La Complutense evita hacer públicos los casos de acoso en su seno desde hace años

El escándalo del profesor universitario y fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, acusado hace un mes por varias mujeres por abuso y acoso sexual, ha puesto de relieve la opacidad con la que la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde imparte clase, trata los casos de acoso que se denuncian en su seno. El campus madrileño ha contestado con reticencias —y con datos parciales e incompletos— a las peticiones de información de este periódico sobre las denuncias que ha gestionado en la última década.

La Complutense ha cambiado de estrategia (y discurso) en los últimos 20 días para revelar la información solicitada, desde escudarse en la Ley de Protección de Datos Personales a colgar en su web el pasado lunes por la tarde un PDF donde revela que desde 2022 ha gestionado 27 denuncias por acoso sexual, 14 de ellas a docentes. Pero rechaza informar de los casos conocidos desde 2016, del resultado de las investigaciones y del número de docentes expedientados.

Esta práctica contraviene los protocolos de la Administración General del Estado y las recomendaciones de transparencia de las expertas en estudios de género, que señala que el conocimiento de estos comportamientos puede animar a otras víctimas a denunciar los que han sufrido.

El maremoto, que comenzó con la publicación de Abc y elDiario.es con los primeros testimonios de las denunciantes de Monedero, también ha destapado la ineficacia con la que Podemos manejó el asunto —no abrió una investigación interna por su cuenta porque las víctimas no quisieron continuar con el proceso y afirma que apartó al profesor de las actividades del partido, pero sin comunicarle las razones y sin citarle para escuchar su versión, tal y como señala su protocolo antiabusos—.

Ese tsunami llegó a la Complutense, que adelantó después a EL PAÍS el 20 de febrero que investigaba una denuncia de una alumna de la Complutense contra Monedero por supuesto acoso sexual. Desde entonces, el campus ha levantado un muro de silencio y ha maniobrado para tapar las grietas de su sistema antiacoso. En un primer momento, la Complutense se escudó ante las preguntas de este diario en la Ley de Protección de Datos Personales para evitar proporcionar ninguna información.

Las reticencias de la universidad a dar datos son constantes. Este periódico preguntó por primera vez el 27 de febrero y la universidad remitió a las memorias de la Unidad de Igualdad del campus, encargada de gestionar las denuncias. En ese momento, en la web solo estaban publicadas las de los tres últimos cursos académicos: a la del 2023-2024 no se podía acceder y la de los otros no contenían ningún dato. Preguntado por ello, el campus no contestó hasta una semana después, envió un enlace con el PDF de la memoria del curso 23-24 que no era accesible (con fecha de creación del 28 de febrero, un día después de solicitar las preguntas) que solo contenía referencias al número de personas atendidas.

El documento señala que en el curso pasado 89 personas contactaron con la Unidad de Igualdad, de las que siete de ellas decidieron “activar” el protocolo, además de otros 18 estudiantes que habían contactado con anterioridad con la entidad y seguían recibiendo atención. “Un total de 21 personas fueron derivadas a recursos que forman parte de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género y otros centros entre los que cabe destacar el Centro de Crisis en la Comunidad de Madrid, el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género (diferentes distritos) o al Programa Atiende del Hospital Universitario Gregorio Marañón”, recoge el documento.

Cuando se le pregunta por los datos concretos (fecha de denuncias, de hechos, número de profesores acusados, facultades...), la UCM justificó el mantenerlos ocultos esos datos “porque vulneraría el derecho a la intimidad y a la protección de datos”. Pero lo cierto es que no es así, ya que numerosas organizaciones informan de sobre los casos de abusos y acoso sexual que gestionan, de forma general. Y el propio Defensor del Estudiante de la UCM relata en sus memorias anuales el contenido de las denuncias que le llegan sobre otros temas académicos, aunque omite las quejas sobre el acoso. Sobre este tema, la Complutense es constante en su política de no ofrecer detalles, siquiera generales sobre estos casos. Hace un año ya informó parcialmente a este periódico sobre el número de denuncias del curso 2023-2024 para un reportaje para un pódcast de Hoy en EL PAÍS, aunque sin especificar cuántos de los acusados eran profesores y cuáles habían sido los resultados de las investigaciones.

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Y, por otro lado, el campus —según su criterio— se habría saltado entonces la mencionada ley de protección de datos al notificar a la prensa la denuncia contra Monedero. En esta línea, para la elaboración de este artículo y ante las publicaciones de algunos medios donde alumnos y profesores afirman que se quejaron oficialmente en el pasado ante las conductas del fundador de Podemos, la universidad ha respondido a EL PAÍS que “en la Unidad de Igualdad no se presentó ninguna queja desde que está este equipo de gobierno”, y concluye: “En 2016 desconocemos si se presentaron quejas, pero no consta documentalmente. No hay registro de esos hechos en la Unidad de Igualdad”.

Finalmente, el lunes 17 por la tarde, cuatro horas después de que este periódico insistiera en su petición, cambió de estrategia y colgó en su web un documento PDF, firmado por la delegada de la Unidad de Igualdad, Isabel Tajahuerce, donde revela que desde 2022 ha tratado 27 denuncias solo de acoso sexual, y que 14 de los acusados son profesores, aunque no da información sobre el resultado de las investigaciones internas.

Este proceder opaco colisiona con las políticas de transparencia que recomiendan las expertas en violencia machista e institucional, como la académica Sara Ahmed. “Cuando una historia se conoce pueden conocerse muchas otras”, dice Ahmed. Del mismo modo lo hace contra la ley de Transparencia y buen gobierno, que señala que “sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan”.

También choca con las directrices que la universidad publicó hace seis años, donde subrayaba: “Se dispondrá anualmente de datos desagregados por sexo y género sobre casos e intervenciones de las diferentes situaciones de acoso. La publicación de estos datos se hará respetando en todo momento el anonimato de las personas implicadas y con la máxima profesionalidad”. El campus debería haber publicado esa información al menos hasta abril de 2022, cuando aprobó una actualización del documento, donde suprimió ese párrafo. Este periódico no ha encontrado rastro de esas publicaciones.

El Gobierno aprobó en marzo de 2024 un real decreto con un protocolo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, donde se integran las universidades públicas, en el que indica que estos remitirán anualmente a la Dirección General de la Función Pública una memoria sobre casos de acoso sexual o por razón de sexo: “Esta relación, debidamente anonimizada, comprenderá los informes de conclusiones que hayan determinado la solicitud de apertura de un procedimiento disciplinario por la posible existencia de acoso sexual o acoso por razón de sexo; los que hayan acordado la solicitud de un procedimiento disciplinario por la posible existencia de alguna otra falta disciplinaria y aquellos que hayan determinado que no existe ninguna conducta infractora, así como cuantos otros datos sobre esta materia se soliciten por la Comisión Técnica de Igualdad”.

La opacidad es una de las conclusiones que la politóloga y doctora en estudios de género Paula Martín Peláez extrajo en su tesis El acoso sexual, sexista y LGTBIQfóbico en la Universidad Complutense de Madrid. En ella, presentada en mayo del año pasado, Marín Peláez entrevistó a 28 víctimas y testigos de acoso en el ámbito universitario (acoso sexual, agresión sexual, hostigamiento, bifobia, lesbofobia, transfobia, violencia de género...). La mayoría de los acusados son profesores (13, dos de ellos personal docente e investigador), a los que le siguen un trabajador administrativo o servicios, un sacerdote y un guardia de seguridad.

Solo 11 acudieron a la Unidad de Igualdad, y en la mayoría de esas ocasiones el caso no prosperó o no se informó a los denunciantes de los resultados. “En los casos en los que se activó algún canal institucional, en la mayoría de ellos, no hubo respuesta por parte de la universidad, lo que apunta a la inacción por parte de la Complutense ante los casos de acoso”, señala la politóloga en su análisis de las entrevistas. Tras presentar la tesis, la Complutense no llamó a la doctora para pedirle información tanto por las víctimas que denunciaron y no fueron atendidas como por las que no lo hicieron. La UCM afirmó primero a este periódico que se trata de “la tesis de una persona, basada solo en su opinión”, pero dos horas después se desdijo de esas declaraciones y respondió con “una postura oficial”: “Es importante señalar que los datos en ella recogidos son anónimos, por lo que la universidad no tiene acceso a la identidad de las personas referidas. En consecuencia, no es posible iniciar ninguna actuación sin una denuncia formal”.

Por otro lado, la experta, que también fundó el Punto Violeta de Somosaguas, relata que la universidad dispone de otras herramientas para investigar los casos de acoso, como abrir un procedimiento de información reservada. “La universidad tiene esos mecanismos, porque son los mismos que facilita el procedimiento administrativo. Lo que pasa es que no interesa sacarlo. Ante casos donde había rumores, la universidad puede abrir un procedimiento de información reservada para esclarecer los hechos sin necesidad de que haya una denuncia”, dice la doctora, que, no obstante, recuerda que si se abre este proceso al final una víctima debe ratificarlo: “No pueden saltarse a la víctima. Hace falta que haya una víctima que lo diga”. La universidad no quiere informar de este dato.

Martín Peláez también recuerda que no todas las víctimas acuden a la Unidad de Igualdad a relatar su caso, la mayoría de las veces no denuncian “por la falta de confianza institucional”. No obstante, añade que, las personas, que logran denunciar también lo hacen ante la Comisión de Calidad de cada facultad, al Defensor del Estudiante o directamente a los diferentes claustros. “La mayoría de las veces quedan en nada”, dice la politóloga. Cuando se le pregunta insistentemente a la UCM por los registros de denuncias o quejas en los organismos diferentes a la Unidad de Igualdad, esta solo responde: “Lo tendrán entonces en el portal de transparencia. Que son los encargados de esa información”.