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “pequeño Mazón”, en alusión al dirigente valenciano Carlos Mazón y su cuestionada gestión de la dana de 2024. Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha criticado que durante este debate parlamentario apenas había una de los 10 consejeros, más Mañueco, que dirigen la Junta.

El debate parlamentario se ha desarrollado entre las movilizaciones convocadas por los bomberos y los sindicatos y con las elecciones de Castilla y León previstas para marzo de 2026, donde el PP aspira a mantener el poder que ostenta en la comunidad desde 1987.