La Mesa del Congreso tramita las iniciativas sobre el SMI y el Gobierno tiene un mes para negociar

Después de una semana de rifirrafe en el Gobierno, la Mesa del Congreso ha dado luz verde este martes a las tres propuestas para corregir a Hacienda y garantizar que el salario mínimo queda exento de tributar el IRPF. La mera calificación de las proposiciones de ley de PP, Sumar y Podemos —distintas entre sí pero con el mismo obetivo— era el trámite esperado, pero pone el contador en marcha y da al Gobierno 30 días hábiles de plazo para decidir si veta o no las iniciativas. El Ejecutivo tiene la potestad de bloquearlas por motivos presupuestarios, pero la última palabra es de la Mesa, donde los populares y el grupo de Yolanda Díaz amagan con unir sus votos para dejar sin efecto la decisión de los socialistas. Aunque los tonos entre socios se han modulado en los últimos días después del choque sin precedentes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobaba la subida del SMI a los 1.184 euros, la diferencia de fondo se mantiene y la crisis parece enquistarse. Nadie se mueve. Sumar pide que el salario mínimo no tribute y advierte de que está dispuesta a llegar “hasta el final”. Hacienda afirma que ha tomado la decisión y el ministerio cuenta con el respaldo de La Moncloa.

Día tras día, los argumentos se repiten. Si a primera hora era el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, el que insistía en RNE en que el departamento de María Jesús Montero “ha perdido el debate” y que no cederán porque la pelea es “socialmente justa”, la diputada Verónica Barbero se mostraba igual de beligerante después. “Sabemos que el Ministerio de Hacienda tiene un mes, pero también sabemos que las personas que cobran el SMI no pueden esperar, por eso queremos un acuerdo mejor hoy que mañana (...) no se puede exigir a los que cobran menos lo que no le pedimos a los que ganan más”, defendía.

Minutos antes, en la misma sala de prensa, el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, reclamaba a Sumar “más pedagogía y menos demagogia”. La respuesta no se hacía esperar. “La pedagogía fiscal del PSOE se traduce en que un especulador que gana 1.184 euros por cada piso que alquila pague menos impuestos que un trabajador que cobra el SMI. Esto supone que cajeras, reponedoras, jornaleras o cuidadoras tributen más que especuladores inmobiliarios. Esto ni es pedagogía ni es justicia fiscal” , contestaba Barbero.

Para Sumar se trata de una “cuestión política central” y tanto la portavoz como Urtasun han advertido de que llegarán hasta el final, aunque en la última semana han querido dejar claro que en ningún caso negocian con el PP y que esperan que la discrepancia se resuelva en el seno del Gobierno. “No es una amenaza”, afirmó Barbero. Este lunes, incluso Díaz y Montero escenificaron una rebaja de la tensión y se abrazaron en un acto por la tarde. “La quiero muchísimo”, llegó a decir la titular de Trabajo. Pero no se trata de una diferencia personal, sino política.

El sector socialista del Gobierno no quiere cargar más contra Sumar, para ver si la polémica pierde fuerza y se apaga el foco mediático sobre esta crisis, pero la realidad es que los mensajes que salen de La Moncloa son muy claros: no hay ningún atisbo de marcha atrás y Hacienda, con el apoyo de Presidencia, parece dispuesta a seguir hasta el final con su idea de que el SMI pague IRPF por primera vez. La ministra portavoz, Pilar Alegría, no quiso avanzar si Hacienda vetará las iniciativas del PP y Sumar registradas en el Congreso, pero María Jesús Montero sí apuntó que lo harán y todo indica que será así. Alegría, preguntada en varias ocasiones, evitó la autocrítica por la imagen dada por el Ejecutivo la semana pasada, e insistió en que lo importante, visto desde La Moncloa, es que el Gobierno de coalición ha subido un 61% el SMI.

La portavoz trató de normalizar la discusión, aunque no ofreció ninguna salida ni apuntó a una negociación. “Este Gobierno está conformado por dos partidos políticos, hay debate entre los dos partidos y entre los ministerios. Más allá de eso, para este Gobierno lo importante es el aumento tan extraordinario que ha tenido el SMI, un incremento histórico del 61%. El 80% de los que perciben el salario mínimo quedarán fuera del IRPF, y el 20% pagará un 1,8%, unos 20 euros al mes. Autocrítica siempre hay que hacer y todo es mejorable. Pero la autocrítica muy dura sería si aún estuvieran, como con el PP, cobrando un SMI de 735 euros al mes y no de 1.184 como ahora. Además ese incremento va a ir a más en los próximos años”, remató.

En la práctica, hay todavía casi mes y medio para encontrar una salida, porque la calificación de las propuestas se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el jueves o el viernes y a partir de entonces el Ejecutivo tiene aún 30 días hábiles para decidir qué hace. En Sumar insisten en que hay margen, no conciben que Hacienda no dé marcha atrás y esperan una solución. La corrección vía Congreso, sin precedentes siendo el socio minoritario el que revierte una decisión del PSOE, dejaría una herida profunda en la coalición. Pero todos los grupos de la izquierda y los independentistas apoyarían la medida. Nadie quiere situarse aún en ese escenario.