La Audiencia juzga, 16 años después, el corazón de la trama Gürtel que corrompió al PP

La Audiencia Nacional juzgará del 3 al 17 de noviembre próximos al núcleo principal de la trama que ensució de corrupción al Partido Popular entre 1999 y 2009. La cúpula directiva de la red Gürtel, liderada por Francisco Correa, y los abogados que idearon el mecanismo del fraude en sus negocios, se sentarán en el banquillo por fraude fiscal, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La celebración de este juicio será el capítulo final del mayor escándalo de corrupción que sacudió al PP en toda su historia. El caso acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy tras la moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez una vez conocida la primera de las sentencias sobre el caso Gürtel.

El juez instructor cuenta así la historia: “El empresario Francisco Correa Sánchez constituyó y lideró desde finales de 1999 hasta 2009 un holding empresarial dedicado principalmente a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el Partido Popular. La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos tanto a través de sus empresas como de terceros, previo pago de la correspondiente comisión”. Correa y sus colaboradores “crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita”. Para organizar todo este aparato delictivo, Correa y los suyos “se valieron de distintos grupos de asesores con distintas tareas y responsabilidades (…); testaferros, proveedores de facturas falsas, gestores y otros colaboradores integraron en distintos niveles y funciones esta organización”.

30 millones en mordidas por intermediaciones. El juez atribuye al cabecilla de la trama, Francisco Correa, el cobro de más de 30 millones de euros en mordidas por “su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera”.

Correa llegó a simular su residencia en Panamá o Argentina y puso a su primo Antoine Sánchez como propietario de su patrimonio, pero no le valió para evitar la acción de la justicia. El jefe de la trama nunca presentó declaraciones de la renta lo que le supuso un “ahorro fiscal ilícito” de 24 millones de euros, según la investigación. El fiscal pide decenas de años de cárcel para Correa por al menos 20 delitos contra la Hacienda Pública, dos de blanqueo de capitales y otro de falsedad documental. Un castigo similar al que pide para buena parte de los procesados, entre ellos el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo, quien fue secretario de Organización del PP de Galicia a finales de los noventa.

La Comunidad Valenciana (bajo la presidencia de Francisco Camps) y la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre) amañaron y adjudicaron decenas de contratos de obras y servicios a la trama corrupta. Algunos de los dirigentes autonómicos implicados en estas adjudicaciones, no así los presidentes de ambas comunidades, fueron condenados a penas de cárcel por su trato de favor a las empresas de Correa. El Partido Popular, primero en Madrid y posteriormente en Valencia, contrató también a la trama corrupta para cientos de eventos y diversas campañas electorales.

Sobornos a alcaldes... y al extesorero del PP. “Entre los pagos a cargos públicos y a favor del Partido Popular, deducidos indebidamente en este periodo, se encontrarían, entre otros, los correspondientes a actos de la campaña electoral de las elecciones municipales del exalcalde del PP en Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda por 12.264 euros por actos electorales y 27.864 euros por montaje y funcionamiento oficina electoral. También los efectuados al exalcalde del PP en Majadahonda Guillermo Ortega (viajes a su favor por 36.037 euros y 18.637 euros en 2003 y 2004, respectivamente, y 90.000 euros que se entregaron en 2004 en su nombre que se ingresaron en la caja B sin reflejarse en las declaraciones tributarias). Y los verificados a favor del exalcalde del PP en Boadilla del Monte Arturo González Panero (8.147 euros en 2003 y 20.307 en 2004). Una de las empresas de la red se dedujo indebidamente pagos al extesorero del PP Luis Bárcenas por importe de 98.489 euros. En el caso de Benjamín Martín Vasco (exdiputado autonómico del PP), los pagos deducidos indebidamente ascendieron a 13.047 euros”, señala el juez en su auto definitivo tras años de investigación.

Muchas de las actividades ilegales de la trama corrupta han sido ya juzgadas en diversas piezas separadas que concluyeron con duras condenas a los directivos de la red Gürtel y a los políticos del PP que se beneficiaron de esos negocios desde sus cargos públicos en ayuntamientos y comunidades autónomas. El PP como formación política ha sido condenado en al menos tres ocasiones por financiar alguno de sus actos electorales con las supuestas comisiones ilegales pagadas por la trama corrupta a cambio de contratos públicos.

Este último proceso pendiente de juzgar 16 años después de abierto, denominado “Pieza Principal”, trata sobre la ocultación en bancos de Suiza, Mónaco, Estados Unidos y la Isla de Man de los ingresos ilícitos obtenidos durante 10 años por la trama corrupta a través de complejas estructuras societarias y del fraude fiscal perpetrado. Las distintas empresas de la trama Gürtel, según los hechos acreditados por la investigación, se cruzaban facturas falsas con gastos inexistentes que se deducían en sus declaraciones fiscales.