El Gobierno suma partidas de otros ministerios para acelerar el aumento del gasto en defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves en Bruselas, tras la cumbre extraordinaria de la UE dedicada a la guerra de Ucrania y el rearme de Europa, que España acelerará su senda crecimiento del gasto militar para llegar al 2% del PIB (producto interior bruto) incluso antes de 2029. Ese era el compromiso asumido hasta ahora y suponía elevar la inversión en defensa hasta los 36.560 millones en un lustro.

Lo que no se conoce aún es de qué base se parte y, en consecuencia, cuál será el esfuerzo necesario para alcanzar esa meta, que ahora se ha anticipado a una fecha sin determinar. El Gobierno español aún no ha comunicado a la OTAN qué proporción del PIB dedicó al gasto militar en 2024. Las previsiones de la OTAN apuntaban al 1,28%, lo que situaba a España en el farolillo rojo entre los 32 países aliados, pero fuentes gubernamentales aseguran que el porcentaje definitivo será superior, a pesar de que el año pasado no se aprobaron nuevos presupuestos y hubo que prorrogar los de 2023. El Ministerio de Defensa contaba con acercarse al 1,40%, pero el hecho de que el PIB español fuera el que más creció en 2024 entre las grandes economías europeas (3,2%) lo habría hecho imposible.

Para empujar su crecimiento, el Gobierno no solo engordó a lo largo del año pasado con sucesivas ampliaciones el presupuesto de Defensa en 2.633 millones, desde un crédito inicial de 12.827 millones hasta el definitivo de 15.460, a los que hay que sumar los gastos de otros organismos, como el servicio secreto CNI. El Ejecutivo ha hecho también una tarea de identificación de partidas relacionadas con la defensa que no figuran en el presupuesto de dicho departamento y las ha incluido en la cuenta del gasto militar.

Un ejercicio similar se hizo hace pocos años, cuando se sumaron las pensiones que la Seguridad Social paga a los militares retirados, por importe de unos 4.000 millones. Tradicionalmente, Defensa no las contabilizaba, pero decidió incluirlas en los datos que facilita a la OTAN al comprobar que otros países sí lo hacen, lo que explica que la Alianza atribuya a España un gasto militar de 19.723 millones, muy superior al presupuesto que gestiona Margarita Robles.

Aunque de menor cuantía, hay partidas en otros departamentos que también se pueden sumar. Por ejemplo, los créditos del Ministerio de Industria para financiar programas militares (1.600 millones), las contribuciones del Ministerio de Exteriores a organismos internacionales de defensa (236 millones), las pensiones del personal civil que ha trabajado en departamentos militares o el presupuesto de la Guardia Civil, que asciende a 3.762 millones. La atribución del gasto del instituto armado tiene matices. Hasta ahora, España solo contaba a los guardias civiles y policías desplegados en las misiones militares en el exterior, pero la “definición común de gasto de defensa”, aprobada por la OTAN en 2023, permite contabilizar “las tropas del Ministerio del Interior” en la medida en que “estén entrenadas en tácticas militares, equipadas como una fuerza militar, puedan operar bajo autoridad militar directa en operaciones y puedan, de manera realista, ser desplegadas fuera del territorio nacional en apoyo a una fuerza militar”. También acepta la OTAN que se incluyan “las actividades mixtas civiles y militares, cuando el componente militar puede contabilizarse específicamente” o la asistencia militar a un tercer país, como los 1.000 millones donados a Ucrania el año pasado.

Todas estas partidas podrían haber sido contabilizadas hace tiempo pero, por razones políticas, el interés parecía estar en minimizar el gasto militar, mientras que ahora sucede lo contrario. El Gobierno aboga por ampliar el concepto de seguridad y defensa, para que no se considere solo el gasto estrictamente militar, sino también la defensa frente a las amenazas híbridas; desde el terrorismo yihadista a los ciberataques, pasando por la desinformación o las mafias de la inmigración irregular. “Si todos estos factores han sido incorporados como amenazas a la doctrina de la OTAN, ¿por qué luego solo se tienen en cuenta las divisiones de carros de combate?”, se pregunta un experto.

El concepto de gasto en defensa es tan elástico que el SIPRI de Estocolmo o el Centre Delàs de Barcelona le atribuyen a España el 1,53% del PIB (2022) y el 2,17% (2023), respectivamente; mientras que un reciente estudio de Jesús de Salvador, interventor y doctor por la Universidad Católica de Valencia, lo sitúa en el 1,91% en 2023, lo que supondría casi cumplir el compromiso con la OTAN.

Fondos europeos

Más allá de ajustes contables, lo que nadie duda es que España tendrá que hacer un enorme esfuerzo para aumentar la inversión militar. En Bruselas, Sánchez subrayó que, aunque hay que “aportar más desde el presupuesto nacional, si la seguridad y la defensa son un bien público europeo, que lo son, se necesita crear instrumentos mancomunados para financiarlo”. No basta, por tanto, con flexibilizar las reglas fiscales de la UE para que el gasto en defensa no cuente como déficit excesivo ni pueda dar lugar a sanciones.

El Gobierno español aplaude el plan anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que 150.000 de los 800.000 millones de euros que Europa planea invertir en defensa se financien con créditos mancomunados, con aval de la UE, pero reclama que no solo haya préstamos, incluidos los del Banco Europeo de Inversiones (BEI), sino también transferencias a fondo perdido, como sucedió con los fondos de recuperación tras la pandemia de los que el Ministerio de Defensa recibió el año pasado más de 500 millones. Es en este contexto en el que Sánchez inscribió su nuevo compromiso. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo por anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes [para llegar al 2%], que era el año 2029″, dijo.

El presidente ha anunciado que realizará el jueves una ronda para abordar el aumento del gasto militar y la guerra de Ucrania con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, excepto Vox. En realidad, el líder del partido ultra, Santiago Abascal, tampoco habría acudido a la cita. “No vamos a sentarnos con un tramposo que dijo que prescindiría del Ministerio de Defensa”, ha declarado a Servimedia.

El problema para el Gobierno es que el PP está dispuesto a apoyar el aumento de los fondos de defensa, pero no los presupuestos, mientras que algunos de los socios con los que pretende aprobar los presupuestos no quieren ni oír hablar de que crezca el gasto militar. Tanto la patronal de la industria de defensa como los mandos de los ejércitos abogan por aprobar una ley de financiación de la defensa, de carácter plurianual, que blinde el gasto militar y garantice el cumplimiento del objetivo del 2% más allá de vaivenes políticos. Pero el Gobierno tropieza aquí con el mismo obstáculo: para aprobar una ley de este tipo tendría el apoyo del PP pero no el de algunos de sus socios. Y la norma quedaría en papel mojado si luego no se plasma en los presupuestos de cada año. Hasta 1998, España tuvo una ley de dotaciones presupuestarias de las Fuerzas Armadas, pero se acabó derogando por incumplimiento reiterado.