Dos migrantes ausentes y un patrón bajo sospecha

Los troncos y las hojas de los 67 millones de árboles que pueblan el mar de olivos de Jaén muestran estos días un aspecto robusto y vigoroso. Nada que ver con la imagen enclenque y sedienta de las dos últimas campañas. Las generosas lluvias de las últimas semanas han cambiado el estado de ánimo de una provincia que ostenta el liderazgo oleícola internacional. La felicidad por las bondades del agua se percibe en los rostros de los jiennenses. En Villacarrillo (10.320 habitantes), el municipio que presume de tener la hegemonía olivarera, tampoco es diferente, aunque sí que hay un elemento que ensombrece el júbilo que vive el sector oleícola. “Si lo ha hecho que lo pague, pero que se acabe ya esta pesadilla, se está manchando la imagen de este pueblo y de todos los vecinos”, señala José (no quiere identificarse), que regenta una frutería en el mercado de abastos del pueblo.

En la planta superior de ese inmueble se encuentra el Juzgado de Instrucción del que el pasado jueves salió rumbo a prisión Ginés Vicente López, el empresario de 53 años considerado el principal sospechoso de la desaparición de uno de sus empleados en la recolección de la aceituna, Ibrahima Diouf, un jornalero senegalés de 31 años. Ambos habían discutido horas antes tras la negativa del temporero a trabajar en el campo por la persistente lluvia que caía. A Diouf se le vio por última vez el 5 de enero de 2021 arrastrando una maleta roja camino de la casa de su patrón. Iba a pedirle que le pagara lo que le debía porque se iba a volver a Huelva, donde le esperaban otros compatriotas suyos para trabajar en la campaña de los frutos rojos.

El juez de Villacarrillo imputa al empresario los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas por la desaparición de Diouf. Se trata de un importante giro judicial en un caso para el que hay que remontarse a 2013. El 17 de diciembre de aquel año, también en plena campaña de recogida de la aceituna, desapareció Tidiany Coulibaly, un temporero de Malí de 22 años que también era empleado de Ginés Vicente. Coulibaly y otros inmigrantes de la cuadrilla tuvieron una discusión con el patrón. Le recriminaron que les pagara 20 euros el jornal, cuando el convenio del campo de ese año lo estipulaba en 50,37 euros. En 2016, la Audiencia de Jaén condenó al patrón a dos años y medio de cárcel por los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Administración de Justicia, pero no llegó a entrar en prisión al recibir la suspensión condicional por no superar cada uno de los delitos la pena de dos años y carecer de antecedentes penales.

El patrón jiennense fue condenado, por tanto, por explotación laboral, pero no por la “desaparición forzosa” de Coulibaly, que fue la tipificación penal que empleó Javier Pulido, el letrado que ejerció la acusación particular en representación de la familia del temporero de Malí. “Si aparecen restos biológicos de Tidiany vamos a pedir que se abra un nuevo procedimiento contra el empresario ahora encarcelado”, indica Pulido después de que el juez de Villacarrillo impute ahora al patrón de homicidio por la desaparición del senegalés Diouf. Es una novedad jurídica relevante porque hasta ahora se investigaban dos desapariciones forzosas, pero ahora también se investiga un homicidio. Los propios agentes de la Guardia Civil que han participado en la investigación sostienen que no estaban buscando a dos desaparecidos, sino a dos cadáveres.

A Diouf se le ha buscado en los últimos años por tierra, mar y aire. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han realizado, sin éxito, numerosos registros en viviendas y propiedades del patrón agrícola y de su familia; un escuadrón de caballería y del servicio cinológico (con la participación de Elton, el perro que se hizo famoso por hallar el cadáver de Diana Quer) han escudriñado todas las fincas de olivares; helicópteros y drones han sobrevolado las zonas de más difícil acceso, y los buzos se han sumergido en varios pozos particulares y en el río Guadalquivir a su paso por Mogón.

“Es un hombre muy reservado, solitario y poco dado a charlar con los vecinos”, explica Antonio, nombre ficticio por temor a represalias de un octogenario que vive cerca de la casa de la madre del empresario, una vivienda donde fue localizada una pistola en uno de los registros llevados a cabo y que motivó la detención de la esposa de Ginés Vicente, puesta en libertad poco después acusada de tenencia ilícita de armas.

Ese carácter huraño y frío del empresario agrícola (que tras estar unos años como militar se hizo olivarero acogiéndose a las ayudas para jóvenes agricultores) es también lo que más está llamando la atención de los investigadores de la UCO, que nunca han contado con la colaboración del acusado en las tareas de búsqueda. La pistola hallada en la casa de la madre es uno de los indicios que ha llevado ahora a la imputación de Ginés Vicente López, que también se negó a declarar ante el juez. Su abogado defensor, Leopoldo Rubiales, ha mostrado su intención de recurrir el encarcelamiento al considerar que el mismo se ha basado solamente en indicios “pero sin ninguna prueba directa”.

En el juicio de 2016 la principal prueba presentada contra el empresario por la desaparición de Coulibaly fueron las orejeras del temporero de Malí que fueron halladas por los agentes, con la ayuda de los perros, en la finca La Moratilla. Aunque la acusación la presentó como indicio por los restos de ADN del acusado encontrados en esa prenda, la justicia la desestimó y, en cambio, sí atendió el argumento de la defensa de que el empresario no había estado en ese lugar.

El sacerdote Jesús Castro, delegado de Migraciones de la diócesis de Jaén, recuerda “el sentimiento de soledad y de frustración” que encontró entre los familiares y amigos de Coulibaly cuando contactó con ellos en Villacarrillo. “Fueron menores que llegaron a España, muchos de ellos en pateras, para ganarse la vida, que luego fueron silenciados y encima vieron que no se hizo justicia”, apunta Castro, que fue quien se encargó de buscarles al menos un abogado.

La tranquilidad reina estos días en Villacarrillo tras la entrada en prisión del acusado del homicidio de Diouf. Nada comparable con lo que se vivió el 6 de enero de 2014 tras la desaparición de Coulibaly. Varias decenas de migrantes temporeros se manifestaron en el pueblo para pedir que continuara la búsqueda de su compañero en las tareas de recolección de la aceituna, una protesta que concluyó con disturbios, cargas policiales y daños en el mobiliario urbano. Pocos días después los vecinos de Villacarrillo llevaron a cabo una concentración de repulsa por las protestas de los migrantes.

“La explotación laboral debe desaparecer”

La desaparición de los dos temporeros africanos que trabajaban en la campaña de aceituna ha abierto el debate sobre las condiciones de trabajo que soportan las personas migrantes en el sector primario. “Esto hay que verlo como un caso aislado. La inmensa mayoría de los empresarios acoge correctamente a los temporeros”, afirma Francisco Miralles, alcalde de Villacarrillo por el PP. Jaén fue una provincia pionera en el modelo de albergues para la acogida de estas personas que van alternando distintas campañas agrícolas a lo largo del país, aunque esta circunstancia no impide que en cada campaña agrícola se repitan las escenas de temporeros durmiendo en las calles.

“La explotación laboral debe desaparecer de este tipo de trabajos, es una pena ver a personas inmigrantes durmiendo en la calle para obtener un empleo. Hay que darles un alojamiento digno y un trabajo con una retribución justa”, reflexiona Cristóbal Fábregas, fiscal de Extranjería de la Audiencia Provincial de Jaén. A su juicio, es necesaria una mayor implicación de la Inspección de Trabajo en el control de los alojamientos y los salarios que perciben los temporeros agrícolas. Pero el delegado de Migraciones de la diócesis de Jaén va más allá al advertir sobre las trabas que se ponen a estas personas desde las políticas migratorias de la UE y de España, y también sobre “la escalada de xenofobia hacia el inmigrante” propulsada por los grupos políticos más ultras de extrema derecha.

La historia de Coulibaly y de Diouf ha llegado también al cine de la mano del documental Jornaleros: el mal patrón, de la productora andaluza EntreFronteras. Se trata de una cinta que, con un formato de true crime social, se sumerge, además de en estos dos casos sin resolver, en la explotación laboral en la que vivían sus víctimas. “Este documental rompe estereotipos en un momento en el que parece que se extiende un interés por relacionar a la inmigración con la inseguridad. Aquí vemos una realidad muy distinta: la inseguridad y las condiciones en las que viven en España personas sin las que los productos básicos no nos llegarían a la mesa. Sin ellas no nos llegaría a la mesa el aceite que le ponemos a la tostada cada mañana. Son personas claves para el futuro de la agricultura en nuestro país”, sostiene Sergio Rodrigo Ruiz, el director de este trabajo que esta semana ha llegado hasta el Festival de Cine de Málaga.